El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso la ejecución patrimonial de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y los demás condenados en el caso Vialidad. Esta medida se concretó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal allanara el camino para avanzar en esta instancia.
El objetivo de la ejecución es que los nueve condenados respondan con sus respectivos patrimonios, de forma solidaria, hasta cubrir la suma exacta de $ 684.990.350.139,86 pesos, cifra fijada como resultado de la maniobra delictual comprobada en el expediente. El monto total que deben devolver a la sociedad entre la expresidenta y los demás condenados asciende a 685 mil millones de pesos.
Decomiso de 20 inmuebles de la familia Kirchner
Como consecuencia de esta decisión, la familia Kirchner perderá un total de 20 propiedades. El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, resolvió que el primer universo de bienes a ejecutar será aquel individualizado por el Ministerio Público Fiscal.
Dentro de las 20 propiedades, según informó el medio, se incluye un inmueble inscripto a nombre de la expresidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Los jueces del TOF 2 señalaron que este avance es una consecuencia inmediata de la condena por corrupción que obtuvo firmeza en junio de este año, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Respecto a los bienes en poder de sujetos no condenados, como Máximo y Florencia Kirchner, el TOF 2 delimitó que el decomiso sólo comprenderá los casos de terceros que hubieren recibido los activos a título gratuito. Esto se enmarca en la neutralización de los efectos patrimoniales de la conducta ilícita y la tradición histórica del sistema penal argentino, la cual busca impedir que el delito rinda beneficios.
Una decisión clave que tomó el Tribunal fue consolidar el lapso en el que se cometió el delito, lo que permite determinar qué bienes pueden ser alcanzados por el decomiso: aquellos incorporados al patrimonio entre 2003 y 2015, período que duró la maniobra delictiva.
El recorrido de los reclamos fallidos
La ejecución patrimonial se puso en marcha luego de que los condenados incumplieran con la intimación de pago voluntario. El 15 de julio, el TOF 2 había intimado a Cristina Kirchner, Báez, José López, Nelson Periotti y los demás, a que paguen el monto fijado como decomiso actualizado.
El valor actualizado de casi 685.000 millones de pesos se determinó a partir de la cifra original de 85.000 millones de pesos fijada en la sentencia condenatoria de diciembre de 2022, la cual fue actualizada por peritos contables de la Corte Suprema.
El Tribunal impuso un plazo de diez días hábiles para el pago. Como nadie depositó el dinero exigido en la cuenta correspondiente, se inició la instancia siguiente: la ejecución patrimonial.
La expresidenta había realizado varios intentos fallidos por evitar el avance de la Justicia. Entre sus reclamos, Cristina Kirchner rechazó la intimación al pago, desconoció el monto calculado por el cuerpo pericial contable de la Corte Suprema, y se opuso a que sea el TOF 2 el que procediera con la ejecución patrimonial, argumentando que debía intervenir el fuero Civil y Comercial. Todos estos reclamos fueron rechazados por el máximo tribunal penal, lo que habilitó al TOF 2 a avanzar en esta instancia.
Cabe recordar que la exmandataria ya cumple la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, estando presa e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
