Este miércoles, una asamblea gremial provocó serias demoras y cancelaciones en varios vuelos en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza, afectando a miles de pasajeros.
La medida inició alrededor de las 11 y se desató por el despido de un trabajador en el aeropuerto metropolitano. Rápidamente se extendió a Ezeiza e impactó directamente en el flujo de vuelos y en los servicios de rampa, esenciales para el despacho de valijas y la bajada de pasajeros.
De hecho, esto último generó que muchas personas no pudiera bajar de los aviones. Desde el Gobierno nacional denunciaron el accionar de los sindicalistas por “secuestro de personas”.
La presentación judicial la realizó el Ministerio de Seguridad en el Juzgado 11, a cargo del juez Julián Ercollini, detalló Infobae. Es en contra de miembros sindicales de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de la firma Intercargo S.A.U. por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.
La medida judicial ya había sido anticipada por varios miembros del Gobierno. Uno de los primeros en mencionarlo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. Según explicó, la medida significó que “más de 900 personas a bordo de seis aviones en Aeroparque y otras 1.300 en vuelos detenidos en Ezeiza" quedaron varadas en las aeronaves, "ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros y a la operativa aeroportuaria”.
El documento menciona: “Nos encontramos ante un ‘piquete aéreo’ que impidió a miles de personas descender de las aeronaves, entre ellos mujeres embarazadas y niños, quienes debieron soportar más de dos horas en cabinas sin ventilación adecuada, situación que derivó en complicaciones de salud para algunos pasajeros”.
En esa misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su molestia por la situación. "Pasajeros descompuestos y con ataques de pánico. Con la Policía de Seguridad Aeroportuaria estamos colaborando con Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, para bajar a la gente varada arriba de los aviones, porque no hay servicios de escaleras ni de rampas".
“Estos delincuentes secuestran a la gente por sus intereses corruptos. Hay 10 aviones con más de 1500 personas secuestradas. La PSA se encuentra ahora bajándolas de los aviones y, además, llegan refuerzos de Gendarmería y Prefectura", remarcó la funcionaria por medio de sus redes sociales.
Lo publicación se hizo pasadas las 14 y también había adelantado la denuncia. “Vamos a ir a la Justicia contra estos delincuentes por abandono y secuestro de personas, intimidación pública y bloqueo. Las hacen, las pagan".
Por su parte, Franco Mogetta dijo: “Se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad los pasajeros”.
Impacto en los vuelos y pasajeros afectados
La situación generó caos en varios vuelos, especialmente en Aeroparque, donde los trabajadores de Intercargo decidieron no despachar equipajes en los vuelos de salida y retrasaron la descarga de pasajeros en los arribos. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) expresó su enojo por el despido y denunció que la medida era “arbitraria e ilegítima”. En un comunicado, el gremio señaló que no permitirían “provocaciones” en un contexto de paritaria interrumpida, acusando al presidente de Intercargo, Fernando Montes, y a sus gerentes de actuar irresponsablemente.
Uno de los vuelos afectados fue el de Latam que llegó desde San Pablo a las 12 del mediodía con 149 pasajeros a bordo. Según las fuentes, el personal de Intercargo no permitió que los pasajeros descendieran del avión, lo que generó que continuaran durante varias horas en la aeronave.
Por otro lado, la aerolínea Flybondi también reportó consecuencias graves de la medida gremial. En total, la compañía debió cancelar 8 vuelos, lo que afectó a más de 1.340 pasajeros, mientras que otros 649 vieron demorado su viaje. Además, más de 400 personas, entre pasajeros y tripulaciones, se vieron “retenidas” durante más de dos horas dentro de sus aeronaves, sin poder descender. “Es inadmisible que un sindicato pueda ejercer la privación de libertad de las personas, obligándolas a permanecer a bordo de las aeronaves por la fuerza”, expresó la compañía en un comunicado.
