El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 7 de la Capital Federal juzgará desde el próximo jueves a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, por liderar, organizar o conformar -de acuerdo a cada caso- una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.
El Ministerio Público Fiscal informó que estará representado por la titular de la Fiscalía General N° 5 ante los TOF, Fabiana León, junto al fiscal coayuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.
De acuerdo al cronograma fijado por el tribunal, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves mientras que, desde marzo de 2026, se añadirá una segunda jornada. Las audiencias se harán -salvo excepciones- de forma virtual a través de la plataforma Zoom -con acreditación previa para el público- y, algunas de ellas, se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
Cristina Fernández, en la cima
Oportunamente, tras la etapa de instrucción, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación que se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
Así, solicitó que la expresidenta Cristina Fernández (72) fuera a juicio como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, entre 2003 y 2015. Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.
Como organizadores de la asociación ilícita se señaló al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta (52); al financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens (74); y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Carmarco) y de la firma Esuco SA, Carlos Guillermo Enrique Wagner (82). Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Raúl Jaime (70).
El fiscal imputó, como miembros de la organización, a los exsecretarios de Obras Públicas y de Transporte de la Nación, José Francisco López (65) y Juan Pablo Schiavi (68) -este último en el tramo de los contratos ferroviarios-; el extitular del Órgano de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti (67); los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti (50) y Nelson Lazarte (47); el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello (57); y al chofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno (70). Además, por la concesión irregular de contratos ferroviarios imputó como miembro al exsecretario de Transporte, entre el 1° julio 2009 y el 7 de marzo de 2012, Juan Pablo Schiavi (68).
También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (80); al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola (60); y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando (50).
Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas (70); el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling SA y Vialco SA, Gerardo Luis Ferreyra (75); y el presidente de Vialco SA, Miguel Marcelino Aznar (75).
En el debate también se abordará la responsabilidad de algunos de esos funcionarios en diversos hechos de cohecho pasivo y admisión de dádivas -de acuerdo a cada caso- junto a la del exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina (57); el excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu (42); el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48); el exfuncionario y el exasesor -respectivamente- de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Hernán Gómez (48) y Walter Fagyas (54); y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río (48). Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez (53), por encubrimiento agravado.
Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) -accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) SA y Iecsa SA-, Enrique Menotti Pescarmona (83) -presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) Saicyf-; Aldo Benito Roggio (81) -presidente de Grupo Roggio SA y titular de Metrovías SA y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-; Benjamín Gabriel Romero (73) -titular de Hidrovía SA-; Rudy Fernando Ulloa Igor (65) -socio de la financiera Cumehue SA-; Armando Roberto Loson (78) -presidente del Grupo Albanesi SA-; Alberto Ángel Padoan (82) -integrante del directorio de Vicentin Saic y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-; los hermanos Carlos Fabián (57) y Osvaldo Manuel (56) De Sousa -presidentes de CPC SA y el Grupo Indalo- y Cristóbal Manuel López (69) -accionista y socio mayoritario de CPC SA y el Grupo Indalo-.
El caso
La investigación inicial surgió como un desprendimiento de la causa por las maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que causaron un perjuicio económico al Estado estimado en 5.523.345 dólares, y por el que ya fueron condenados en septiembre pasado el exministro De Vido y el exsubsecretario Baratta.
Posteriormente, en 2018, un periodista del diario La Nación se presentó ante el fiscal Stornelli y puso en su conocimiento que una fuente le había revelado que un chofer del Ministerio de Planificación Federal -que luego sería identificado como Centeno- había anotado los movimientos de Baratta y otros funcionarios que trasladaban bolsos con dinero, desde las sedes de distintas empresas constructoras, de transporte y proveedoras de servicios, a los despachos y/o domicilios de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
A raíz de ello, y de los testimonios vertidos por la exmujer de Centeno en el juicio por las irregularidades en la compra de GNL, Stornelli inició una investigación en la que determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
En base a las pruebas recabadas, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.
“Los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.
Para el Ministerio Público Fiscal, existía un sistema ilegal de recaudación con “dos canales totalmente independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”. Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos. La segunda rama estaba integrada por otros funcionarios, y por Clarens y Wagner. “Si bien los dos grupos tuvieron una actuación conjunta, aunque distinta, en cuanto a sus integrantes y a su implementación, ambos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”.
Además, en el devenir de la pesquisa, los funcionarios Uberti y López, el chofer Centeno, y los empresarios Aznar, Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Alberto Tasselli (79), Jorge Juan Mauricio Balán (68), Juan Carlos De Goycoechea (60), Claudio Glazman (62), Gabriel Pedro Losi (67), Marcela Edith Sztenberg (59), Patricio Gerbi (70), Héctor Javier Sánchez Caballero (70), Francisco Rubén Valenti (78), Jorge Guillermo Neira (73) y Rodolfo Armando Poblete (68), suscribieron los respectivos acuerdos -como imputados colaboradores- y brindaron información sobre las maniobras ilícitas investigadas.
Además, antes del inicio del debate, las defensas de 47 empresarios y de cuatro exfuncionarios efectuaron sus respectivas propuestas de reparación integral. En ese entonces, la fiscal general León opinó que debían rechazarse los ofrecimientos, ya que no se daban las condiciones para aplicar el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. En la audiencia donde fue tratado el planteo, León afirmó: “En esta fiscalía no se vende impunidad”.
A su turno, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, del TOF N°7, rechazaron las propuestas de reparación integral efectuadas, al entender que la oposición de la fiscalía era “vinculante para decidir sobre la procedencia del instituto”.
