El escándalo que envuelve a Guillermo Kraisman, ahora exfuncionario municipal y dirigente del PJ Capital, por el robo de mercadería en un supermercado, tiene impacto político en el oficialismo provincial.
El hecho de alto impacto mediático –incluso en medios nacionales–, por tratarse de un funcionario municipal y dirigente peronista de la Capital, se produjo en un momento de incipiente discusión interna en el oficialismo provincial por la supuesta “desperonización” del PJ cordobés.
Hay una estrategia acordada entre el gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti, los dos líderes del PJ local, de impulsar la creación de un nuevo espacio político nacional, moderado y de centro, sin hegemonía del peronismo.
Tanto Schiaretti como Llaryora están convencidos de que el impacto de la irrupción de Javier Milei, un outsider de la política que llegó al poder sin un aparato por detrás, es la confirmación de la degradación de los partidos tradicionales.
Schiaretti está trabajando de lleno en la conformación de un nuevo partido a nivel nacional (Hacemos), que antes de fin de año tendría el reconocimiento en la Justicia electoral en 14 provincias, entre ellas, Córdoba.
Esta estrategia nacional del exmandatario tiene el total respaldo del gobernador Llaryora, que impulsa el “partido cordobés”, como una nueva expresión multipartidaria a nivel provincial.
Es pública y evidente la coordinación política entre Schiaretti y Llaryora, que en sus discursos hace tiempo dejaron de hablar del movimiento que fundó Juan Domingo Perón.
Aunque por el momento sus movimientos son con bajo perfil, el propio Schiaretti solía argumentar sobre su alejamiento del PJ.
“El partido fue colonizado por el kirchnerismo, y mientras esto ocurra, ahí no estará el peronismo de Córdoba”, repitió el año pasado, durante la campaña presidencial, cada vez que le preguntaron por su distanciamiento del peronismo, cuando fue candidato presidencial por Hacemos por Nuestro País, un frente por fuera de la estructura oficial del PJ nacional.
Mancha venenosa
En este contexto, con la detención de Kraisman, ningún funcionario provincial o municipal quiere hablar de manera pública sobre este caso que impactó en el oficialismo cordobés. Todas las referencias sobre el tema son en privado, o en estricto off the record, sin revelar la fuente, en lenguaje periodístico.
Casi como el juego de la mancha venenosa, los funcionarios y dirigente peronistas evitan opinar en público sobre el caso Kraisman, un puntero peronista de la seccional 12 de la ciudad de Córdoba que hasta la siesta del sábado pasado era director de Asuntos Comunitarios de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, que conduce Héctor “Pichi” Campana.
Cuando se conoció la noticia de la detención de Kraisman, la rápida destitución del funcionario resuelta por el intendente Daniel Passerini no apagó las secuelas políticas del escándalo.
Las primeras consecuencias las pagaron el propio intendente y el gobernador Llaryora. El lunes pasado, lanzaron uno de los proyectos más ambiciosos entre la Provincia y el municipio capitalino: el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Córdoba (Sitramco), el “transporte metropolitano”, como lo denominan, para abreviarlo, los funcionarios provinciales y municipales.
Fue una de las propuestas de campaña entre el entonces candidato a gobernador e intendente capitalino, cuyo lanzamiento quedó eclipsado por la detención del dirigente peronista y funcionario municipal.
Tanto que Llaryora y Passerini evitaron hablar con los medios en la presentación de la nueva propuesta para el transporte público de pasajeros, convencidos de que las preguntas de los periodistas iban a estar apuntadas al caso Kraisman, en ese momento ya flamante exfuncionario municipal.
Discusión interna
Los oficialistas evitan hablar en público de esta situación, pero en el Centro Cívico algunos funcionarios llaryoristas apuntaron al PJ Capital por la situación del dirigente peronista caído en desgracia.
“Por dirigentes como este (en referencia a Kraisman), el peronismo tuvo que esperar a que viniera alguien del interior como Llaryora para que ganara en la Capital”, argumentó un funcionario cercano al gobernador.
La misma fuente llaryorista aprovechó para remarcar el nuevo rumbo que el gobernador quiere darle al oficialismo provincial.
“El ‘partido cordobés’ es la búsqueda de los mejores dirigentes, sin distinción de banderas partidarias, con experiencia probada de gestión, que trabajen en conjunto para mejorar la realidad de los cordobeses”, reafirmó el funcionario provincial, en una definición edulcorada sobre el perfil del nuevo espacio oficialista.
Al menos de manera pública, no hay autocrítica entre los peronistas por el caso Kraisman. Por lo bajo, se intenta calificar como un “caso aislado” y de “inconducta personal” la situación del dirigente capitalino.
Kraisman no surgió de un repollo. Ocupó distintos cargos públicos y trabajó en todas las campañas en estos 25 años de gestiones provinciales peronistas.
Tampoco surgieron voces de autocrítica en la cúpula del PJ Capital, que desde hace una década conduce la senadora nacional Alejandra Vigo, con el aval de Schiaretti y ahora de Llaryora.
En el oficialismo provincial y de la Capital, quieren dar vuelta rápido la página del caso Kraisman.
En una lectura al menos llamativa, llaryoristas y schiarettistas creen que el escándalo refuerza el intento del gobernador y de su antecesor de ampliar las bases del oficialismo cordobés con la incorporación de dirigentes radicales, del PRO y vecinalistas.
Es un modo de admitir, desde el entorno de ambos referentes provinciales, que en el PJ local hay una discusión sobre la “desperonización” del oficialismo cordobés.
