A diferencia de los dichos del Gobierno nacional, las provincias mantuvieron el orden fiscal en 2023 y tuvieron un superávit primario de 0,1% del PBI.
Para justificar la eliminación de todo tipo de transferencias por fuera de la coparticipación federal de impuestos, el Poder Ejecutivo nacional argumentó que los estados subnacionales mostraban finanzas desequilibradas y que debían encarar un ajuste para no tener que seguir pidiéndole auxilio a la Casa Rosada.
Sin embargo, un informe privado puso en duda esa descripción al demostrar que al cierre de 2023 las provincias tenían presupuestos acordes a su relación ingresos/gastos.
El trabajo lo realizó la consultora Politikón Chaco, en base a los datos definitivos publicados por las provincias y el Indec.
En el informe precisó que el conjunto de ellas más la ciudad de Buenos Aires alcanzaron un superávit primario de $ 136.746 millones, equivalente al 0,1% del PBI.
La ecuación cambia cuando se incorpora el pago de los intereses de deuda y el saldo positivo se convierte en un déficit de $ 553.295 millones, equivalentes al 0,3% del PBI.
De todas formas, el desvío del conjunto de las jurisdicciones resulta menor ante el desequilibrio de 5% del PBI que mostraban las cuentas nacionales, que sumado al cuasifiscal (por emisión del BCRA para el pago de las Leliqs) lo elevaba al 15%, según replica habitualmente el propio presidente, Javier Milei.
Ante el supuesto “descalabro fiscal provincial” el Gobierno nacional se basó para cortar de raíz el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los giros para obra pública, y la compensación del fondo para el transporte, entre otros ítems, que eran recursos computados por las provincias para el resultado primario que alcanzaron el año pasado.
Si bien es cierto que en un año electoral hubo excesos en algún tipo de transferencias como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los presupuestos internos se mantuvieron encarrilados.
Pero lo sucedido en 2023 no fue una excepción ya que resultó el sexto año consecutivo con superávit primario, aunque cabe aclarar que fue el más débil del período. Además, el resultado financiero es el primero deficitario desde 2020.
Cuando se realiza el desglose, 16 provincias tuvieron superávit primario y entre ellas se encuentra Córdoba, con un 5,1% del PBI. Esta buena performance provincial se repitió en el saldo financiero que mostró un saldo positivo de 2,4%.
Sólo 11 de las 24 jurisdicciones pudieron repetir primario y financiero en verde.
Las provincias más comprometidas fueron Buenos Aires y San Luis, siendo la jurisdicción puntana la más complicada con rojos de 17% del PBI en ambas mediciones.
Con relación al gasto en personal, uno de las críticas más frecuentes que se le achacan a las provincias, Córdoba también aparece con uno de los mejores indicadores afectando a este punto el 35,5% de las erogaciones totales.
Respecto de la deuda pública, las provincias tampoco parecen haber sido el principal problema financiero dado que el gasto por estos servicios representó el 2,1% del total. En el caso de Córdoba el 2,5% de las erogaciones totales fue destinado al pago de obligaciones de deuda.
En lo que respecta a los recursos, el informe indicó que la recaudación de origen provincial es el 29,8% del total de sus ingresos. Para la provincia de Córdoba, ese porcentaje se reduce a 24,6%.
Con el argumento del despilfarro provincial, Milei desterró las transferencias discrecionales.
Entre enero y mayo las transferencias devengadas (computadas pero no pagadas) cayeron 79,2% contra igual período 2023 en términos reales, mientras que las pagadas retroceden 84,0% real interanual.
Esta diferencia generó una deuda a favor de las provincias superior a los $ 120 mil millones, dinámica que comenzó a revertirse parcialmente en abril y mayo.
En el mes pasado, los giros devengadas cayeron 87% ($ 59.700 millones), mientras que los pagos cayeron 83% ($ 71.331 millones). De esta forma, el Ministerio de Economía Nacional saldó deuda pasada por unos $ 11.631 millones.
Casi el 90% de esos fondos fueron destinados por partes iguales para atender planes educativos y de salud. También hubo un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $ 2.500 millones íntegro para la provincia de Entre Ríos, posiblemente para atender necesidades por las últimas inundaciones.
