La disputa política en torno al Consejo de la Magistratura pasó al terreno de los tribunales, donde ayer el oficialismo y la oposición cruzaron presentaciones y denuncias.
Los senadores nacionales de Juntos, Luis Juez y Humberto Schiavoni, reclamaron ante la Justicia para sí los cargos de consejeros titular y suplente en la Magistratura contra la designación firmada por Cristina Fernández de Kirchner de los senadores oficialistas, Martín Doñate y Guillermo Snopek.
Además, Juez denunció penalmente a la vicepresidenta. En simultáneo, el jefe del bloque del FDT en diputados pidió a la Justicia que no se apruebe la designación como consejera de la Magistratura de la radical Roxana Reyes, que firmó Sergio Massa. Todo en la misma jornada.
Las disputas se precipitaron a comienzo de semana, cuando la Corte Suprema de Justicia, al finalizar el plazo de 120 días que le había dado al Congreso para dictar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura, ordenó que el organismo que participa de la selección de jueces vuelva a conformarse de acuerdo a una ley de 1997. Esto implicó que Horacio Rosatti, titular de la CSJN, asumiera el lunes como nuevo presidente de la Magistratura. También implicó derogar la ley de 2006 que había impulsado Cristina Kirchner siendo senadora nacional.
Desde el Gobierno nacional, el ministro de Justicia, Martín Soria, calificó de “golpe institucional” al paso dado por la Corte Suprema. No se dijo mucho más. La réplica vino de parte del Senado: el bloque del FDT acordó dividirse en dos y así alteró la composición en la Cámara Alta. Según esta nueva relación de fuerzas en el Senado, uno de los bloques oficialistas pasó a ser segunda minoría, detrás de la UCR y postergando al PRO al tercer lugar. Como “mayoría” quedó el otro bloque del FDT. Bajo este nuevo y sorpresivo reacomodamiento, Cristina Fernández designó a Doñate.
Juez y Schiavoni pidieron a la Justicia federal que declare la “nulidad absoluta” de la designación de Doñate y dijeron que Cristina Kirchner se manejó con un “notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable”. Pidieron que se adopten las “medidas pertinentes” para asumir ellos como consejeros titular y suplente en nombre del bloque del PRO.
Juez avanzó un casillero más: también denunció penalmente a la vicepresidenta de la Nación. El expediente quedó a cargo del juez federal Luis Rodríguez, informaron fuentes de Comodoro Py.
“La conducta resultaría prima facie a todas luces una violación flagrante a sus obligaciones como Presidente del Cuerpo y Funcionaria Pública, poniendo en riesgo instituciones del Estado y la República”, dice Juez en el escrito.
En una movida espejo, Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos (FDT), también fue tribunales, en su caso, para pedir la nulidad de la designación de la diputada del radicalismo Reyes en el Consejo de la Magistratura. Lo curioso es que esta designación fue firmada por Sergio Massa, presidente de la Cámara.
El jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, presentó además una nota ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosatti, “solicitando que se abstenga de tomarle juramento a la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura”. El mismo pedido del PRO respecto al senador Doñate.
“Es ilógico que el bloque con mayor representación parlamentaria (Frente de Todos) tenga un solo diputado en el Consejo de la Magistratura. Y que Juntos por el Cambio tenga dos representantes”, argumentó Martínez.
La impugnación del jefe del bloque del FDT a una designación de Massa fue leída como una movida que “emparda” la presentación de Juez y Schiavoni: “Si la Justicia rechaza la designación del senador Doñate lo mismo deberá hacer con la diputada radical Reyes”, se escuchó en algunos oficialistas.
El martes, Rosatti, ya como presidente de la Magistratura, le tomó juramento a cuatro nuevas consejeras que se suman al organismo, al ampliarse de 13 a 20 integrantes con la reposición de la ley de 1997. Ahora resta tomar juramento a los dos consejeros, uno por el Senado y otro por Diputados, el nudo del reclamo judicial.
En el Congreso sobran las especulaciones sobre la solución política de fondo. Una versión indica que el FDT aceptaría incluir en una nueva ley para la Magistratura a un representante de la Corte pero sin ocupar la presidencia, en una nueva composición de 17 integrantes. Así, el proyecto con media sanción del Senado, debería discutir el eventual cambio en Diputados, y de aprobarse la modificación, el texto volvería a la Cámara Alta para su tratamiento final. Hasta que no haya una nueva ley, el Consejo de la Magistratura funcionará de acuerdo a la ley de 1997 “reinstalada” por la Corte Suprema de Justicia.
