El Ministerio Público Fiscal se apresta a aplicar un cambio operativo que parece sencillo pero es profundo: se trata de un nuevo diseño del esquema de trabajo de las Fiscalías de Instrucción, las Unidades Judiciales (UJ) y las dependencias de la Policía Judicial de cada distrito de la ciudad de Córdoba. Según lo informado, el objetivo de esa reorganización es que cada uno de los 23 fiscales trabaje en un territorio y con una Unidad Judicial de modo permanente.
Desde hace décadas, la Capital tiene cuatro distritos, y en cada uno de ellos hay cinco o seis fiscales de instrucción que actúan por turnos semanales. A su vez, el territorio de cada distrito se subdivide en zonas, cada una de las cuales tiene su UJ para la recepción de denuncias. En cada turno cada fiscal trabaja en simultáneo con todas las UJ de ese distrito. Finalizado el turno, la fiscalía continúa trabajando los casos no resueltos con esas UJ, pero estos equipos a su vez deben seguir trabajando con la fiscalía entrante en el turno y con las otras fiscalías del distrito que tienen casos pendientes de resolución.
“Ese sistema funcionó con eficiencia por décadas, pero con la ampliación del número de fiscalías y UJ llegó a un nivel de complejidad tal que dejó de ser eficaz y genera una falta de orientación, porque el modo de trabajar de cada fiscal es diferente y los equipos de las UJ alternativamente dependen de cinco o seis fiscales distintos. Eso va a cambiar: cada fiscal va a trabajar con su unidad judicial, en un equipo integrado que evite superposiciones y facilite la coordinación”, explicó Juan Manuel Delgado, fiscal general de la Provincia y máximo responsable del plan de acción del Ministerio Público.
La reorganización en marcha no supone más personal en las fiscalías. Según Delgado, se apuesta a fortalecer el rol del fiscal en relación a su unidad judicial y a los problemas de la comunidad.
“El cambio apunta a que conozcan la realidad de su unidad judicial, que haya un sentido de pertenencia al territorio y a la institución, además de concentrar recursos y esfuerzos en un objetivo territorial para tener más poder de fuego: hoy cada fiscal tiene seis objetivos en simultáneo por el sistema de turnos”, indicó.
El punto que se resaltó con mayor insistencia es el de la proximidad de los fiscales con el territorio. “Lo que impulsamos en la presencia directa del fiscal en un territorio más acotado, de modo de garantizar un conocimiento más profundo de la problemática penal de su zona, porque cada territorio es diferente, y la conflictividad penal en Córdoba está bien fragmentada”, indicó Delgado.
El titular del Ministerio Público Fiscal expuso el proyecto a La Voz junto a sus adjuntos Betina Croppi, José Antonio Gómez Demmel y Pablo Bustos Fierro. También participaron de esa presentación el titular del Superior Tribunal de Justicia, Domingo Sesin y el vocal Luis Angulo, quienes dieron expreso apoyo a los cambios que buscan “fortalecer la presencia de los fiscales en el territorio y elevar la eficacia de la persecución penal”.
Todos recalcaron, además, el respaldo del Poder Ejecutivo, que en lo inmediato se traduce en una ampliación en un 20% de la dotación de personal de las UJ, para atender los reclamos por las demoras que padecen quienes concurren a realizar denuncias, en especial los fines de semana.
La reorganización territorial comenzará a la brevedad y de manera progresiva, para completarse en un lapso de tres meses. Se trata de uno de los puntos salientes del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026, es decir, la gestión del actual fiscal general.
“Las Unidades Judiciales son la presencia más cercana del Ministerio Público en la sociedad. Son estratégicas y por esa razón las dotamos de tecnología. Sumamos turnero digital, denuncia web, denuncia por Cidi nivel 2 que no requiere que el denunciante vaya a registrar su firma. Ahora pasamos a otra etapa con la asignación permanente a una fiscalía”, indicó Bustos Fierro.
Las autoridades del Ministerio Público aceptan de antemano que los cambios tienen resistencia de algunos fiscales. “Lo que tenemos claro en a Fiscalía General es que no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos un resultado diferente, sino cambiar los métodos y las formas de trabajo. La capacidad de adaptación a las necesidades de la comunidad no debe ser solo un discurso, puede haber resistencia de algunos fiscales, pero la decisión es firme”, indicó Delgado.
Sistema integral de flagrancia
El proyecto de reordenamiento territorial del trabajo de los fiscales de instrucción y UJ se complementa con otras dos decisiones del Ministerio Público que avanzan de modo simultáneo: por un lado la construcción del Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas, un edificio diseñado para centralizar el ingreso de detenidos en flagrancia.
En la actualidad esto se realiza en la Alcaidía de Tribunales, en una zona de barrio Observatorio de difícil acceso. El nuevo edificio está en etapa de licitación, tendrá más de mil metros cuadrados cubiertos, podrá alojar a más de 100 detenidos y estará al lado del Hospital Materno Neonatal, lo que garantiza mejor accesibilidad desde la Circunvalación.
Contra la opinión de varios fiscales, las autoridades del Ministerio Público Fiscal consideran un acierto la decisión de sacar a los presos de las Unidades Judiciales. Aseguran que era violatorio de pactos internacionales el hecho de que familiares de víctimas y victimarios se cruzaran en las Unidades Judiciales, y que urge que los fiscales de instrucción puedan concentrarse en las “causas sin presos”, que son las que suelen demorarse por la urgencia de las causas con detenidos.
Para profundizar esa decisión, hacia mediados de año el Ministerio Público enviará a la Legislatura el proyecto de ley de creación del Sistema Integral de Flagrancia. Se trata de al menos cuatro fiscalías, una por distrito, avocadas exclusivamente al trabajo con casos penales donde la persona es aprehendida al momento de cometer el delito. También preve la incorporación de sumariantes a todas las unidades judiciales.
“Se trata de equipos integrales específicos para la flagrancia, desde los sumariantes a la Cámara respectiva, para lograr mayor eficacia y responder mejor a las necesidades; no podemos atender problemas nuevos con sistemas viejos”, indicó Delgado. Afirmó que casi en simultáneo se redistribuirán territorialmente las fiscalías de instrucción y también se redistribuirán las competencias de las fiscalías, en una apuesta a la especialización, como ya ocurrió con las fiscalías de Ciberdelitos, Delitos complejos y Violencia de género, familiar y sexual.
Bustos Fierro recalcó que todos estos cambios son posibles por dos temas sustanciales del Poder Judicial de Córdoba: el expediente electrónico que permite un control taxativo del sistema judicial y la oralidad. “La instauración de la oralidad en todos los procesos es clave en el funcionamento del sistema: la presencia del juez liderando el proceso acerca la Justicia y fortalece la democracia, además de agilizar de forma abrupta los plazos judiciales”, indicó el funcionario. Desde el mes que viene todos los Juzgados de Control de Capital resolverán las prisiones preventivas de detenidos en flagrancias (delitos menores) en audiencias orales.
Delgado: “Nosotros actuamos sobre las consecuencias”
“La inseguridad es un problema global, no es local. Obedece a una enorme cantidad de causas, de las que nosotros no manejamos ninguna. Actuamos sobre las consecuencias del delito, no sobre las causas”, repite Juan Manuel Delgado, fiscal general de la Provincia. Reitera además que el Ministerio Público actúa de acuerdo a un plan de cinco años y no de manera espasmódica debido a los reclamos generalizados por la inseguridad.
Con el delito y la pobreza nos sucede lo mismo que con el narcotráfico: si nos concentramos en sacar la droga de las calles pero no sacamos a las personas de la droga, nuestro trabajo no va a terminar nunca. Es lo mismo con la inseguridad: no termina el día en que la policía y los fiscales encierren a toda la gente en la cárcel; termina cuando haya trabajo, educación, que no haya pobreza y mucho menos indigencia. Ese es el motor para tener más seguridad y más paz social. En lo que a nosotros nos toca, asumimos que no siempre logramos dar la respuesta más adecuada, pero decir que no damos ninguna respuesta no es cierto, de ninguna manera”, aseguró Delgado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin, lo dijo con otras palabras. “El derecho al empleo debería ser un derecho humano esencial. Sabemos que el trabajo no está garantizado, es un dolor en el corazón la pobreza de nuestro país, pero nuestro rol como Poder Judicial es sancionar a la delincuencia, no podemos escudarnos en la pobreza para no cumplir nuestra obligación legal de combatir el delito. La legitimación que tiene el Poder Judicial es para aplicar la ley y el derecho, garantizar el orden y sancionar la delincuencia para preservar la paz social”, indicó Sesin.
Delgado también sostiene que “lo de la puerta giratoria es un relato” y asegura que Córdoba es la provincia más carcelera del país. “Enfrentamos constantemente una dicotomía: por un lado se nos cuestiona por abuso de la prisión preventiva y por otro, nos culpan de la una supuesta situación en que la policía no detiene porque el fiscal libera rápido; son dos falacias”, sostiene.
Recalcó que la Policía no tiene facultades para decir si el fiscal actúa bien o mal en una liberación. “Las medidas de coerción personal son de competencia exclusiva del fiscal de instrucción, que la Policía diga que no detiene porque el fiscal libera rápido, me suena a excusa”, indicó Delgado, quien consideró que la idea de puerta giratoria también se basa en el desconocimiento de la ley.
“Es la ley la que fijas las condiciones de liberación: si el aprehendido es menor el fiscal no puede detenerlo, debe ponerlo a disposición de un juez de menores y de los padres. Segundo: reiteración de delitos no es lo mismo que reincidencia y si no hay antecedente penal, la persona recupera la libertad”, indicó. Pero recalcó que además es falso que los detenidos recuperen rápidamente su libertad: “Hay 12 mil presos en Córdoba”, repitió Delgado.
“Nosotros tenemos un plan integral para dar la mejor respuesta del Ministerio Público, para hacerlo de manera rápida y adecuada, pero nosotros no podemos garantizar que eso baje los índices delictivos, el fenómeno es demasiado complejo y depende de una cantidad de causas que nosotros no controlamos, indicó también la fiscal general adjunta Betina Croppi.
“Hay más de 12 mil presos en Córdoba, y el Poder Judicial va a seguir actuando decididamente para combatir la delincuencia. Va a trabajar para sancionar al violento, al que roba, al que no cumple la ley. El Poder Judicial está para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, siempre aplicando la ley y las garantías del debido proceso. Pero no nos puede temblar el pulso, debemos actuar cada vez más intensamente y más velozmente: estas reformas apuntan a incrementar la velocidad de resolución de los conflictos, actuar con mayor eficacia y mayor efectividad”, señaló también Sesin, quien reiteró la total alineación con el Ministerio Público en la consecución de esos objetivos.
Sesin también se refirió reiteradamente a la idoneidad como “uno de los rasgos del Poder Judicial de Córdoba y también repitió el concepto que planteó para la apertura del año judicial sobre “la ausencia de la presión política para el nombramiento y el ascenso de los jueces y funcionarios judiciales”. Señaló que la apuesta al mérito que representan los concursos es una política de Estado inflexible.
“Nuestra función como miembros del Poder Judicial es de servicio, no es un título de nobleza este que tenemos”, indicó. Al igual que Delgado, insistió también en la cercanía con las necesidades de la ciudadanía ante los reclamos de más seguridad.
