Da la sensación de que la Argentina acaba de inaugurar una nueva etapa en este 2023. Es una nueva edición del “vamos por todo”, sin buenos modales y sin sintonía fina. Algo así como quemar los puentes, que si queda tierra arrasada, mejor.
Hasta ahora, Sergio Massa aparecía como un garante –para algunos, garante endeble pero garante al fin– de que la Argentina estaba dispuesta a frenar un metro antes del abismo. Para eso lo llamaron cuando la vicepresidenta Cristina Fernández hizo renunciar a Martín Guzmán y el dólar informal llegó a escalar hasta los $ 350. Es como si hoy estuviese en $ 550.
El kirchnerismo sabe que hay una variable tangible para la ciudadanía toda que no puede controlar y cuyo desmadre agiganta la sensación de ingobernabilidad: el dólar. De hecho, Cristina aceptó las tres condiciones que Massa impuso cuando asumió como ministro de Economía el 2 de agosto pasado.
La primera era cambiar toda la conducción de la Secretaría de Energía para avanzar en la segmentación energética. Hoy, el 34% de los hogares argentinos va camino a pagar el precio pleno del gas y de la energía eléctrica.
La segunda era ofrecer una propuesta interesante para que el campo liquidara la soja acopiada. Ya realizó dos versiones del dólar soja, con un valor mejorado en un 30%, que significó que el agro liquidara 7.700 millones de dólares en septiembre y 3.300 millones en diciembre.
La tercera era cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Hubo algo de contabilidad creativa, es cierto, pero el año terminó con el 2,5% de déficit fiscal acordado. Las reservas, a fuerza de la zanahoria al campo cerraron en las metas firmadas y la emisión monetaria acotada para financiar al Tesoro se cumplió. Se emite para otros fines pero bueno, no es lo que hoy está mirando el FMI.
Pero esa etapa de cierta racionalidad se acabó. Hay dos datos que lo confirman. El primero es que los tres diputados que responden a Massa darán quórum en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para las sesiones extraordinarias convocadas desde la semana que viene, que tienen como principal objetivo poner en discusión proyectos que avanzan sobre el Poder Judicial.
Ninguno de los proyectos tiene chance de prosperar. Son todas distracciones en la gestión legislativa que debe resolver otros temas que no resuelve, pero allá va el oficialismo encabronado con la Justicia que acaba de condenar a Cristina. Algunos decían que Massa estaba incómodo con ese avance en contra de la institucionalidad, pero no debe ser muy cierto porque él tiene la llave, a través de sus disputados, de bloquear el quórum de la comisión y no lo hará. Difícil conseguir inversiones en un país en el que no se respeta la independencia de poderes, pero por ahí va la cosa.
El segundo dato está en sus declaraciones de que la inflación es un problema que debemos combatir entre todos, y en ese “todos” están incluidos los repositores de góndola y los camioneros, específicamente los que se desempeñan en el área logística de las empresas, que ahora deben ser “informantes” del Poder Ejecutivo. El relato que busca instalar el Gobierno ahora es que el problema de la suba de precios no está en los supermercados sino en las industrias, que “encanutan” camiones con mercadería y no los mandan para que el público compre. Habría, según el Gobierno, un expreso interés de la industria en no vender lo que ya está fabricado.
Massa sostiene que bajar la inflación es un “objetivo patriótico” en el que deben converger además de los sindicatos, las empresas y el Gobierno. También la oposición.
Semejante desvarío alimenta la hipótesis de que el kirchnerismo va por todo. Porque una cosa es hacerse el distraído cuando el gremio de Camioneros bloquea una empresa, cuando el sindicato de la Alimentación impide a la gente entrar a trabajar –como pasó hace poco en la fábrica de snacks Danal– o cuando Suvico llega en patota con dos colectivos y corre a una cooperativa de vigiladores del Mariano Max de Valle Hermoso. El Ministerio de Trabajo deja hacer y avala en silencio esas prácticas. A veces, frena la Justicia si obra una denuncia penal de parte de la empresa. Otras veces, que son mayoría, gana el gremio con sus pretensiones extorsivas.
Pero lo que acaba de pasar ahora es diferente: el Gobierno legitima esas acciones patoteriles. El gremio de Camioneros entrará en masa, recorrerá las góndolas, husmeará en los depósitos y dispondrá acciones discrecionales según su parecer. Peligroso, porque no tiene poder de policía ni facultad delegada del Estado. Es más, ni el Estado podría arrogarse el derecho de entrar a un negocio y ordenarle al dueño vender su patrimonio al precio que el Estado disponga. Podríamos discutirlo en productos muy sensibles que hagan a la seguridad o la salud de las personas, pero no sobre los fideos o los discos de empanadas. Empoderar todavía más a Camioneros es un daño que será muy difícil revertir. ¿Quién los saca después? ¿Cómo?
Por eso parece que Massa abandonó toda apetencia de llegar a la orilla de 2023 de manera decente. Hasta ha hecho correr el rumor de que estacionará el auto hasta 2027: no se presentaría ahora para no perder y volvería en el turno siguiente, erigido como el mejor candidato del peronismo.
Por eso es que el daño va más allá del 100% de inflación, de una bola de Leliq de 11 billones de pesos, de tarifas reprimidas o de una hoja de metas dibujadas ante el FMI. De eso se trata la tierra arrasada: que no quede nada.
