En medio del creciente reclamo del sector agropecuario al Gobierno nacional para que elimine las retenciones a las exportaciones de granos -o al menos se comience con un proceso de reducción-, el gobernador Martín Llaryora volvió a mostrarse cerca de las entidades ruralistas, aglutinadas en la Mesa de Enlace de Córdoba, a la que recibió el miércoles pasado en el Centro Cívico, en un encuentro que recién trascendió este jueves.
Junto con el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, un histórico dirigente del PJ cordobés con excelente vínculo con el campo, el gobernador volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei: exhibió una vez más su predisposición de ponerse al frente del reclamo para que la Nación baje las retenciones.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien Llaryora tiene un excelente vínculo, tiene la misma postura.
La postura de Llaryora no es nueva. Viene hablando a favor del campo desde que asumió, el 10 de diciembre de 2023. Sus dos antecesores peronistas, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, se convirtieron en aliados del sector agropecuario en el prolongado conflicto con el gobierno kirchnerista en 2008, pulseada que terminó con el voto “no positivo” del entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.
Desde el Centro Cívico informaron que se trató “de uno de los encuentros habituales”, en el que se analizó la crisis que atraviesa el sector por la continuidad de las retenciones, los bajos precios internacionales, la situación cambiaria y las condiciones climáticas adversas que amenazan los rindes de las cosechas.
En representación de la Mesa de Enlace, estuvieron presentes Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina); Patricio Kilmurray y Federico Proietti (Cartez); Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina), y Gustavo Gaigh (Coninagro).
Una de las conclusiones del encuentro fue ratificar el reclamo al Gobierno nacional para que elimine las retenciones al campo.
Ambas partes insistieron en que el 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses son los impuestos nacionales, el 4% son impuestos provinciales (“Que vuelven en obras para el campo en un 98%”, afirman en el Panal) y el 2% restante, tasas municipales.
La reunión en Córdoba se dio un día después del encuentro que a nivel nacional realizó la Mesa de Enlace Nacional (ver A nivel nacional...)
Si bien desde la Provincia se remarcaron algunas medidas para aliviar la situación de los productores agropecuarios, lo sustancial de la cumbre en el Centro Cívico fue la decisión política del gobernador de apoyar el reclamo del campo, marcando diferencias con la Casa Rosada.
No obstante, los voceros llaryoristas admiten que el incipiente conflicto con la gestión libertaria “nada tiene que ver” con el profundo conflicto social que se generó en 2008, en la pulseada con el kirchnerismo.
“El campo apoyó para que Milei desplazara al kirchnerismo del poder. Ideológicamente, está cerca del Presidente, aunque por distintos factores, como el precio internacional y el clima, hoy muchos productores, sobre todo los que arriendan campos, están perdiendo plata. Ese es el problema”, argumentaron en fuentes oficiales schiarettistas.
Medidas
Una de las medidas es el diferimiento fiscal (del pago del Inmobiliario Rural) para productores con problemas económicos o de productividad.
En la reunión, el Gobierno provincial y los dirigentes rurales acordaron conformar una mesa técnica para analizar, mediante declaración jurada que deberán presentar los productores (DD.JJ.), los casos en los que se acrediten dificultades económicas o de productividad (pueden ser por un asunto climático, o de otro tipo relacionado con la actividad).
Los detalles se conocerán en los próximos días. “Estos podrán diferir el pago del impuesto en su totalidad por seis meses, con posibilidad de extensión del plazo”, informaron desde el Centro Cívico.
Las solicitudes serán canalizadas a través de las entidades representativas del sector y aprobadas por una comisión de trabajo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Bioagroindustria.
Además, de estableció un tope en el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. Según explicaron, como señal de reconocimiento al momento de emergencia que vive el campo, la Provincia resolvió ponerle un tope al aumento del Inmobiliario Rural, con base en el que tiene el Inmobiliario Urbano (que, a octubre del año pasado, y por el Ripte, era del 173%).
Desde la Provincia aclararon que, como en categorías (como la 4 y la 5) podrían llegar cedulones con un incremento mayor al 173% (porque ya está aprobado el nuevo Código Tributario), el pago de la diferencia que supere dicho porcentaje será diferido por seis meses, con posibilidad de extensión en caso de persistir las condiciones críticas. “Vamos a ayudar al campo”, repitió Llaryora.
