“Persecución política y mamarracho jurídico”. Estas expresiones fueron usadas por el gobernador Axel Kicillof para referirse al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que se conocerá este miércoles en el caso de la obra pública en Santa Cruz y que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como la principal condenada. La Sala IV de Casación debe resolver sobre el fallo que condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidente de la Nación. Mientras la fiscalía quiere elevar la pena a 12 años e insistir con el delito de asociación ilícita, la defensa busca el sobreseimiento.
Kicillof y un grupo de ministros ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron un fuerte respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, haciendo a un lado los resquemores que surgieron por la interna del Partido Justicialista.
“Es un escándalo jurídico”, calificó Kicillof para acuñar el término “derecho-ficción”: “Todo lo que se va a decir el miércoles no existió. Se trata de un nuevo género de dictámenes judiciales donde no hay pruebas, ni un solo delito, y a quien se acusa no tiene posibilidad material de llevarlo adelante”, definió.
El gobernador también señaló al tribunal de Casación, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña: “tuvieron vínculos con Mauricio Macri y resulta que ahora son jueces ‘objetivos’”, dijo Kicillof. Se sabe que el juez Borinsky jugó al tenis en la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente (fue 16 veces a la residencia presidencial). Hornos también visitó Olivos entre 2015 y 2019. Un grupo de diputados peronistas denunció las visitas de los jueces a Olivos, pero la causa fue desestimada.
En el peronismo también recuerdan que la causa -desestimada en distintas instancias- fue reabierta en enero de 2016, ni bien asumió Mauricio Macri a la presidencia, por denuncias elevadas por el designado Director de Vialidad, Javier Iguacel.
La audiencia fue convocada para el miércoles a las 11, en la Sala B de Casación, en los Tribunales de Comodoro Py. Habitualmente los fallos se comunican directamente a las partes. “Esta vez lo amplifican”, dicen en el kirchnerismo.
Después de casi cuatro años de juicio oral, en diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Julio De Vido resultó absuelto. El fiscal Diego Luciani, que pidió el doble de pena, concluyó su alegato “es corrupción o justicia”.
“No hubo un solo testigo o perito que pueda avalar la novela que sostuvieron los fiscales; no hubo sobreprecios en las 51 obras que fueron a juicios. Unas 48 obras estaban finalizadas, solo tres estaban en ejecución para diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri decidió suspenderlas”, explicó Juan Martín Mena, ex colaborador judicial de Cristina Kirchner y actual ministro bonaerense.
Mena, en la conferencia junto a Kicillof, repasó la causa judicial: “No hubo sobreprecios o pagos en negro. Ninguna de las 51 obras fue cuestionada administrativamente. El fallo encontró culpable a Cristina por ‘administración fraudulenta’: el presidente de la Nación no puede cometer ese delito porque no es el administrador general del país. El artículo 100 de la Constitución dice que el administrador general del país es el Jefe de gabinete de ministros y en el juicio no hubo un solo Jefe de gabinete imputado o investigado. Incluso el ministro del área (por De Vido) fue absuelto, lo que deja confeso que esto solo es una persecución política”, resumió Mena.
“Les metieron en la cabeza que los peronistas somos todos chorros y yo la principal chorra”, asumió Cristina Kirchner ante un grupo de vecinos, en una de sus últimas recorridas por el conurbano, circuito donde viene intensificando un despliegue político con miras a fortalecer su presidencia del PJ, y con la intención de buscar una posible candidatura en 2025. Y presidencial en 2027.
Kicillof, tal como lo dijo días atrás el senador Oscar Parrilli, acusó a un entramada mediático-judicial de buscar la “proscripción política” de Cristina Kirchner, como ocurrió en Brasil con Lula da Silva, donde se comprobó que fue víctima de una acusación falsa. La confirmación de la condena podría dejar afuera de la carrera electoral a Cristina Kirchner.
En el kirchnerismo sostienen que hasta que la Corte Suprema no diga que es “cosa juzgada”, el condenado sin sentencia definitiva, puede ser candidato. Citan antecedentes de Carlos Menem y el correntino Romero Feris. Están atentos, no obstante, al intento parlamentario del gobierno en alianza con el PRO, de impulsar la llamada “ley de ficha limpia”, que impide ser candidato a quien tenga “dos condenas”, como sería el caso de Cristina Kirchner, si Casación confirma lo resuelto por el TOF2.
A la lectura del fallo seguirán cinco días hábiles para apelar con un recurso extraordinario ante la misma sala de Casación, que deberá decidir si abre la puerta a la Corte Suprema. Si lo rechaza, la defensa puede elevar directamente a la Corte un recurso de queja, para que se admita la apelación.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el fallo condenatorio.
La confirmación de la condena a Cristina Kirchner es seguida con atención en Casa Rosada. El presidente Javier Milei insiste con la nominación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema, el tribunal que terminará dando en algún momento la palabra final sobre la Causa Vialidad. Para nombrar los nuevos jueces de la Corte, el oficialismo necesita los votos del kirchnerismo en el Senado.
