“Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia”. La frase del fiscal federal Diego Luciani antecedió al pedido de 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, por considerar que fue “la jefa” de una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 benefició con la cesión de obra pública vial en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez.
Los fiscales afirmaron este lunes que la dos veces Presidenta de la Nación cometió también el delito de malversación de fondos públicos, por lo que pidieron el castigo de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El presidente Alberto Fernández manifestó su solidaridad con la vicepresidenta en un atípico comunicado en nombre de todo el Gobierno. También la llamó. Y trascendió que se reunirán próximamente.
Al cabo de nueve audiencias de alegatos, los fiscales Luciani y Sergio Mola elevaron al Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py el pedido de las penas contra los 13 acusados de un caso que definieron como “la matriz más extraordinaria de corrupción de los últimos 40 años”.
Al igual que a Cristina Kirchner, los fiscales pidieron 12 años de prisión para el empresario Báez, al que consideran “organizador de la asociación ilícita”. Para el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti se solicitó la pena de 10 años de prisión.
Según los fiscales, cada uno de ellos también fue “organizador” en la asociación ilícita. Para el resto de los acusados se pidieron penas de entre 3 y 6 años, salvo para Carlos Kirchner, exfuncionario nacional y primo de presidente Néstor Kirchner, a quien se lo absolvió por el delito de asociación ilícita, aunque se pidió una pena de dos años por fraude. Para los fiscales, todos los acusados deberán ser inhabilitados a perpetuidad para ejercer un cargo público.
“Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza”, dijo Luciani al cerrar los alegatos.
La acusación del fiscal Luciani
El fiscal disparó conceptos muy duros contra Cristina Kirchner. La acusó de defraudar “las expectativas de quienes la votaron” y de haber mostrado “desprecio hacia los ciudadanos, en especial de Santa Cruz”.
Antes de empezar la audiencia, Cristina Kirchner pidió ampliar su indagatoria. “Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia (inicial) de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, publicó en las redes sociales. Su abogado defensor, Carlos Beraldi, elevó por la tarde el pedido. “Se introdujeron cuestiones fácticas no debatidas en el juicio”, dijo Beraldi. El tribunal compuesto por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazó la solicitud.
Ante la negativa a su pedido, Cristina Kirchner anunció que hablará este martes a las 11 a través de las redes sociales: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019″, escribió.
Este lunes por la noche, militantes kirchneristas fueron hasta el departamento de la vicepresidenta en La Recoleta a darle su apoyo. Hubo en simultáneo otra manifestación de antikirchneristas que derivó en tumultos y forcejeos y que requirió la intervención de la Policía.
Las audiencias del juicio retoman el lunes 5 de septiembre con los alegatos de las defensas. Cristina Kirchner tiene el sexto turno. Se especula que a fin de año, el TOF 2 podría estar en condiciones de dar la sentencia.
Los números de la acusación
El fiscal Mola cerró su alegato con algunos números: estimó que el fraude al Estado en relación a las 51 obras investigadas en el juicio implicó más de cinco mil millones de pesos.
Los fiscales reclamaron el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, y también de Báez, De Vido, López y el resto de los acusados. “El decomiso del producto y provecho del delito”, dijo Luciani.
También pidió el decomiso de una docena de estancias compradas por la familia Báez. Sobre el destino de las sumas eventualmente decomisadas, Luciani sugirió que cumplan una “real función social”.
En sus consideraciones finales, el fiscal criticó al presidente Alberto Fernández por su “injerencia en el juicio”. Recordó que éste dijo que se había ido del gobierno nacional, en 2008, “por la corrupción en la obra pública”, pero después defendió “a su compañera de fórmula”.
Luciani acusó a Cristina Kirchner de encabezar una organización que cometió “actos de corrupción sistemática, que arrasaron con todos los principios de contratación pública”.
“La corrupción de la administración pública interpela a la política, pero también a toda la sociedad, no tiene fronteras ideológicas”
“Este grave caso debe marcar un antes y un después en materia de corrupción de la administración pública; después de 40 años la democracia tiene una deuda en materia de corrupción”, dijo el fiscal Luciani. También afirmó que “la corrupción afecta derechos humanos”, por perjudica “a los sectores más vulnerables”.
