El reclamo del empresario Euclides Bugliotti dio un paso judicial clave: el fiscal General Adjunto Pablo Bustos Fierro dictaminó a favor de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admite el expediente y se aboque a analizar la cuestión de fondo: si la ordenanza que declaró de interés municipal al Orfeo es constitucional o bien, como sostiene el desarrollista, atenta contra el derecho a la propiedad.
La Fiscalía General entendió que, ante la duda que "la falta de certeza jurídica" que genera la ordenanza impugnada, el pedido de Bugliotti resulta compatible con la finalidad de prevenir un perjuicio, según informó el diario Comercio y Justicia.
En ese marco, Bustos Fierro, como representante del Ministerio Público Fiscal en este caso, confirmó que hay un interés legítimo de parte del empresario, toda vez que la ordenanza que declaró de interés municipal el Orfeo podría afectar derechos subjetivos constitucionales, como ejercer el comercio y disponer de sus bienes.
El Grupo Dinosaurio "posee un interés suficiente y, en consecuencia, legitimación procesal para promover la presente acción declarativa de inconstitucionalidad", dice la resolución redactada en la relatoría civil del Ministerio Público Fiscal, y avalada por Bustos Fierro.
Días después de que fuera promulgada la ordenanza 13.097, que otorgó al superdomo Orfeo la categoría de "interés municipal", Bugliotti se presentó ante el TSJ para iniciar una acción declarativa de constitucionalidad, argumentando que la norma aprobada por Hacemos por Córdoba era "ilegal, arbitraria y carente de razonabilidad jurídica".
El largo escrito, de 72 páginas, Bugliotti sostiene que debe intervenir el TSJ porque la ordenanza sancionada, en caso de aplicarse, vulneraría derechos constitucionales, como el de la propiedad, el de ejercer el comercio, el de igualdad y el de trabajar.
Fiscalía
Ahora, la Fiscalía General sostiene que esa ordenanza podría generar "una falta de certeza" al propietario del Orfeo, por lo que considera oportuno que el TSJ se aboque al caso "antes de que las normas atacadas (por la ordenanza que declaró de interés municipal al estadio cerrado) hayan propagado sus efectos" sobre el Grupo Dinosaurio.
Al momento de la presentación, Bugliotti había solicitado que, de manera subsidiaria, se declara una medida cautelar para que no se le impida refuncionalizar el estadio de Alto Verde trasformándolo en oficinas o en un polo sanitario. Sin embargo, para Bustos Fierro esta solicitud no debería ser atendida por el TSJ.
Como se recordará, en su pedido de inconstitucionalidad, Bugliotti hizo reserva de iniciar acciones civiles contra los concejales y el intendente Martín Llaryora por daños y perjuicios si la Municipalidad mantiene su negativa a autorizarle a avanzar con negocios y/o proyectos inmobiliarios en el predio del estadio cubierto.
Ante el TSJ, Bugliotti sostiene que la Municipalidad le impidió ejercer sus derechos y que la ordenanza que declara de interés municipal el Orfeo es extemporánea, ya que fue impulsada por el poder político luego de que él iniciara el trámite administrativo para la demolición de la estructura y el cambio de destino del lugar.
