Aunque la semana pasada amagó con liderar un inédito alzamiento contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN), el presidente Alberto Fernández ahora salió a aclarar que acatará el fallo que le ordenó devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas coparticipables que su gobierno le quitó en 2020.
El Jefe de Estado informó el lunes que cumplirá con la medida cautelar que fijó CSJN hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo en la demanda que impulsó la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Fernández anunció que utilizará bonos para cubrir la cuota que la Corte estableció pagarle a la Ciudad (equivalente al 2,95% de la masa de fondos coparticipables), “a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
“Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”, dijo a través de sus redes sociales.
El Presidente pareció así dar marcha atrás con el inédito alzamiento contra el Poder Judicial por el que no sólo recibió duras críticas y denuncias de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JpC) sino también cuestionamientos de constitucionalistas y hasta de sectores empresarios.
Fernández reiteró que la definición de la Corte es de “imposible cumplimiento” y aseguró que recurrió al “único remedio posible y razonable” ante “una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente”.
Sin embargo, ratificó que promoverá un recurso de revocatoria “in extremis” para que se revise la medida cautelar dispuesta y que recusará a los ministros del máximo tribunal “porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.
En esta oportunidad, se llamaron a silencio los gobernadores peronistas que días atrás escoltaron al gobierno nacional en la cruzada contra la CSJN. En JpC hubo quienes celebraron, pero Rodríguez Larreta insistió con sus quejas y planteos judiciales.
Fallo de la corte: Larreta rechazó el pago con títulos públicos
En el gobierno porteño rechazaron el pago con bonos porque, alegaron, esos fondos coparticipables “no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”. En rigor, la medida cautelar sólo indicó que la Nación debía realizar “transferencias en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.
Respecto a esta cuestión, el presidente Fernández indicó que “dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar” y remarcó que esos títulos consignados (TX31) “ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe”.
“Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, completó el Jefe de Estado.
No conforme, Rodríguez Larreta volvió a denunciar que la Casa Rosada no cumplió con la definición judicial y presentó un escrito ante la Corte para que “se arbitren los medios necesarios” y se garantice el cumplimiento de lo dispuesto.
Además, el mandatario porteño y aspirante presidencial del PRO instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.
Fallo de la corte: el conflicto avanzará en la Justicia
La diputada nacional por el Pro y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal plasmó la reacción del larretismo con un mensaje directo al Presidente: “Pague como ordenó la Corte Suprema, no con bonos. Deje de hacer trampa. Eso es justicia”, reclamó.
En tanto, la titular del PRO Patricia Bullrich volvió a exponer los matices con sus socios macristas que caracterizan la carrera hacia el 2023 y salió a celebrar. “¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”.
El volantazo del gobierno nacional también hizo que los diputados radicales liderados por el cordobés Mario Negri dejen sin efecto el pedido de juicio político que iban a promover contra el Presidente.
“Hay un primer paso importante. No tenía opción el Presidente de desobedecer a la Corte porque eso implicaba un grave desconocimiento del Estado de derecho. Ahora, el cumplimiento irregular del fallo también implica un desconocimiento, me parece que tiene que haber un diálogo y sentarse Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ver cómo se regularizan estos pagos”, evaluó Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes y uno de los referentes de mayor peso dentro del radicalismo, en declaraciones a Radio Con Vos.
Por lo pronto, el conflicto avanzará en la Justicia, donde la Corte debe pronunciarse ante la demanda que promovió la Ciudad y con la que esperan recuperar los alrededor de 250.000 millones de pesos perdidos desde 2020, cuando el gobierno nacional le quitó recursos para destinarlos al financiamiento de la Policía bonaerense.
