Con la presencia de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba y sólo tres opositores se dio este viernes el debate en comisión del proyecto de ley que establece cambios en la modernización y atribuciones del Tribunal de Cuentas. El oficialismo respondió a las críticas de los tribunos electos de Juntos por el Cambio, los que denunciaron que esta propuesta busca recortar el poder de este organismo, que desde diciembre quedará en mayoría en manos del juecismo.
En la primera reunión en comisión sobre el proyecto, que podría ser tratado en una segunda instancia el lunes próximo y aprobado por la mayoría la sesión del miércoles 15, algunos legisladores justicialistas salieron al cruce de los parlamentarios radicales y de los tribunos juecistas electos, que habían denunciado este jueves que el proyecto “se trata de un golpe institucional” y exigieron que sea retirado de su tratamiento. También habían advertido que no participarían en la discusión.
Sólo los legisladores opositores Álvaro Zamora Consigli y Amelia Moscoso (Encuentro Vecinal) y Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) estuvieron en la reunión de comisiones.
Críticas por la no asistencia de la oposición
“Este proyecto no busca restarle poder al Tribunal de Cuentas, todo lo contrario. Aquí no hay ninguna pretendida impunidad. La digitalización viene a contribuir a la transparencia de los actos de todos los órganos de poder y hay que marchar hacia eso para que la ciudadanía pueda conocer cuántos cafés o cuántos taxis se toma un asesor o un legislador. Con este proceso de digitalización, la ciudadanía puede saber cómo funciona el Tribunal de Cuentas”, expresó Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura y una de las autoras del proyecto.
“Se va a agregar transparencia, tecnología, digitalización, se agrega todo lo que tiene que ver con adaptar esta ley que proyecta el Tribunal de Cuentas a los tiempos que vivimos. Me parece realmente una total irresponsabilidad por parte de todos los legisladores que, a través de los medios de comunicación, confundieron a toda la población, por qué no están para debatir”, expresó Leonardo Limia, presidente del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba.
A lo que el presidente provisorio de la Legislatura, Francisco Fortuna, también sumó: “Hay personas que entran en el juego de opinar sobre esta ley y que tienen la más absoluta ignorancia”, indicó. Reprochó que emiten opiniones sin fundamento en los medios, pero no hacen los planteos donde corresponde.
Entre los pocos opositores presentes, Zamora Consigli fue el más crítico al cuestionar la urgencia del oficialismo en el tratamiento del proyecto. Pidió que se debata con otras instituciones, incluso con los propios tribunos.
“Si no hay ningún apuro y no hay nada que esconder, con más razón esta ley se merece que le demos el tratamiento ordinario que corresponde. Es un órgano constitucional, en honor a la institucionalidad que Córdoba tiene y ya que estamos en una transición, ¿por qué no escuchar a los tribunos e instituciones?”, ironizó el legislador de la oposición.
La oposición denunció “atropello institucional”
En un comunicado firmado por los radicales Marcelo Cossar, Elisa Cafaratti, Daniela Gudiño, Marisa Carrillo, Verónica Garade Paneta y Patricia de Ferrari; junto con Cecilia Irazuzta (bloque Independiente), que integran las comisiones en las que se abrió el debate, denunciaron que el proyecto de ley es un “atropello” institucional, y aseguraron que el oficialismo buscará recortarle atribuciones al Tribunal de Cuentas, ya que dos de los tres integrantes de este órgano responden al juecismo.
“No participamos de la reunión conjunta de estas comisiones donde se trata el proyecto de ley que modifica las naturales funciones de control del Tribunal de Cuentas porque no convalidamos el atropello institucional que representa para la ciudadanía de Córdoba y para la democracia, el literal vaciamiento de las competencias de un órgano de jerarquía constitucional, violentando las garantías de transparencia y control de los actos de gobierno”. expresaron. También reiteraron el pedido que el proyecto de ley sea retirado del tratamiento.
El senador Luis Juez se metió en la discusión y también habló de “golpe institucional”.
“Sí, es un golpe porque este año los cordobeses eligieron que Juntos por el Cambio controle a los distintos poderes del Estado dándole la mayoría en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, legisladores del Partido Justicialista presentaron un proyecto que lisa y llanamente vacía de competencias al Tribunal de Cuentas”, dijo en una carta dirigida a Juan Schiaretti.
Punto por punto algunos de los cambios
De acuerdo con el proyecto oficialista, que establece la derogación de la ley 7630, del año 1987, quedan excluidos del control preventivo, salvo expreso pedido de la administración, un total de 10 actos especificados en el artículo 19. En total se establecen cambios en 24 artículos. En lo que hace al artículo 19, se fijó no ser materia de verificación:
· Retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia.
· Aportes a institutos privados de enseñanza.
· Fondo Nacional de Incentivo Docente.
· Convenios de pasantías.
· Servicios profesionales prestados por personas humanas que tengan autorización del Ejecutivo.
· Los actos que autoricen gastos que por razón del monto puedan efectuarse por contratación directa.
· Los actos administrativos que dispongan gastos en conceptos de subsidios o ayudas económicas cuando el importe sea de hasta cinco veces el índice 1 por la Ley de Presupuesto General.
· Los actos que autoricen contrataciones con organismos del Estado, Sociedades de Economía Mixta y toda otra persona jurídica en las que tenga participación el Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales.
· Los actos administrativos dictados por los funcionarios del Ministerio de Salud.
· Gastos en combustible en vehículos de flotas oficiales.
· Compra de pasajes aéreos para viajes oficiales al exterior.
· Gastos por tasas, impuestos y servicios, incluidos honorarios, flete y gastos operativos de aduana asociados a la importación de repuestos para la flota de aeronaves provinciales.
· Ajustes por variación del tipo de cambio por contrataciones con actos administrativos previamente visados.
· Demás actos que así disponga el Tribunal de Cuentas.
