La causa conocida como “Vialidad” entró en una fase decisiva: la Fiscalía que lleva adelante la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por un fraude al Estado calculado en casi 1.000 millones de dólares.
Al concluir la novena jornada de alegatos, el fiscal Diego Luciani formalizó el pedido de condena contra Cristina por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, a través del direccionamiento de la obra pública entre los años 2007 y 2015.
Además, el fiscal pidió también 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, quien se habría favorecido con la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz.
En tanto, para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, el fiscal solicitó una condena de 10 años.
Luciani también pidió el decomiso de los 5.321 millones de pesos que según el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, totalizan el fraude contra el Estado.
“Este es el producto del delito, que deberá efectivizarse sobre el dinero y los bienes que se encuentren cautelados en la medida que sean suficientes para alcanzar este importe”, precisó Luciani.
En esa línea, también solicitó que se decomisen los bienes y acciones de las empresas participantes en la asociación ilícita, y los activos de Báez y sus hijos. El fiscal pidió que esos fondos se destinen a “instituciones de bien público, para reparar el grave desequilibrio ocasionado por la comisión de estos delitos”.
“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, denunció Luciani en el final de su alegato, y tras advertir que “la corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado”, reclamó al Tribunal Oral Federal 2 que haya “una sentencia justa”.
Luciani señaló que “nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad” y agregó que Cristina, desde la Presidencia de la Nación, “empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”.
El fiscal afirmó que la actual vicepresidenta privilegió “su interés personal frente al interés público” y habló además de una “falta de arrepentimiento” respecto de su accionar.
El alegato de Luciani y Mola contra Cristina Kirchner
Cristina Kirchner solicitó ampliar su declaración indagatoria
Cristina solicitó ampliar su declaración indagatoria este lunes por la mañana al sostener que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, introduciendo elementos nuevos en la causa.
“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, anunció la titular del Senado a través de su cuenta de Twitter.
Además de Cristina, en la causa también hay otros 12 imputados, entre los que se encuentran Báez, De Vido, López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Las defensas de todos los acusados llevarán adelante sus alegatos desde el lunes 5 de septiembre, con tres jornadas para cada uno. El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, tendrá el sexto lugar, tras lo cual será el turno de la defensa de Báez.
En las últimas horas de este lunes, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos denunciaron un intento de “proscribir” a la vicepresidenta, a través de una campaña en redes sociales acompañada con el hashtag #TodosConCristina.
“Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina”, aseguró el ministro del Interior, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro”.
Asimismo, la CGT emitió un comunicado donde rechazó la “absurda calificación jurídica acusatoria” impulsada contra Cristina. “El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el peronismo”, aseveró la central obrera.
Causa Vialidad: 30 audiencias
Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar.
En esta causa se le imputa a Cristina Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.
Causa Vialidad: quiénes son los acusados
Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.
Causa Vialidad: qué dirán las defensas
Las defensas reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a proponer conclusiones equivocadas.
