La jueza Anahí Hampartzounian impuso condenas y dictó prisiones preventivas a un grupo de personas imputadas por los saqueos a comercios de la ciudad de Córdoba, ocurridos a fines de agosto pasado.
Las causas habían sido tramitadas por la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Primer Turno, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón.
Durante diferentes audiencias, la magistrada condenó a 11 personas por el delito de robo calificado por efracción, agravado por la intervención de menores de edad.
Las penas oscilaron entre los 3 años y los 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Uno de los condenados ofreció una reparación proporcional al daño ocasionado a la víctima de uno de los sucesos, lo cual fue valorado como un atenuante al momento de imponerle la sanción.
También declaró a un adolescente de 16 años responsable penal del hecho. Asimismo, esta semana la jueza confirmó la prisión preventiva de otros dos imputados, a quienes se les atribuye conductas similares.
Especial gravedad
Para tomar estas decisiones, la titular del Juzgado de Control de Control N° 4 hizo hincapié en las particularidades de los desapoderamientos y enfatizó que su “especial gravedad” debe proyectarse en la respuesta punitiva que merecen los hechos y opera como “agravante” para todos los acusados.
En este sentido, la magistrada puntualizó: “La actuación organizada y conjunta (…) mermó -hasta anular en cada uno de los casos- las concretas defensas que las víctimas pudieron oponer frente al ataque”.
También sostuvo que “la pluralidad de sujetos intervinientes y la sorpresa que asumieron las irrupciones, generaron que los damnificados adoptaran, en muchos casos, una actitud pasiva de clara resignación; y en otros, una resistencia carente de toda efectividad que hubo necesariamente de cesar, mutando a impotencia, frente al ingreso repentino del grupo”.
La jueza explicó que el listado de bienes sustraídos permite inferir que los saqueos no fueron motivados por una “impostergable necesidad de procurarse alimentos”, sino que los autores aprovecharon la innegable dificultad económica que atraviesa el país como excusa para apoderarse de todo aquello que tuviera valor de venta.
Destacó que las personas que protagonizaron los saqueos poseían trabajo, es decir, que su actividad delictiva no fue motivada por la miseria o la imposibilidad de procurarse el sustento propio o del grupo familiar.
La jueza Hampartzounian también señaló que las consecuencias de los ilícitos trascendieron largamente el daño que produce cualquier otro delito.
“El sentimiento de inseguridad y desasosiego que los ataques ocasionaron no solo afectó de modo directo a las víctimas; sino que se extendió a todos los ciudadanos que observaron con perplejidad de modo directo o por los medios de comunicación, a bandas (…) que impunemente, en algunos casos, invadían comercios apoderándose de todo aquello que tuvieran a su paso”.
“Se generó, en la sociedad toda, un estado de razonable y justificado temor, ante la probabilidad cierta de que hechos similares características se tornaran masivos y la situación se desmadrara por completo, circunstancia que felizmente no aconteció merced al accionar oportuno y eficaz de las fuerzas policiales, que lograron prevenir, interrumpir o reprimir los desapoderamientos planeados, tentados o consumados, según el caso”, agregó la jueza.
De todos modos, la magistrada resaltó que un sentimiento de fundada inseguridad se apoderó de los ciudadanos y, como consecuencia, “se originaron a nivel social severos cuestionamientos respecto a la capacidad del estado para cumplir, en un contexto como el descripto, con la función de seguridad que indelegablemente le compete y emergieron conductas compatibles con una desconfianza generalizada en la eficacia de las instituciones para garantizar la paz social, situación que –huelga decirlo- socava las bases mismas del sistema republicano y democrático”, concluyó Hampartzounian.
