Diego Luciani, fiscal de la causa conocida como Vialidad, comenzó este lunes su alegato en el juicio cuya principal imputada es Cristina Kirchner, líder del Frente de Todos. El funcionario judicial considera que la vicepresidenta es la jefa de una asociación ilícita y que durante los gobierno kirchneristas funcionó “dentro de la administración nacional” un sistema de corrupción integrado por altos funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias, no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, declaró Luciani al comienzo de su declaración.
La de este lunes fue la primera de las nueve audiencias en las que Luciani expondrá sus argumentos. Allí, el fiscal pidió que se reprodujera un audio con declaraciones vertidas por el Alberto Fernández el pasado 15 de febrero, cuando el presidente declaró como testigo. Aquella jornada, el titular del Ministerio Público Fiscal le consultó al jefe de Estado si conocía a Lázaro Báez y si sabía de las actividades ilícitas en que estaba implicado.
“Puedo contar en detalle el único diálogo que tuve: “Bueno días, mucho gusto’. Nunca más hablé. Y nunca más lo vi, nunca más lo crucé, nunca más lo vi en Casa Rosada. En los años de Néstor Presidente, iba con mucha frecuencia a Olivos y en mi vida lo vi al señor Lázaro Báez. No tengo idea”, expresó el presidente.
Sobre aquel encuentro, Fernández reconoció que se produjo en compañía de “Néstor”, el expresidente. “Néstor estaba terminando de hacer su casa y lo conocí a Báez en el parque porque estaba haciendo alguna obra allí en Calafate. Yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y ocurrió el diálogo que comenté”, añadió.
Luciani considera que esta declaración confirma que Néstor Kirchner y Lázaro Báez eran amigos, algo que fue mencionado por Cristina Kirchner durante el proceso indagatorio. El expresidente de Austral Construcciones, la empresa a la que se le adjudicaron muchos contratos públicos durante la presidencia de los Kirchner, está acusado y señalado como uno de los responsables principales de las maniobras delictivas.
“El propio doctor Alberto Fernández corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner, en el año 2003-2004, en Calafate, en circunstancias en que lo acompañó Néstor, que estaba terminando su casa y Lázaro Báez estaba allí en el parque”, declaró Luciani durante el primer día de alegatos.
Los abogados defensores de Cristina Kirchner, Julio de Vido y Lázaro Baez propusieron en el año 2018 que Alberto Fernández sea testigo en la causa. El exjefe de Gabinete aún no había sido elegido como presidente, lo que sucedió en mayo de 2019.
Qué se investiga en la causa de la obra pública
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de “Austral Construcciones”; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa, pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.
Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”.
La estructura de la maniobra se basó en una presunta “operatoria criminal”. La misma se conformó desde diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública” que tuvo como finalidad “la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”.
Ese conjunto de obras, el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional, terminó en manos del holding de Báez gracias a un esquema “de beneficios exclusivos”. La imputación sostiene que el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones kirchneristas”. Hay dos números que sustentan esto: su patrimonio creció un 12.000% y el de su empresa, un 46.000%, según los informes tributarios.
