La compleja causa por defraudación por administración fraudulenta en la cooperativa de Quilino podría llegar a su fin si la Cámara Octava en lo Criminal convalida la suspensión del juicio propuesta por los exdirectivos de la entidad, previo pago de una cifra que debería ser millonaria.
La probation fue solicitada por los imputados y convalidada por el Ministerio Público Fiscal, por lo que sólo resta el visto bueno de los jueces. Si ello ocurre, años de investigación irán a los anaqueles y no se sabrá realmente si hubo o no responsables en la usina de facturas truchas que se habría montado en la cooperativa de Quilino para justificar el desvío de fondos de esa entidad, como sostuvo la acusación promovida por la fiscal Fabiana Pochettino, secretaría de Analía Gallaratto, en 2018.
En el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el fiscal de Cámara Marcelo Sicardi, quien subroga a Mercedes Balestrini –abocada a la causa por las muertes en el Neonatal–, no se opuso a la suspensión del juicio a prueba solicitada por los imputados.
Resta que el acuerdo llegue a la Cámara Octava en lo Criminal para discutir la viabilidad de la probation y cuánto dinero deben ofrecer los imputados para la “reparación” del perjuicio causado a la cooperativa.
No hay un monto oficial de cuánto dinero representa la presunta estafa a la cooperativa. Una fuente del Poder Judicial, sin embargo, estimó el monto (actualizado) en más de 600 millones de pesos. En dólares, el monto podría llegar a los 850 millones de pesos.
Para que el acuerdo prospere y el juicio se suspenda es determinante la opinión de Pedro Ñañez, el interventor de la cooperativa de Quilino, responsable de defender los intereses de la entidad intervenida por la Justicia provincial. El asesor letrado de la intervención es Raúl Pérez, un dirigente del peronismo de esa localidad. Pérez fue el estratega para que Carolina Juncos Solohaga sea la presidenta del PJ en Ischilín.
La acusación
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, “violando el deber de fidelidad” para con la cooperativa “y con el fin de procurar un beneficio económico”, los exdirectivos de la entidad habrían desplegado “el ardid consistente en la utilización de facturas apócrifas, a fin de justificar contablemente el egreso y sustracción de sumas de dinero de la cooperativa, simulando el pago de deudas a proveedores inexistentes o existente, pero que no prestaban ningún tipo de servicio”.
Para esta maniobra, “habrían confeccionado (de manera trucha) las correspondientes órdenes de pago” por un monto sideral, según surge del listado detectado en la investigación: son casi 100 fojas en las que se detalla cada una de las facturas y órdenes de pago presuntamente apócrifas.
Hay siete imputados. Los más conocidos son Roque Rivero, expresidente de la cooperativa de Quilino; Cecilia Carrizo, gerenta de la entidad y hermana de la diputada nacional Soledad Carrizo; Oscar Martínez, exvicepresidente de la entidad; el empleado jerárquico de la cooperativa Marcos Delgado y José Figueroa, exsecretario y expresidente de la cooperativa. Es una estructura vinculada directamente al radicalismo, al punto que Cecilia Carrizo integra actualmente la mesa ejecutiva del Congreso Provincial de la UCR.
De acuerdo con la acusación, las maniobras de desfalco habrían ocurrido entre abril de 2013 y marzo de 2016.
El único imputado que declaró en la causa fue Rivero, quien aportó como prueba el decreto por el cual se lo nombró secretario de Gobierno de la Municipalidad de Quilino desde el 16 de diciembre de 2013. Es la prueba que tiene para despegarse de la maniobra. También expresó que era asesor de Soledad Carrizo, por entonces la intendenta de la localidad.
Testigos
En la elevación a juicio, la Fiscalía aporta 45 testimonios. El grueso corresponde a comerciantes y empresarios que niegan haber factura a la cooperativa los montos consignados en los libros contables de la entidad. Los testigos exponen que las facturas no corresponden con el método de facturación de sus respectivas empresas (por ejemplo, los comercios utilizaban facturas electrónicas y la salida de dinero se habría justificado con facturas manuales) o bien no proveían el producto o servicio consignado en la orden de pago.
Además, otros supuestos negocios proveedores de la cooperativa de Quilino en esa época no fueron encontrados por los investigadores de la Justicia. Pese a la documentación, los locales comerciales no fueron encontrados por las comisiones policiales que viajaron a Río Tercero, Casilda (Santa Fe) y Rosario. En estos casos, los comercios directamente no habrían existido. Aunque no se puede cuantificar, los recursos públicos destinados a la investigación fueron millonarios.
En 2018, cuando la investigación finalizó y la causa fue elevada a juicio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo: “El ardid utilizado consiste en la utilización de facturas apócrifas o de falsos proveedores, a fin de justificar la expedición de órdenes de pago de la cooperativa (de Quilino) y, en su consecuencia, la emisión de cheques a fin de su supuesto pago, lo cual se verifica con los elementos probatorios (...), en cada una de las empresas sindicadas con sus correspondientes facturación, donde según las declaraciones de los representantes y/o propietarios de los supuestos proveedores, negaron haber realizado algún tipo de operación comercial con la cooperativa presuntamente defraudada”.
Pasó tanto tiempo desde que la investigación fue finalizada que las responsables ya no están en Deán Funes, la jurisdicción donde se inició el expediente. Pochettino es fiscal de Cámara en Cruz del Eje y Gallarato es fiscal y tiene a su cargo la acusación contra Oscar González, por el siniestro vial que protagonizó en el camino de las Altas Cumbres.
