Sandra Ramajo Navarro es abogada matriculada en Italia y experta en derecho internacional privado y migratorio, con amplia experiencia en procesos judiciales en ciudadanía iure sanguinis, dio detalles de la nueva ley que entrará en vigencia en los próximos días y que pone en jaque el deseo de miles de argentinos.
Navarro es crítica sobre la decisión del gobierno italiano y explica un plan de acción contra la nueva enmienda.
“Es inconstitucional y se abrirá una vía judicial para luchar por las millones de personas a las que se les niega un derecho ya adquirido”, advirtió.
¿Se qué se trata? El congreso de Italia convirtió en ley el decreto de la presidenta Giorgia Meloni sobre ciudadanía. Esto significará grandes cambios en el alcance de quienes pueden solicitar la ciudadanía italiana.
“Es eliminar un derecho fundamental que ya había sido adquirido por millones de personas en el momento de su nacimiento”, expresó Ramajo, fundadora de un bufete internacional de abogados, con sede principal en Italia.
Para que entre en vigencia solo falta que sea publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente. Mientras tanto, lo que rige es el decreto que va en línea con lo aprobado en el Congreso italiano el martes.
Puntos claves y más restrictivos
Limitación en el linaje para la obtención de la ciudadanía italiana ius sanguinis a sólo dos generaciones (padre o abuelo).
La ley anterior (1992) no ponía límites en los ascendientes, por esta razón, muchos argentinos lograron acceder a la ciudadanía por un bisabuelo o tatarabuelo nacido en Italia. Ahora, solo aquellas personas que tienen un abuelo o padre nacido en Italia, podrán solicitar la ciudadanía.
Esto va acompañado de un importante cambio en el texto original: el condicionamiento de que el abuelo o padre posea, o poseía, exclusivamente la ciudadanía italiana.
La abogada Navarro explicó este punto: “Esto pone en jaque más gente que antes porque, por ejemplo, si el padre obtiene una doble ciudadanía, la italiana y la argentina (porque nació aquí), el hijo ya no podrá solicitar la ciudadanía por ese padre. En ese caso, se deberá averiguar si el abuelo no se nacionalizó antes de su muerte”.¨
La ley original decía que se reconocía como ciudadano italiano a los que tuvieran un ascendiente nacido en Italia, sin tener en cuenta la cantidad de generaciones que los separen de su antepasado.
La nueva presenta un recorte en el linaje y la exclusividad de la ciudadanía italina como requisito.
En el caso de los menores, hijos de personas reconocidas como italianos, también hay cambios en los plazos temporales para la inscripción.
Los nacidos antes del 28 de marzo tendrán hasta el 31 de mayo de 2026 para ser inscriptos y que sean reconocidos como ciudadanos italianos por la condición de su padre.
Los bebés que hayan nacido luego del 28 de marzo, tendrán un año a partir de su nacimiento para realizar o intentar realizar la inscripción del menor.
La abogada aclara: “De esta manera se salvaguardan los menores hijos de italianos reconocidos, que van a poder tener ese reconocimiento, pero con ese límite temporal de un año máximo para transcribir su nacimiento, porque sino van a quedar fuera¨. De lo contrario, la persona deberá realizar un trámite más largo, como aquel que solicita la ciudadanía ius sanguinis por un abuelo, por ejemplo".
Hubo un gran cambio comparado con la ley del ’92. “Antes no había un límite temporal para poder inscribir a los hijos menores, sólo el límite de la minoría de edad. Se contemplaba hasta los 18 años para anotar a un menor, para que no tuviera que hacer un trámite mayor, se anexaba a partir del reconocimiento de ciudadano italiano del padre y se lo reconocía automáticamente. No había que realizar ningún trámite, simplemente con la inscripción del menor era reconocido”, explicó la letrada.
Ciudadanía por residencia
La experta en derecho internacional advirtió una novedad: “Se facilitarán otras formas de tener la ciudadanía. El permesso di soggiorno específico para descendientes, ha sido aprobada en esta enmienda. Este permiso es una visa de trabajo y de residencia que va a permitir a todos los descendientes que tengan interés en vivir en Italia, ir de manera regular y vivir allí por dos años ininterrumpidamente y luego de ello, poder solicitar la ciudadanía italiana".
Este apartado de la ley va dirigido a descendientes de tercera generación que deseen obtener la ciudadanía italiana. “Como se les ha negado el derecho que tenían por sangre, se les permitirá regularizar su posición, si realmente tienen interés de venir a Italia, con este tipo de ciudadanía por residencia”, comentó la abogada.
En este caso no es catalogada como ciudadanía ius sanguinis, sino por residencia, es un tipo de ciudadanía diferente.
La residencia puede establecerse en cualquier parte del país, sin que sea necesario asentarse en el municipio de origen familiar.
Qué pasa con los que iniciaron el trámite
Hay algo concreto: aquellos que tengan turno asignado o el trámite a medio hacer podrán obtener la ciudadanía.
El decreto del 28 de marzo ya preveía todos los casos que estaban en trámite y a las personas que ya entregaron documentación. Estos casos están exentos de los cambios recientes y se les aplicará la ley anterior.
Ramajo Navarro explica que a los juicios iniciados antes del 28 de marzo y a los procedimientos en las comunas en Italia iniciados antes de ese día, se les aplicarán la ley anterior.
“Si antes del 28 de marzo solicitaste y te fue asignado el turno, aunque no hayas ido aún al consulado, y pienses ir de aquí a unos meses, o en un año, se aplicará la ley del 92, que no tiene ningún tipo de límite generacional. Para quienes obtuvieron su turno luego del 28 de marzo de este año, se les aplicará la nueva ley, con todas sus restricciones”, resume.
“Iremos a la Corte Europea si es necesario”
Para cerrar, Navarro se mostró firme y con un plan de acción: “Como abogados vamos a luchar para lograr que no sea aplicada y que la Corte Constitucional Italiana la declare inconstitucional. Esta nueva normativa elimina un derecho fundamental que fue adquirido por millones de personas al momento de su nacimiento”.
Además, explica que el proceso judicial no será corto y que se deberá esperar mínimo unos meses para recibir una primera respuesta de la Corte.
“No lo podemos dejar así, iremos ante la Corte Constitucional y con la Corte Europea si hace falta. Esperamos que se haga derecho en la cuna del derecho, en Italia no puede suceder esto”, cerró.
