El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó dictar el sobreseimiento al hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri, en una causa por la presunta omisión de declarar una cuenta en el Banco Safra de Suiza, surgida de la investigación Panamá Papers.
La defensa del empresario pidió el sobresemiento en un recurso de excepción de falta de acción desestimado por el magistrado, según la resolución a la que hoy accedió Télam.
"No puede soslayarse que a la fecha no se ha dictado resolución alguna pues a la complejidad de los hechos ventilados se le suma la propia del régimen legal mencionado, y exige un minucioso examen de las pruebas colectadas y de las particularidades que ofrece la causa", argumentó Amarante.
Al decidir que la investigación continúe, el juez postuló que "resulta necesaria la verificación de la concurrencia de la totalidad de los extremos requeridos -positivos y negativos- para tener por configurada la situación de excepción que la norma regula".
En la causa se investiga la posible infracción al Régimen Penal Tributario vinculada a la "existencia y/o giro comercial de la firma BF Corporation SA, toda vez que sus integrantes habrían omitido declarar activos existentes en la cuenta 6.02960.3 del Banco Safra de Suiza".
El juez investiga si los integrantes de es sociedad comercial "debieron tributar por aquellas tenencias ante el fisco nacional y, en su caso, con relación a qué períodos y por qué montos".
Macri, sobreseído
El 6 de agosto pasado, Amarante sobreseyó al presidente Mauricio Macri y a sus hermanos Gianfranco y Mariano, y a su padre ya fallecido, Francisco Macri, por una acusación vinculada a otro aspecto develado en los Panamá Papers, la actividad económica de las firmas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.
Esa decisión se tomó "dejando expresa constancia que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los nombrados".
"La actividad cumplida en el transcurso de la pesquisa permite descartar fundadamente que las referidas firmas o sus responsables hubiesen incurrido en alguno de los delitos previstos" en la normativa tributaria, concluyó el juez en ese fallo.
La investigación había estado a cargo inicialmente del juez federal Sebastián Casanello, quien se declaró incompetente el 12 de abril de 2017 y la remitió al fuero penal económico.
