Tras la decisión del Poder Ejecutivo de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, diferentes asociaciones empresarias rechazaron la determinación del presidente y se manifestaron sobre la crisis institucional que esto provoca.
La Asociación Empresaria Argentina, que nuclea a los principales empresarios del país, consideró como de “extrema gravedad” la intención del Gobierno nacional de no cumplir un fallo de la Corte. “La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional”, advirtieron desde AEA.
“El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables. En democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema”, dijeron desde el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
Además agregaron la necesidad de una nueva ley de coparticipación tal como manda la Reforma Constitucional de 1994.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó que la decisión de Alberto Fernández “trae incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías”.
“Instamos al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus Instituciones”, dijeron en el comunicado.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó que no cumplir una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional.
“El flagrante desconocimiento del fallo dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno”, sostuvieron los miembros de la cámara.
Desde el Foro de Convergencia Empresarial ahondaron en la crisis institucional y que Alberto Fernández debe dar el ejemplo. “Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social”.
Finalmente la Mesa de Producción de Córdoba pidió al Gobierno “no poner en riesgo el sistema republicano”. Según el comunicado, las entidades empresarias que representan la actividad privada de la provincia, “consideramos de una extrema gravedad institucional que el Poder Ejecutivo Nacional pretenda no cumplir un fallo judicial. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia no puede ser desoída. Debe acatarse”, expresaron.
“La ruptura institucional que supondría un desacato transforma a nuestro país en una nación absolutamente inviable. De ser así, nadie estará seguro frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. En un momento en el que se necesita confianza, la pérdida de la seguridad jurídica y de credibilidad que esto significa suprime cualquier posibilidad de salida de la tremenda crisis que vivimos desde hace años”, agregaron.
