Funcionarias del Gobierno nacional, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y sindicalistas del sector defendieron este martes el proyecto de ley para promover inversiones en la industria automotriz, que recibió las primeras objeciones de Juntos por el Cambio.
El debate, donde no faltaron cruces entre oficialismo y oposición, comenzó en un plenario de las comisiones de Industria y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que emitirían dictamen en la próxima reunión.
“Estamos muy cerca de tener un consenso muy amplio alrededor de este tema. Es un proyecto que tiene todos los elementos constitutivos para lograr una aprobación rápida”, vaticinó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
Sin embargo, desde Juntos por el Cambio plantearon observaciones al proyecto, que busca incentivar las inversiones automotrices a través de alivios fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias, y retenciones cero hasta el año 2031.
El porteño Martín Tetaz (Evolución Radical) y la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) cuestionaron que no se extiendan los mismos beneficios a otros sectores.
“¿Por qué no eliminamos todos los impuestos de las empresas que exportan? ¿Por qué solo a la industria automotriz?”, reprochó Tetaz, y subió la apuesta: “Este Congreso se ha convertido en un botín que vienen a buscar distintos sectores con sus distintos lobbys”.
Con otras palabras, Rodríguez Machado coincidió con Tetaz. “En un país donde el sector productivo está azotado por el Estado, por sus impuestos y su legislación, se toma como un logro que un sector obtenga los beneficios que hoy está logrando el sector automotriz. Pero el problema no es de un solo sector, es de la industria”.
El oficialismo rechazó el planteo. “Es mi cuarto período en esta Cámara y no me siento parte de ningún botín. No me banco más la desvalorización de los políticos”, sentenció Rosana Bertone, de Tierra del Fuego, una de las provincias interesadas en esta ley junto a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Julieta Lousteau, subsecretaria de Industria del Gobierno nacional, explicó que “no es una ley como para cualquier sector” debido a “las inversiones que estamos analizando, la importancia del sector automotriz en Argentina y la vinculación que tiene en materia de valor agregado, derrame en la industria autopartista y generación de empleo de calidad”.
También se metió en la discusión Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA, el sindicato de mecánicos. “Que otros sectores necesiten que se legisle su realidad es indiscutible. El tema es que hay que ponerse a laburar. Mi sindicato no hace lobby sobre nadie ni para nadie”, se defendió.
Por su parte, Luciano Laspina (PRO) advirtió que el proyecto “no incluye ningún incentivo pro exportación; la baja de retenciones, que habría que hacerlo para todas las industrias, es el único”.
El economista también recordó que este gobierno elevó la presión impositiva sobre la reinversión de utilidades con la ley que subió la alícuota de Ganancias del 25% al 35%, siendo “la más alta del mundo”. “Les crean un beneficio acá y se lo sacan con la otra ley”, lamentó.
Juntos por el Cambio también criticó la creación de un “Instituto de Movilidad” como un ente no estatal de articulación entre todos los actores de la industria, en lugar de generar una mesa de diálogo en el mismo Ministerio de Desarrollo Productivo.
Lousteau explicó que la nueva estructura no generará costos porque se financiará con impuestos ya existentes. Desde el oficialismo, Martínez también defendió la propuesta: “No le tengamos miedo a la institucionalidad del sector productivo”.
Hubo además otra crítica donde coincidieron oficialistas y opositores: que los beneficios de la ley no se extiendan a las agropartes, algo que fue expuesto por el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR) y el santafesino Roberto Mirabella (Frente de Todos).
Martínez recogió al pedido y finalmente, desde la Secretaría de Industria, Lousteau se comprometió a trabajar en otro proyecto que contemple exclusivamente a la maquinaria agrícola.
Defensa empresaria y sindical
Martín Galdeano, presidente de Ford y de ADEFA, fue uno de los principales expositores de la reunión, donde destacó que en Argentina operan “13 terminales automotrices, más de 600 autopartistas y más de 800 concesionarias” y que el sector genera “500 mil puestos de trabajo” directos e indirectos.
“Argentina está en un grupo de entre 25 y 30 países que producen automóviles con una escala superior a las 500 mil unidades”, afirmó, y agregó: “El 60% de lo que producimos se exporta, por eso la importancia de esta ley y de la competitividad para exportar”.
La presidenta de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos), Isabel Martínez, indicó que este proyecto es “complementario” a la ley de autopartes sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, que estableció un piso del 30% de piezas nacionales en la fabricación de vehículos.
Según explicó Galdeano ante una consulta de Laspina, “hoy hay cinco proyectos con un piso del 30% y algunos por encima del 40%, con lo cual esa ley claramente está funcionando”.
Desde la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Abel Furlán pidió “a todos los bloques que piensen en la posibilidad de sentar bases sólidas en esta industria”. La iniciativa también recibió apoyo de Claudio Pedreira (Textiles) y Juan Carlos Murúa (Plástico).
