Con la anuencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) a flexibilizar las metas de acumulación de reservas para este año, se abrió la última puerta que le quedaba al Gobierno nacional para cumplir con el programa en curso.
El anuncio oficial se haría efectivo este martes, según adelantaron fuentes oficiales.
Por estas horas se discutía la letra chica de los nuevos compromisos que deberá cumplir la Argentina en las próximas revisiones, atenuados por el impacto de los costos energéticos que afrontó durante 2022 y las consecuencias de la sequía que aún sigue golpeando a una parte de la zona productiva y agranda todas las semanas el desequilibrio por el lado de los ingresos.
Si bien en la jornada de este lunes el Banco Central pudo comprar U$S 33 millones, el saldo de febrero muestra que la autoridad monetaria cedió U$S 891 millones.
De esta forma las reservas totales del BCRA se ubican en U$S 39.200 millones, pero las “netas” –que son las que realmente importan y definen el curso de la política cambiaria- están en apenas U$S 1.900 millones, equivalente a apenas medio punto del PBI, según el último informe de la consultora LCG.
El Gobierno espera el auxilio del FMI
La aprobación de la cuarta revisión del programa con el FMI dirá que Argentina cumplió en alcanzar los U$S 4.000 millones en poder del BCRA al cierre de 2022 – que tuvo como factor decisivo el desembolso de U$S 5.000 millones por el visto bueno de las pautas al 30 de septiembre y permitió un sobre margen de unos U$S 400 millones-, pero al mismo tiempo el documento hablará de “la exigencia” que le impone al 2023 por la continuidad del conflicto bélico en Europa y las inclemencias climáticas que afectarán los saldos exportables de sus principales productos agrícolas.
Para este primer trimestre en curso el BCRA debía engrosar sus tenencias en U$S 500 millones, objetivo que en principio lucía cumplible, pero el “dólar soja dos” fue un boomerang dado que la herramienta que le permitió cumplir con lo pactado a diciembre absorbió los dólares disponibles para el inicio del año. El colchón que se había alcanzado también fue consumido por las ventas que a diario debió efectuar la autoridad monetaria y en consecuencia el objetivo se tornó de imposible cumplimiento.
En enero las ventas del BCRA ascendieron a U$S 190 millones y en febrero a unos U$S 890 millones, sumando así un retroceso de U$S 1.080 millones.
Al mismo tiempo, durante los dos primeros meses de 2023 se le hicieron pagos al FMI por unos U$S 3.000 millones, de acuerdo a los términos establecidos en el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente.
Con saldo negativo en el mercado de cambio y pagos de deuda a organismos y privados las reservas líquidas perforaron los U$S 2.000.
Del documento que publicará el FMI también resultará relevante la posición que adoptará ante el programa de recompra de deuda que puso en marcha el gobierno a mediados de enero.
En principio, el organismo a cargo de Kristalina Georgieva había sido crítico de esta medida ante la escasez de reservas, pero al aceptar una flexibilización de las metas puede inferirse un cambio en esta posición.
Según el Ministerio de Economía, los U$S 1.000 millones asignados a este plan surgen de un supuesto ahorro en el gasto energético para 2023 producto, entre otras cosas de una baja en los precios, y de la puesta en marcha del gasoducto de Vaca Muerta.
Sin embargo, esta variable también entra en revisión dado que cada vez son más las voces que aseguran que la sobre la que el gobierno está poniendo todas las fichas sufrirá una demora.
De acuerdo a lo programado, este año Argentina debía acumular U$S 4.800 millones de reservas adicionales, afrontando un saldo neto negativo con organismos internacionales de U$S 3.500 millones –en 2022 fue positivo en U$S 5.000 millones- balance que también está sobre la mesa de discusión para ajustar las cifras finales.
El aval del organismo a un nuevo esquema de metas significará cierto alivio en el mercado de cambios, al mismo tiempo que el Gobierno intentará avanzar en un préstamo con bancos, proceso que estaba encaminado pero que se frenó ante la nueva caída que sufrieron los bonos soberanos.
