“Si lo quería acorralar a Martín (Llaryora), en realidad Milei le tiró una soga. Convirtió en nacional el conflicto con los docentes, que era difícil de resolver en Córdoba”, admitió un funcionario provincial, sobre la drástica decisión del Gobierno nacional de no girar recursos para pagar el incentivo docente.
La escalada del enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, en la que el cordobés Martín Llaryora es protagonista, tiene distintas secuelas.
Convencido de que los gobernadores son “gastadores seriales” y que se niegan a hacer un ajuste, Milei decidió quitar los fondos nacionales para la educación, como antes lo hizo para el transporte público en el interior del país.
Son decisiones que les generan dificultades a los mandatarios provinciales, pero cuyas consecuencias directas deberá pagar la gente de a pie, valga la expresión.
En especial, la de los sectores más carecientes de la sociedad, que utiliza el servicio público de transporte y manda a sus hijos a las escuelas estatales.
En este contexto, la falta de giro del incentivo docente pone en serio riesgo el comienzo del ciclo lectivo en todo el país.
De este modo, el conflicto docente se convirtió en nacional. Así, los principales reclamos apuntarán a la Casa Rosada y en un segundo plano a los gobernadores.
El jueves próximo, el gremio nacional docente (Ctera) realizará un congreso en el cual seguramente resolverá un paro nacional para el 26 de febrero, cuando comenzarían las clases en varias provincias, incluida Córdoba.
Los gobernadores, entre ellos Llaryora, responsabilizarán a la Casa Rosada por el eventual escenario de aulas vacías. Y no estarán faltando a la verdad.
No obstante, en Córdoba, como en otras provincias, también hay motivos locales que ponían el comienzo de las clases entre signos de interrogación.
Pero, como queda dicho, el conflicto se convertirá en nacional. De allí la definición interesada del llayorismo, en el sentido que Milei le hizo un favor al gobernador al pasar la motosierra del ajuste fiscal también por la educación.
A diferencia de otros sindicatos estatales en los cuales los dirigentes exhiben mayor poder de decisión, en la UEPC las bases tienen fuerte injerencia en las decisiones, sobre todo en los acuerdos paritarios.
Antes de que Milei tomara la drástica decisión de retirar el financiamiento nacional del sensible sector educativo, Llaryora tenía empantanada la negociación con la UEPC. Atravesado por una interna siempre activa, el gremio docente pedía cumplir el acuerdo que firmó el anterior gobernador, Juan Schiaretti y que Llaryora ya dio por caído en la Secretaría de Trabajo provincial.
El gobernador acordó con el resto de los gremios un aumento para el primer trimestre del año, que en general, es la mitad de la inflación más una suma fija que arranca en los 40 mil pesos y que en marzo será de 50 mil pesos.
La UEPC rechazó el ofrecimiento. Primero quiere acordar enero, que según la paritaria firmada por Schiaretti debería incluir el aumento al ritmo de la inflación, que en diciembre fue en Córdoba del 24,19%. Lejos de lo que ofreció y acordó Llaryora con los otros gremios estatales.
Diferimiento activo
Además, el gobernador tomó otra decisión que impacta en los jubilados, lo que tal vez sea la cuestión que más descolocó al gremio docente con su amplio sector pasivo: por una resolución del Ministerio de Finanzas, reinstaló para los jubilados el diferimiento del momento en que perciben los aumentos dados a los activos.
Schiaretti había congelado el diferimiento hasta el 31 de diciembre pasado. En reuniones con los gremialistas, Llaryora había prometido que lo mantendría inactivo. La crisis económica lo obligó a cambiar de opinión.
El diferimiento se activó del siguiente modo: a los pasivos que al 31 de diciembre perciben hasta 470 mil pesos, se les mantiene la suspensión del diferimiento; entre 470 mil y 700 mil pesos de haber, el diferimiento es por 30 días, y para quienes cobran más de 700 mil pesos, el cobro de los aumentos es recién a los 60 días.
Schiaretti había congelado a agosto pasado el diferimiento para los pasivos que cobraban 500 mil pesos. Eso dejaba afuera del diferimiento al 95% por ciento de los jubilados docentes.
Con la variación que introdujo Llaryora, según datos de la UEPC, alrededor del 45% de los jubilados docentes quedan afectados por el diferimiento.
Otro problema que atraviesa la negociación con la UEPC es que si le otorga un aumento superior, debe trasladarlo al resto de los gremios. Por eso, Llaryora no está dispuesto a mejorar la oferta salarial para los docentes.
El gobernador tenía una encrucijada al frente con los docentes. Por ahora, Milei le abrió una puerta de escape para el conflicto docente, cuando la intención del Presidente era acorralarlo.
