Lo que está ocurriendo en Chaco constituye otro abuso más de poder en una provincia del norte del país. Entre las principales caudas de la degradación institucional, están los incentivos que generan la coparticipación y las transferencias nacionales a provincias. ¿Tiene sentido seguir sosteniendo la coparticipación?
El caso de Chaco tiene preocupado a todo el país. En medio de la conmoción por el supuesto crimen de Cecilia Strzyzowski, llama la atención los vínculos con el poder de la familia acusada. Se trata de alguien que surgió como líder en un movimiento piquetero, estableció conexiones políticas con el Gobierno provincial y administraba una gran cantidad de fondos públicos. Además, en una de sus propiedades, se sospecha que tuvo lugar el asesinato de un familiar cuyos restos fueron posteriormente incinerados.
No es la primera vez que sucede un abuso de poder en una provincia del norte del país. Recuerda, entre otros casos, al de María Soledad Morales en 1990 en Catamarca, los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el gobernador actual de Formosa durante su manejo de la pandemia y el supuesto asesinato de un ministro en Catamarca a fines del año pasado.
Los abusos de poder que suceden en las provincias del norte están ligados a cómo se reparten los recursos fiscales en Argentina. Particularmente nociva es la coparticipación federal de impuestos, por los incentivos que genera.
La coparticipación genera malos incentivos
La coparticipación federal de impuestos es el mecanismo a través del cual el Estado nacional recauda la mayor parte de los impuestos del país (85%) para luego distribuirlos entre el nivel nacional y el conjunto de las provincias. Implica una enorme concentración de recursos y de poder a nivel central, que es incompatible con la lógica de un régimen federal, y genera muy malos incentivos a las provincias.
Los gobernadores reciben la coparticipación independientemente de la contribución que cada uno hace al desarrollo del país. Peor aún: esto no sólo no estimula el esfuerzo productivo local, sino que genera poderosos incentivos al malgastar el dinero que reciben desde el nivel central.
Las provincias del norte del país reciben casi un 80% más de recursos por parte del Estado nacional que los que aportan. Este flujo de transferencias se presenta en el discurso político como una muestra de solidaridad de las regiones más prósperas hacia las más desfavorecidas.
Sin embargo, las pruebas evidencian que la centralización de los recursos fiscales, seguida de su redistribución como “cheque en blanco”, resultan en un deterioro económico y en una grave degradación institucional en las provincias del norte que se benefician de estos fondos.
La coparticipación genera incentivos para que las autoridades locales malgasten fondos y abusen del poder. La degradación política e institucional que se ha evidenciado en Chaco no es un caso aislado, sino una consecuencia de los incentivos distorsionados que surgen del régimen de coparticipación.
Redefinir incentivos
La coparticipación atrasa y lo hace con particular ensañamiento contra las regiones más pobres del país. Aquellos que reciben mayores sumas de dinero a través de la coparticipación se ven tentados a utilizar esos fondos para aumentar la cantidad de empleados públicos y realizar acciones clientelares con el fin de perpetuarse en el poder.
El fracaso resultante no debería sorprendernos. No es simplemente una cuestión de mala suerte que las provincias más pobres estén dominadas por regímenes políticos que parecen feudales. La coparticipación es lo que corrompe el sistema político.
La forma más directa de cambiar estos incentivos negativos es eliminar la coparticipación, para volver al esquema originalmente establecido en la Constitución Nacional. No centralizar plata para después distribuirla, sino distribuir las fuentes tributarias.
Bajo este esquema, el Estado nacional debería financiarse a través de impuestos sobre el comercio exterior, los ingresos y la seguridad social y las provincias en relación con la producción, el consumo y los patrimonios de sus ciudadanos.
Es decir, que su desarrollo dependa de su esfuerzo y no de lo que reciba por coparticipación o por “generosidad” de los funcionarios nacionales en la distribución discrecional de fondos. Para contemplar la situación de las regiones más atrasadas, la coparticipación –como instrumento de redistribución geográfica– debe ser sustituida por un fondo de convergencia, que garantice un piso de recursos y otorgue ingresos adicionales en la medida en que las provincias cumplan con avances concretos en el desarrollo local.
* Economista de Idesa
