El pasado 22 de diciembre, el fiscal federal Guillermo Marijuan le remitió a su par en Córdoba Maximiliano Hairabedian, de turno, una denuncia sobre 194 empleados públicos de la Provincia que vienen cobrando el plan Potenciar Trabajo.
Se trata de una investigación que abarca a todo el país, y que tiene datos de otras provincias también.
En el caso de Córdoba, la denuncia, que entró por sistema en Tribunales Federales y a la que tuvo acceso este medio, era por la “realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”.
Pero además, Marijuan advertía que podrían estar involucrados funcionarios públicos -de Nación y de Provincia- que por sus “acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes”.
A ellos, podría caberles la figura de “violación de los deberes de funcionario público”.
En la denuncia, además, Marijuan dice que incluyó la “nómina” de aquellos beneficiarios cordobeses del programa social de la Nación.
De todas maneras, La Voz pudo saber que esa documentación hasta el martes por la tarde no había llegado a la Justicia Federal en Córdoba.
La investigación
Marijuan explicó, en su denuncia, que a partir de otras investigaciones sobre el manejo del plan Potenciar Trabajo, y de versiones periodísticas, inició actuaciones en cada una de las provincias del país para saber si había empleados públicos que cobraban el programa.
Vale recordar que para cobrar el plan es requisito “no trabajar en relación de dependencia”, y si eso sucediera con posterioridad a la adjudicación del Trabajar, el mismo debe ser dado de baja.
En el caso de Córdoba, la investigación se inició el pasado 8 de noviembre, con “el objeto de verificar la posible existencia de incompatibilidades relativas” a empleados de la Provincia “figurasen en la base de beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo”.
Aquí aparece un actor importante: el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que es el organismo nacional encargado de “concentrar la información remitida por las provincias a través del padrón Único de Beneficiarios de todos los Programas Sociales”.
El Sintys “llevará a cabo la coordinación para la integración y el cruzamiento de los padrones de beneficiarios objeto de los convenios para la ejecución de los programas de empleo y sociales suscritos entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales”.
Marijuan, según consta en su denuncia, le requirió a gobernador Juan Schiaretti que pusiera a disposición de la titular del Sintys “la nómina de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier tipo de modalidad de vínculo laboral” para que cruzara esa data con el padrón de beneficiarios del Potenciar Trabajo “en poder del organismo nacional”.
La titular del organismo, Florencia Espinoza, cruzó los datos e informó a la Justicia “las coincidencias identificadas con el empleo provincial” que envió en un archivo de Excel.
Tal circunstancia ocasiona un grave perjuicio sobre las arcas del Estado Nacional, explicó el fiscal, que calculó -al día de hoy - en más de 8 millones de pesos cada cien casos irregulares; unos 15.520.000 en el caso de Córdoba.
Córdoba
Marijuan instó a la Justicia en Córdoba a que investigue “a quienes cobrarían ilícitamente el plan” pero además, le pidió al fiscal Hairabedian que deslinde responsabilidades de las autoridades nacionales y provinciales que “teniendo a beneficiarios como empleados públicos, debieron advertir tal situación”.
Consultada por este medio, una fuente del Gobierno de la Provincia, de amplio conocimiento en el manejo de datos, aseguró que era imposible para el Centro Cívico saber si existían empleados públicos que cobraban un plan de la Nación.
“El Sintys está destruido. Esa es la verdad”, afirmó además la fuente. “Por eso, es muy difícil saber hoy quiénes son los beneficiarios con el trabajo que vienen llevando a cabo desde hace años”.
En el caso de Córdoba, hay muchos casos de planes sociales provinciales que, en la previa de su adjudicación, recibieron el aporte del Sintys. Por ejemplo, el Primer Paso.
“No se le puede imputar nada a Córdoba porque las bases de datos del Potenciar Trabajo no se las dan a las provincias. Por eso, no se puede conocer si un empleado público provincial está como beneficiario del programa nacional”, aclararon.
La fuente además amplió: a Córdoba, el Gobierno Nacional nunca le dio las bases de datos de la AUH, de los Progresar ni de los seguros de desempleo, entre otros. “Nada”, dijeron.
Más allá de la responsabilidad de la Provincia, Marijaun pidió que los beneficiarios dejen de cobrar los planes.
Además, se le requirió a Martín Llaryora, “que informe todos los datos que posea relativos a los titulares del plan Potenciar Trabajo que a su vez se desempeñan bajo la órbita de su gobernación, en especial vigencia de la relación laboral, lugar de prestación, antigüedad, modalidad de la contratación laboral, etc”.
Y también, que aporte “el historial de remuneraciones percibidas por cada uno de los beneficiarios observados junto con copias de los recibos de sueldo correspondientes, a fin de verificar si allí figuran consignados montos en concepto del plan”.
A nivel nacional
Conocida la investigación de Marijuan, que fue anticipada por Infobae el lunes, desde el Gobierno nacional anunciaron que dará de baja los beneficiarios que además son empleados.
Según trascendió, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de 10 provincias que cobran el Potenciar Trabajo.
La irregularidad, según el cálculo de la fiscalía, generaba una erogación anual superior a los $ 7.000 millones.
