La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó este martes la prisión domiciliaria del exlegislador cordobés Oscar González en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El tribunal, integrado por los jueces Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del dirigente, y ratificó la medida dispuesta por el juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La prisión domiciliaria había sido solicitada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.
Los camaristas consideraron que persisten los riesgos procesales en el caso, en particular, la posibilidad de que González entorpezca la investigación o eluda a la Justicia. En ese marco, justificaron el mantenimiento de la medida de coerción y evaluaron que el avance de la causa todavía no permite descartar esas amenazas.
Además, la Cámara estableció por mayoría que la detención domiciliaria tendrá un plazo inicial de cuatro meses, contados desde el momento en que el juzgado reciba formalmente la causa. Esa duración podrá ser prorrogada si el magistrado interviniente lo autoriza.
Fundamentos
En los fundamentos del fallo, el tribunal explicó que la decisión se basa en razones estrictas de legalidad, en línea con el principio de proporcionalidad y la evolución del expediente. Indicaron que el avance sustancial de la instrucción permite proyectar una reducción progresiva del riesgo procesal, aunque no su eliminación total por el momento.
Asimismo, los jueces remarcaron que el plazo impuesto responde a la necesidad de garantizar un juicio dentro de un tiempo razonable, tanto en resguardo de los derechos del imputado como en función de los intereses de las víctimas y de la sociedad.
“La justicia debe actuar con celeridad y sin dilaciones que conduzcan a la impunidad”, advirtieron.
González, exfuncionario de alto perfil en la política de Córdoba, ya se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace varias semanas, tras ser imputado en una causa que investiga un presunto crecimiento patrimonial no justificado y maniobras de lavado de dinero.
Con esta decisión, la Cámara ratificó la gravedad del caso y la vigencia del proceso penal, que sigue su curso bajo reserva judicial.
