La oposición cordobesa -que reclama que las causas de corrupción no tengan un fuero especial y que las denuncias se sorteen por mesa de entrada- advierte que la falta de alternancia le ha permitido al peronismo “colonizar” la Justicia.
El Gobierno provincial, a través del ministro Daniel Pastore, sale al cruce: “Que haya funcionarios investigados y condenados habla bien del funcionamiento del sistema. Si no sucediera esto, podríamos sospechar encubrimientos”, dice.
Sin medias tintas, Luis Juez compara al peronismo de Córdoba con el kirchnerismo: “Logró establecer en Córdoba lo que Néstor Kirchner me había dicho, jactándose, en 2005: que después de 20 años gobernando, desde el empleado de mesa de entrada hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia te deben la vida”.
Para el jefe opositor, “la continuidad de un modelo en el poder le permitió a Llaryora colonizar la Justicia”.
“Ya puso una vocal en el TSJ y seguramente irá por otra butaca en los próximos meses, con la salida de Luis Rubio y Luis Angulo. Con semejante manejo de poder, quien gobierna manejan los tiempos judiciales”, dice Juez.
“El caso más notable es el del Neonatal: hay una pantomima con las condenas que le piden a Diego Cardozo y a los funcionarios de ‘La Carrillo’. Manejaron los tiempos para sacar el juicio de la agenda política del 2023 y van a terminar el juicio fuera del período electoral. Nadie habló en 2023 de la responsabilidad de los funcionarios provinciales”, insistió.
Para el presidente de la UCR, Marcos Ferrer, “cuando se busca un patrón de los delitos de corrupción, este es la permanencia en el poder”.
“La no alternancia, estar demasiado tiempo en un lugar, hace que las personas se tomen al Estado como propio y se lo maneja de manera impropia”, dice Ferrer apuntalando la teoría de Juez.
“Se ha perdido la noción de la alternancia como valor”, insiste Ferrer, para quien “hay que dar un debate sobre la corrupción; es un desafío social”.
“La mayoría de la sociedad cordobesa pondera los hechos de corrupción y sabe a quién no votar. Pero hay una parte de la sociedad que se cree el relato de la ‘persecución’ o bien no le interesa, lo que es mucho más grave. Es un debate que debemos dar”, agrega Ferrer.
El Gobierno provincial
Desde el Gobierno provincial, el ministro Pastore refuta los argumentos de los opositores: “Nosotros no podemos garantizar que no haya funcionarios, policías o agentes penitenciarios delincuentes; pero lo que sí les garantizamos a los cordobeses es que acá no hay impunidad, que el sistema de controles republicanos funciona”.
“Que haya funcionarios investigados y condenados habla bien del funcionamiento del sistema judicial. Si no sucediera esto podríamos sospechar encubrimientos, y eso sería mucho más grave. En Córdoba, el que las hace las paga”, dice el encargado de la estrategia de comunicación del Gobierno.
“La mayoría por no decir todas las denuncias e investigaciones con funcionarios presos, condenados o imputados son realizadas por el propio Gobierno a través de alguna de sus dependencias”, agrega.
Al momento de devolver los golpes de Juez, Pastore dice: “Es rara la posición de algunos políticos, incluso periodistas que son críticos de la Justicia pero se montan sobre sus decisiones y sentencias para intentar criticar al Gobierno o a la propia Justicia cuando no hacen lo que ellos creen que deberían hacer”.
“Si hubiera alguna denuncia realizada por la oposición y llevara a descubrir y condenar un delito, lo celebraríamos”, asegura.
