El balance de lo ocurrido esta semana en torno al Consejo de la Magistratura dejó al oficialismo en franca minoría si se sitúa a cada uno de los veinte consejeros en un pelotón de acuerdo a su afinidad política, proximidad ideológica o cercanía alguna con los distintos protagonistas de la política argentina.
De esos protagonistas, unos están hoy en el poder, con la fisonomía del Frente de Todos. Otros forman la principal oposición política, Juntos por el Cambio, en cuyo interior comenzó también la carrera interna por los liderazgos para las elecciones presidenciales de 2023.
Todo sobre el Consejo de la Magistratura
En ese contexto, la Magistratura ha sido en las últimas semanas el terreno de disputa de la política electoralista en la que imperan dos grandes bloques y cuyos líderes tienen para el año próximo el objetivo de seguir conduciendo o volver a conducir, respectivamente, los destinos del país.
El horizonte, no obstante, es corto. Los mandatos de los consejeros son de cuatro años y los actuales asumieron en 2018.
Por eso, en noviembre caducarán todos los cargos y habrá que barajar y dar de nuevo.
Ahí, la correlación de fuerzas puede modificarse nuevamente, principalmente por la orientación política de aquellos que son elegidos por votación de sus representados (como los abogados, jueces y académicos).
El fallo que no se acató
En el medio de la convulsión política hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que debe cumplirse y un Congreso que hizo caso omiso a lo ordenado en 120 días de plazo, preso de su propia incapacidad para funcionar debido a la obstinada y ya permanente tensión política.
Como órgano multisectorial, encargado de administrar el Poder Judicial, seleccionar candidatos para los tribunales, controlar y sancionar a los jueces, el Consejo de la Magistratura no es inerte al convulsionado escenario político.
Ahora, en el Consejo dan por descontado que la semana que viene asumirán la diputada radical Roxana Reyes y del senador del Frente de Todos, Martín Doñate, designados por Sergio Massa y Cristina Kirchner, respectivamente.
Si bien hay presentaciones judiciales para intentar evitar que asuma Doñate por el conflicto que se suscitó a partir de la estrategia política de Cristina partiendo el bloque oficialista, en el Consejo indican que hay jurisprudencia que legitima la maniobra.
El poder repartido
Ahora, ¿cómo quedó conformado el Consejo de la Magistratura con sus veinte miembros? El poder está repartido, con más peso opositor, pero sin que exista una mayoría automática que determine una orientación definida para las decisiones que se tomen.
A partir de la nueva integración, el Consejo funciona con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como titular. El abogado santafesino fue nominado en el máximo tribunal en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri y luego recibió con el apoyo del 80% del Senado.
Para que se designe el resto de las autoridades hay que esperar que juren Reyes y Doñate. Quien quiere seguir como vicepresidente del cuerpo es el abogado cordobés Carlos Matterson, representante de los abogados con matricula federal en el interior del país.
Matterson tiene buena relación con Rosatti. Y piensa que el fallo de la Corte puede gustar o no, pero hay que cumplirlo. Desde su punto de vista, la ley 24.937 nunca fue derogada sino reformada y por ello, la Corte falló de forma correcta.
Jimena de la Torre (ocupó distintos cargos en la gestión nacional de Mauricio Macri) y Fernanda Vázquez (quien no se reconoce como kirchnerista, pero es supercrítica del macrismo) también representan a los abogados del interior y Diego Marías, del PRO, a los de la Capital Federal.
A los jueces los representan Juan Manuel Culotta (opositor al gobierno, pero sin conexiones estrechas con el macrismo); Alberto Lugones (de buena relación con el Gobierno); Ricardo Recondo (cercano a Juntos por el Cambio); Agustina Díaz Cordero (cercana al ex ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano).
Gerónimo Ustarroz representa al Poder Ejecutivo, pero responde más a Cristina Kirchner que al presidente Alberto Fernández. Es primo y hermano de crianza del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro.
Diego Molea representa al sector académico, dado que es rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Militó en las filas del Frente Renovador de Massa pero hoy tiene estrecha relación con el kirchnerismo.
La segunda representante de los académicos es Pamela Tolosa, de la Universidad Nacional del Sur. No tiene una identificación política directa. Solo admite que mantiene buena relación con Molea.
A la Cámara de Diputados la representan Graciela Camaño (Interbloque Federal); Vanesa Siley (La Cámpora); Pablo Tonelli (PRO). A este grupo se sumaría Roxana Reyes, radical de Santa Cruz y abiertamente enfrentada al kirchnerismo.
Al Senado lo representan Mariano Recalde (La Cámpora); Silvia Giacoppo (UCR); María Inés Pilatti de Vergara (kirchnerismo). A ellos se sumaría –si la Justicia no dice lo contrario- el senador rionegrino Doñate (La Cámpora).
Así, entre los veinte miembros hay once que son críticos del Gobierno y que no responderían bajo ninguna circunstancia a Cristina Kirchner. Entre los nueve restantes hay siete que sí juegan a favor del kirchnerismo y dos (Vázquez y Lugones) que son muy críticos del Juntos por el Cambio pero no responden a la vicepresidenta.
