Tener un Consenso Fiscal es mejor que no tener nada. Aunque suene loco y disparatado, firmar este lunes era –desde el punto de vista ciudadano– mejor que no firmar.
Dicen las malas lenguas que varios gobernadores amenazaron semanas atrás con denunciar el acuerdo y salirse. Así quedarían liberados de los compromisos que establece el pacto. En buen romance, podrían aumentar los impuestos que quisieran. O que sus votantes les permitieran.
Todos le tienen un hambre voraz a Ingresos Brutos: es un impuesto altamente distorsivo –lo paga en cascada toda la cadena productiva– y se monta casi invisible en el ticket. Es el gran “colado” que nadie ve.
Todos tenemos más o menos claro que el fisco nacional manotea el 21% con el IVA (en pocos casos el 10,5%, y en algunos servicios públicos, el 27%), pero ¿quién sabe con cuánto le grava su gobierno provincial cuando paga el arroz, la leche, un par de zapatillas o pide un préstamo personal?
Ingresos Brutos, un impuesto invisible
Es un impuesto invisible, que no le genera al gobernador de turno ningún costo político, que les representa el 80% de los ingresos propios y que casi se cobra solo: son unos tres mil agentes de retención en la provincia los que explican semejante torta de ingresos.
Fácil de controlarlos, de seguirlos, de no perderles pisada. Cero impopularidad, a diferencia del Inmobiliario: cualquier aumento es repudiado por cientos de miles de contribuyentes, con independencia de su capacidad de pago.
La buena, si es que se puede interpretar como buena, es que el Consenso Fiscal que suscribieron 23 provincias con el Estado nacional es que establece para 2022 topes máximos a las alícuotas de Ingresos Brutos.
Así, al comercio nadie le puede cobrar por encima del 5%; 1,5% a la industria; 6,5% a la telefonía celular; 4,5% a hoteles y restaurantes, y 9% a la intermediación financiera.
Con ningún tope, corren el riesgo de quedarse cortos: 6,5% a la telefonía celular es una locura, al igual que el gravamen sobre la actividad bancaria.
Las provincias pueden morder hasta el 4,5% de la factura de gas, electricidad o agua y se quedan con el 5% (¡5%!) de todo lo que vende el comercio mayorista y minorista.
La cocina del acuerdo
Dicen quienes estuvieron en la cocina del acuerdo que sin esta escala el desmadre hubiera sido mayor. La invisibilidad de este manotazo es la gran tentación de los caciques provinciales.
Hasta ahí, el vaso medio lleno del acuerdo. El vaso medio vacío es que ya la política se hizo trampa dos veces. Repasemos.
El Consenso Fiscal fue una megapropuesta que Mauricio Macri les hizo a los gobernadores en 2017.
Jaqueado con minorías en ambas cámaras, el Consenso fue una especie de plan de gobernabilidad: los gobernadores le aprobaron la nueva reforma de movilidad previsional, se comprometieron a bajar de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos en los siguientes cinco años, y a cambio obtuvieron de todo.
Schiaretti, por caso, fue el que encabezó el reclamo para que Edenor y Edesur pasaran a la órbita de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, lo que significaba que esos distritos tenían que asumir la gestión de la energía y poner plata para subsidiar usuarios y hacer inversiones.
También lograron consolidar juicios pendientes; Buenos Aires recuperó el Fondo del Conurbano sin que las provincias perdieran un peso, y la Nación les dio un bono en pesos para compensarles cualquier eventual pérdida de recursos.
Ahí fue que Córdoba selló a fuego el compromiso de financiar el déficit de su Caja de Jubilaciones. Fue réquete aplaudido, porque las provincias ponían límite a sus déficits, se proclamaban responsables fiscalmente y les bajaban Ganancias a las pymes.
Todo eso duró poco. Las crisis devaluatorias de 2018 y 2019 llevaron a suspender primero la rebaja de Sellos, y luego, la de Ingresos Brutos. Se abortó con Macri la rebaja de retenciones. Alberto Fernández las volvió a subir y hasta se inventó el impuesto a la riqueza.
Así es como llegamos hasta acá: en 2022, ese impuesto maligno debiera estar entre 20 y 70% más abajo de lo que está hoy.
Así la telefonía debería estar en el 5%, y los bancos también. La locación de inmuebles debería estar gravada con el 4% y no con el 5% que tiene ahora.
Herencia
El impuesto a la herencia o al legado es cierto que está incorporado en esta nueva versión, pero los ministros del área aseguran que siempre fue una facultad provincial. Por caso, está vigente en la provincia de Buenos Aires, aunque es marginal su aporte.
Entre Ríos lo tuvo y lo sacó, por irrelevante. Al blanquearse ahora, es una especie de permiso oficial para aquel gobernador muy tentado en aplicarlo.
¿Podría ser peor este acuerdo? Claro que sí. ¿Podría ser mejor? ¡Por supuesto! Pero la verdad es que la dirigencia política otra vez nos hizo trampa: prometieron en 2017 bajar gradualmente los impuestos y no lo hicieron. Se inventaron otros.
El Estado siguió agigantando su déficit y llevó el gasto público a niveles inviables, insostenibles e infinanciables. El Consenso Fiscal es la consagración flagrante de esa trampa. Por más que salgan todos bien en la foto, son tramposos.
