El Congreso se prepara para debatir un tema que divide aguas entre oficialismo y oposición: el cambio en la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y remover jueces. El debate podría darse en sesiones extraordinarias y ahora se sumó un nuevo proyecto de ley al del Poder Ejecutivo, impulsado por el jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri.
En el fallo donde declaró la inconstitucionalidad de la composición actual, la Corte Suprema de Justicia concedió un plazo de 120 días (que se cumplen el 15 de abril) para que el Parlamento sancione una nueva ley. De lo contrario, el Consejo deberá volver a la integración previa a la reforma de 2006. Es decir, pasar de 13 a 20 miembros, bajo la presidencia del titular del máximo tribunal.
Con la urgencia impuesta por la Corte, la discusión parlamentaria podría darse en el verano. Fuentes oficiales señalaron a este medio que la intención es que el Congreso retome la actividad a partir del lunes 24 de enero. La última vez que sesionó ese mes fue en 2020, previo a la pandemia. Antes lo había hecho en 2002, después del estallido de diciembre del año anterior.
Actualmente, el Consejo está integrado por seis legisladores, tres representantes de los jueces, dos de los abogados de matrícula federal, uno del Poder Ejecutivo y uno del sector académico y científico. En el proyecto que el Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre, propone llevar el número a 17, sumando un juez, dos abogados y un académico, para generar un equilibrio con el estamento político, que mantendría la misma proporción.
Iniciativas en carpeta
En cambio, Negri propuso reponer los 20 integrantes originales, sumando dos legisladores, un representante de los jueces, dos de los abogados, uno del sector académico y al propio titular de la Corte, que no figura en el proyecto oficial. El líder del bloque UCR sostiene que con ese sistema “se termina con el vicio que acarreó la ley de 2006, que estableció un predominio de los estamentos políticos sobre los no políticos”.
“Este proyecto no solo busca reponer la antigua composición del Consejo de la Magistratura siguiendo las indicaciones del fallo de la Corte, sino que también es un instrumento para dotar de un funcionamiento más eficiente y veloz al Consejo y, por extensión, a todo el Poder Judicial”, sostuvo Negri, y agregó: “Esta es una gran oportunidad que tiene el Congreso para mejorar el servicio de Justicia. La sociedad reclama una Justicia más veloz y transparente”.
En ese sentido, la iniciativa del radical establece plazos más breves y perentorios para los expedientes y acorta los tiempos de los concursos para suplir vacantes en los tribunales, “una de las mayores falencias que tiene hoy el Poder Judicial”. También incorpora, al igual que el proyecto del Ejecutivo, la paridad de género y el criterio federal en la integración.
Hay un tercer proyecto, presentado en 2018 e impulsado ahora nuevamente por el diputado del PRO y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli. Propone 14 miembros, reduciendo la cantidad de legisladores de seis a cuatro y sumando a dos abogados y al presidente de la Corte.
Además, Tonelli sugiere incorporar un sistema novedoso y, según el autor, “admisible constitucionalmente”, por el cual cada estamento elegiría como su representante a una persona que no forme parte del mismo, y que tendría dedicación exclusiva a esa función. Para el diputado, “la importante misión que la Constitución asigna al Consejo de la Magistratura justifica que sus miembros se dediquen plenamente a la función de consejeros”.
En la composición actual, los consejeros afines al oficialismo y la oposición están virtualmente empatados en 12 cada uno, y el voto decisivo suele ser el de la diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal). El presidente del Consejo es Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de estrecha relación con el titular de Diputados, Sergio Massa, y también con el kirchnerismo.
El Consejo avanzó este martes con la adaptación ordenada por la Corte: la Comisión de Reglamentación trabajó sobre los reglamentos para que jueces y abogados organicen las elecciones de sus nuevos representantes. En el caso de los jueces, el mecanismo se aprobó por unanimidad, mientras que para los abogados se envió un borrador a la Federación Argentina de Colegios de Abogados y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La inminente discusión sobre el Consejo se da en un contexto de tensión con el Poder Judicial por la marcha convocada para el próximo 1ro. de febrero, alentada por personalidades como el juez Juan María Ramos Padilla y el dirigente Luis D’Elía. “En la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”, advirtió en los últimos días el presidente Alberto Fernández, y el viceministro de Justicia, Martín Mena, respaldó la movilización.
