Fue un sábado nublado y gris. Quedó en la historia. El 9 de julio de 1988, el Partido Justicialista eligió por primera y única vez su fórmula presidencial a través de una interna.
La compulsa entre Carlos Menem-Eduardo Duhalde contra Antonio Cafiero-José Manuel de la Sota fue un hecho inédito en el peronismo y en la política argentina, en un contexto institucional en el que las disputas para definir candidatos se transformaron en corrientes.
Aquella vez estaban en juego cargos electivos, candidaturas, y no cargos partidarios. Jamás el Partido Justicialista nacional resolvió en internas con participación de sus afiliados las autoridades partidarias en sus casi 80 años de existencia.
Por eso, en el hipotético caso de concretarse la disputa electoral entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela se trataría de hecho sin precedentes para el peronismo nacional.
Una larga lista de elementos separan los contextos entre aquella recordada elección entre Menem y Cafiero y esta probable entre Cristina y Quintela.
Primera cuestión. El interés por participar. Un par de antecedentes del clima de época de aquellos finales de los años ‘80 y mediados de los ‘90, que fueron definidos como la etapa de las internas.
El peronismo había sufrido una dura derrota en el regreso de la democracia en 1983 ante el radicalismo de Raúl Alfonsín, que había entendido y plasmado en su fuerza y en el país el valor de la participación ciudadana como elemento democratizador.
Nace así la llamada Renovación peronista, que tuvo a Cafiero y a Menem entre sus fundadores. La amplia victoria del PJ en las elecciones de medio término de 1987, en especial la de Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo ubicaban al exministro de Juan Domingo Perón como jefe de la oposición y casi como el presidente electo para la presidencial de 1989, en un país atravesado por una profunda crisis económica.
Pero Menem lo desafió. Buscó todos los no contenidos por Cafiero y los renovadores, tuvo una sólida alianza con sectores gremiales del peronismo más ortodoxo, fue de punto a una elección en la que el bonaerense era favorito y se la terminó ganando.
Los números
Aquel 9 de julio de 1988, cuando todavía no estaba definido el cronograma electoral nacional de 1989, estaban habilitados para votar sólo los afiliados peronistas. Había unos 4 millones en ese listado, de los que votaron casi 1.544.949 afiliados. Cerca del 40 por ciento.
El riojano ganó en 18 provincias, incluida la de Buenos Aires, gobernada por Cafiero. Obtuvo 833 mil votos (54%) contra 711 mil del bonaerense (46%).
Estaba casi cantado que el que ganaba la interna era el próximo presidente, como terminó ocurriendo. Elemento clave para entender el interés de participar.
Repasemos algunos números de la actualidad.
El PJ sigue siendo el partido con más afiliados pero todo el mundo coincide en que son cifras que están más que infladas.
Tiene unos 3 millones de anotados como adherentes ante la Justicia Electoral pero hay que tener en cuenta que eso incluye a los afiliados de distritos como Córdoba, donde las autoridades locales del justicialismo ya han dicho que no forman parte de la estructura nacional.
En 1988, eran 4 millones sobre 20 millones de electores totales del padrón nacional. Hoy son esos supuestos 3 millones de un padrón general de 35 millones.
A lo que debe sumarse el desinterés por los asuntos partidarios, la escasa movilización de cualquier estructura y que sólo estarían en juego cargos partidarios para una muy lejana e incierta disputa del poder nacional en tres años.
Antes de ir a la organización veamos otros números de internas para entender el clima de época de participación ciudadana. La UCR definió también por elección partidaria a su candidato presidencial, aunque en una disputa para nada competitiva. Se enfrentaron Eduardo Angeloz y el chaqueño Luis León, con amplio triunfo del cordobés en una votación en la que participaron 700 mil afiliados el 2 de julio de 1988, una semana antes que la famosa interna peronista
En noviembre de ese año, la Izquierda Unida fue a una interna abierta entre Néstor Vicente y Luis Zamora y participaron unos 140 mil votantes.
En 1995, el Frepaso fue a otra interna abierta entre José Octavio Bordón y Chacho Álvarez con medio millón de votantes.
En 1998, la interna de la Alianza entre Fernando De la Rúa y Graciela Fernández Meijide tuvo a unos dos millones de ciudadanos participando.
Quién organiza y fiscaliza
Otro punto clave tiene que ver con la organización de los comicios internos. Desde que existen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) desde 2009, las disputas electorales en partidos y alianzas son organizadas, financiadas y fiscalizadas por el Estado.
Las pocas votaciones que se hicieron antes de las Paso terminaron en escándalo.
Aquella interna del peronismo fue organizada por la Junta Electoral partidaria, cuando los partidos tenían una vida institucional que ahora no tienen, con el control de la Justicia Electoral Nacional.
El juez electoral de aquel entonces era Juan Fégoli que designó como veedor a León Carlos Arslanián, miembro del Tribunal que había condenado a las Juntas Militares de la dictadura y que luego fue el secretario de Justicia de Menem.
Todos los partidos tenían sus mecanismos internos aceitados para poner en marcha una maquinaria electoral en todo el país.
¿Hay plata?
El otro gran tema pasa por los recursos para organizar una elección así. Si el peronismo tiene 3 millones de afiliados, debería pensar en la logística de un 10 por ciento de una elección nacional. Eso es muchísimo dinero.
¿Cómo se financiaban aquellas internas de los ‘80 y ‘90?
Había un fondo especial del Ministerio del Interior para los partidos políticos más un aporte de cada afiliado que ocupaba un cargo público que le hacía tener a cada fuerza política recursos como para empezar con el armado.
Y había otros aportes estatales clave, como la cesión de las escuelas incluidos los gastos de limpieza y funcionamiento de esa jornada y el personal de seguridad.
En esta época de motosierra y ajuste no suena como muy probable tanta facilitación de recursos públicos para dirimir una interna sólo de cargos partidarios.
