Con casi 24 años en el poder (los cumple el 12 de julio), el PJ de Córdoba ejercitó su habilidad para ocultar su desasosiego en la marcha de la gestión. Es lo que pasó en los últimos días con el conflicto docente.
Hubo mucha preocupación en el Centro Cívico, y luego un gran alivio, cuando el jueves la asamblea provincial docente de la UEPC decidió no hacer paros hasta el 10 de abril.
En las horas previas a ese cónclave sindical, los delegados docentes se enteraron a través del sitio Ciudadano Digital (Cidi) de que en la liquidación de los sueldos estaba el descuento de dos días de paro. Esa quita exasperó los ánimos, por lo que el pronóstico era que la asamblea podía aprobar un paro por 72 horas, lo que hubiera sido un duro golpe para el Gobierno, que ya está en plena campaña electoral.
Hubo negociaciones reservadas y la cúpula de la UEPC logró una tregua de 10 días, más allá de que habrá asambleas en las escuelas. Esto abre a la Provincia la posibilidad de mejorar la oferta. El lunes volverán a negociar. Es en ese punto que el gobernador Juan Schiaretti ve una luz al final del túnel.
Cuando hay un tema sensible, en el Centro Cívico gobierna el hermetismo. Teléfonos apagados hasta para los off. Aunque siempre hay filtraciones, y a veces el dato llega de casualidad. El sábado pasado, por la mañana, la habitual penumbra del Panal por la ausencia de empleados se rompió por la iluminación a pleno en el despacho principal.
El gobernador Schiaretti mantuvo una reunión “de urgencia” con los ministros Silvina Rivero (Coordinación); Walter Grahovac (Educación) y Omar Sereno (Trabajo), y con Julio Comello, secretario General de la Gobernación.
El conflicto docente fue el tema central del desayuno tardío. Se acordó no hacer una nueva oferta, ante la posibilidad concreta de que fuera nuevamente rechazada por la asamblea docente.
Trataron de evitar otra negativa, que hubiera subido el piso de la propuesta que la Provincia debe ir mejorando.
Así, le tiraron una pelota envenenada al gremio que conduce Juan Monserrat, para afrontar una asamblea sin oferta y con un descuento de entre 20 mil y 40 mil pesos, por los paros a quienes lo realizaron.
Hubo discusiones acaloradas, pero el gremio logró que el conflicto no escalara con un paro por tres días.
Eso sí, los delegados plantearon una encrucijada: no habrá acuerdo si se mantienen los descuentos de las jornadas de paro. El Gobierno siempre sostuvo que eso no es negociable... Mientras no haya una campaña electoral de por medio, habría que agregar a esa regla no escrita.
Hasta ahora, no hay indicios sobre cuál será la nueva oferta que el 10 de abril deberán analizar los docentes. Pero lo concreto es que hay una ventana de 10 días para dialogar, sin la tensión condicionante de un paro prolongado.
El conflicto en Salud es otra cuestión que preocupa al Gobierno, y también al candidato a gobernador oficialista, Martín Llaryora.
En la negociación con el personal sanitario, hay una diferencia respecto de Educación: no hay un único gremio para negociar. Una dificultad que deben atravesar los funcionarios schiarettistas.
Al Gobierno le urge terminar cuanto antes la discusión paritaria. Con el resto de los gremios, tiene todo acordado. Si firman los docentes, lo hará el resto, salvo el sector de Salud, representado por los autoconvocados y los gremios no reconocidos por la Provincia.
La fecha, al límite de las normas
Más allá del conflicto con los estatales, la particular campaña cordobesa sigue su marcha, en medio del juego de escondidas que protagonizan oficialistas y opositores.
Ante la estrategia de Luis Juez y Rodrigo de Loredo de no mostrar sus cartas, Llaryora responde con no oficializar la fecha de las elecciones en la Capital.
En esta siembra de incertidumbre, ambos sectores fuerzan al límite las leyes electorales. De Loredo analizó seriamente ser candidato a vicegobernador y también a intendente capitalino si los comicios iban despegados.
El PJ se valió de un proyecto de una concejala que responde a Olga Riutort para abortar esta movida, que las normas no impedían pero que sería difícil de explicar políticamente para el radical.
Ahora, Llaryora está decidido a llevar su plan de no confirmar la fecha de los comicios capitalinos, dejando que sea la Junta Electoral municipal la que la fije, si la decisión es pegar la elección de intendente con la provincial del 25 de junio.
La diferencia es que el intendente debe oficializar con 90 días de antelación la fecha de la votación, y la Junta Electoral tiene 60 días.
De este modo, Llaryora ganará un mes (el 26 de abril es cuando la junta debería confirmar la fecha, si se votara en la Capital el 25 de junio) sin campaña de la oposición, que no mostrará a su candidato a intendente hasta saber cuándo se vota.
Es un juego contra el tiempo, que el PJ cree que lo favorece, por los beneficios que brinda ejercer el poder.
Mientras tanto, Juntos por el Cambio no resigna su plan de no confirmar a su candidato a intendente, con el tiempo corriendo en su contra.
La sociedad cordobesa está ajena a estas idas y vueltas, pero sí está atenta a la dura realidad.
De allí la preocupación del Gobierno provincial por terminar cuanto antes la discusión salarial con los estatales, para que las escuelas tengan clases y los hospitales brinden atención.
