El Poder Ejecutivo envió a los gobernadores un nuevo borrador de la “ley ómnibus” como punto de partida para volver a negociar en el Congreso tras el fracaso del primer intento a principios de febrero.
El nuevo texto de la “ley ómnibus” girado a los gobernadores comprende 177 páginas en las que se despliegan 269 artículos divididos en 11 títulos. Se trata de una nueva versión de la iniciativa, más corta: tiene 400 artículos menos que los 664 que contenía el texto original.
Entre los temas a tratar, similar al proyecto original, se encuentran las emergencias y delegación facultades para el Poder Ejecutivo, una reforma del Estado, artículos sobre la consolidación de deuda, desregulación económica, defensa de la competencia, y el Régimen de incentivo para grandes inversiones.
El primer artículo establece la declaración de la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”, período en el que el presidente Milei tendría facultades especiales.
Además, se incluye en el paquete de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina, mientras que Aysa, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, Sofse (la operadora de trenes metropolitanos), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio los cataloga dentro de la opción “privatización/concesión”.
En cambio, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. No hay empresas nacionales cordobesas en el listado.
En este punto, el Gobierno subraya que el proceso de privatización “deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, máxima publicidad y difusión”, informó la agencia Noticias Argentinas.
Varios son los cambios que introduce en la Ley de Contrato de Trabajo, como establecer la obligatoriedad del “descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga”, algo que profundizará el conflicto con el sindicalismo.
Paquete fiscal
Por otro lado, la Casa Rosada también hizo circular entre los gobernadores y los diputados y senadores nacionales un borrador en el que se encuentra el paquete fiscal. Se trata de otro documento de 115 páginas, 119 artículos y siete títulos.
En algunos artículos implicará un alivio fiscal a las provincias por la vía de una mayor coparticipación, como por ejemplo la restitución del pago de Ganancias para unos 800 mil empleados.
Para justificar el retorno de la cuarta categoría de Ganancias, eliminado a fines de 2023 por Sergio Massa, el Poder Ejecutivo planteó que “ese impuesto es el tributo de mayor progresividad.
“Se propone modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias para alcanzar, a través de alícuotas progresivas, una carga tributaria que permitirá al Estado recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre de 2023 sin dejar de lado los elementos rectores del tributo en cuestión: la valoración de la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto a los ingresos para que, mientras mayor sea el resultado económico de un contribuyente, mayor sea su contribución”, explica el proyecto.
Según lo estipulado en el articulado de ese capítulo de la ley, los ingresos alcanzados serían los sueldos mensuales a partir de 1,25 millones de pesos, es decir la misma cifra que se planteó en la primera versión de la Ley Ómnibus, que se debatió entre diciembre y enero.
Las escalas de monotributo pasarían a ser, de acuerdo al paquete fiscal, de un máximo de ingresos de 3 millones anuales (unos 250.000 pesos mensuales) para la categoría más baja; para la categoría B un tope de 4 millones anuales (333.333 pesos mensuales); para la C un máximo de 5,5 millones por año (458.333 mensuales); para la D un techo de 7,5 millones anuales (625 mil por mes).
Por otro lado, la ley determina que tendrán esos montos actualización trimestral.
“Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente (...) se actualizarán trimestralmente a partir del mes de abril del año fiscal 2024, inclusive, por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, reza el artículo 52°.
Respecto de Bienes Personales, el proyecto prevé una reducción de alícuotas, tal como lo estipulaba la versión anterior.
