El ministro de Economía, Luis Caputo, participa esta semana de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) en Washington, ocasión en la que mantendrá contacto la cúpula del organismo en medio de una relación que no termina de encarrilarse.
El jefe del Palacio de Hacienda partió en la noche del domingo acompañado del presidente del Banco Central, Santiago Bausili y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
La agenda oficial de la comitiva contempla participaciones en el Asamblea General de Gobernadores, en reuniones del G20, y en otras actividades referidas al calendario del encuentro, pero lo relevante pasará por los resultados que obtenga en las reuniones privadas.
En el entorno del ministro retacean la información sobre esa agenda. No quieren generar falsas expectativas ante el riesgo de que retorne a Buenos Aires con las manos vacías.
En las últimas semanas el FMI le concedió dos pedidos a la Argentina. El primero fue de carácter particular al desplazar al chileno Rodrigo Valdés de la jefatura del caso argentino. El segundo fue de carácter global con el recorte de los sobrecargos sobre préstamos, que en el caso del país significa un ahorro de U$S 400 millones en 2024 y de casi U$S 3.000 en la aplicación del programa en curso.
Pese al guiño que significó la salida del Valdés, la relación entre la Argentina y el FMI no se modificó en forma sustantiva.
El Gobierno argentino lo acusó de demorar algunas negociaciones, que tampoco parecen haberse activado en este tiempo.
Por estos días el staff técnico del FMI continúa realizando la octava y novena revisión del acuerdo vigente, cuya finalización derivará en un desembolso de U$S 1.200 millones ya estipulados en el programa.
Será la última auditoria correspondiente a la negociación que cerró en 2022 el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y luego queda por delante el inicio de nuevas tratativas para definir como continuará el pago de los U$S 43.000 millones adeudados.
Tal como se había diseñado el acuerdo, durante 2025 Argentina deberá pagarle al FMI unos U$S 3.000 millones, divididos casi en partes iguales en cada uno de los semestre del año. Una cifra que no sería difícil de pagar si el país puede regresar a los mercados voluntarios de deuda y, por ejemplo, refinanciar las obligaciones con los privados. La deuda total que el país debe afrontar el año próximo supera los U$S 23.000 millones.
La revisión que se está ejecutando no representa riesgo alguno dado que todas las metas estarían cumplidas, incluso la de acumulación de reservas ya que el trimestre agosto-octubre cierra con números mejores a los previstos.
Las diferencias se mantienen en algunas medidas tomadas por el Gobierno argentino que no son digeribles totalmente por el staff del organismo.
El punto de mayor discrepancia es el tipo de cambio. Más allá de que no fue dicho en forma explícita, está claro que el FMI no está dispuesto a aceptar ninguna negociación que implique el desembolso de dólares que puedan “fugarse” para sostener el actual precio de la divisa.
Si bien este contrapunto es desmentido insistentemente por ambas partes, la realidad lo convalida. “No le vamos a entregar dólares para ‘darle salida’ al sistema financiero”, es, con la jerga del mercado, palabras más palabras menos, lo que dicen en los pasillos de Washington. Nadie olvida lo que sucedió con buena parte de los U$S 44.000 millones otorgados en 2018.
Pero además actualmente el actual valor del dólar es apuntalado por la intervención del Banco Central en el Contado con Liquidación, medida con la que tampoco comulga el FMI.
Por tanto, con este esquema es muy difícil que el organismo liderado por Kristalina Georgieva acepte firmar un nuevo programa que incluya el giro de dólares frescos.
La estrategia del Gobierno nacional estaría centrada en un triunfo de Donald Trump en las próximas elecciones que termine torciendo el brazo del organismo.
El hecho de que los vencimientos en 2025 con el FMI sean accesibles puede dar cierto margen de tiempo para encarar las negociaciones en el primer trimestre del año próximo.
La alternativa es que el Gobierno alcance el escenario deseado para poder levantar el cepo cambiario y la liberalización del mercado, lo cual simplificaría las conversaciones.
De todas maneras, dada la actual coyuntura económica y política el viaje de Caputo puede transcurrir como una participación institucional sin demasiados logros concretos, más allá de las fotos de rigor en medio de abrazos y sonrisas.
Quien puede adquirir un rol trascendente en este viaje es el viceministro José Luis Daza, de larga carrera en Estados Unidos y con aceitados vínculos con organismos internacionales.
Según trascendió, la intención de Caputo es delegarle la responsabilidad del diálogo con el FMI.
