Mientras el Gobierno nacional atraviesa días agitados en el ojo del escándalo por la filtración de audios de diversos funcionarios, el equipo del presidente Javier Milei decidió ir a la Justicia y denunció a los periodistas que difundieron los primeros mensajes y requirió que los medios de comunicación se abstengan de seguir publicándolos.
En paralelo, se realizaron allanamientos en la sede del canal de streaming Carnaval, que originalmente compartió los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, así como en las viviendas de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que este martes acudieron al Congreso y hablaron ante diputados de la oposición.
Por todo esto, este mismo martes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó un duro mensaje a Milei cuestionando principalmente las últimas medidas económicas pero dedicándole también un pequeño apartado por el incidente con los comunicadores.
“El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy”, dijo CFK en su posteo.
A qué ley se refirió Cristina Kirchner sobre las penas para los periodistas
En cuestión, la exmandataria se refiere a la derogación de las penas de prisión para los delitos de calumnias e injurias. Normativa enviada por el Ejecutivo durante la presidencia de Cristina Kirchner, en septiembre del 2009.
El proyecto se convirtió en ley luego de haber obtenido primero la media sanción en Diputados y luego ser aprobado por unanimidad en el Senado, el 18 de noviembre de ese año.
Qué decía la ley que citó Cristina Kirchner
Con esta ley, se derogaron del Código Penal las penas de prisión para los delitos de calumnias e injurias. Anteriormente, la calumnia podía ser penada con uno a tres años de prisión, y la injuria con multa o cárcel de un mes a un año. Sí se mantuvieron las sanciones económicas.
El proyecto establecía que no se sancionarían las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no fueran asertivas. Esto implicaba que las expresiones y opiniones sobre funcionarios públicos quedaban a salvo, un reclamo constante de los periodistas, y solo se mantendrían como pasibles de llevar a la justicia los dichos sobre particulares.
También derogaba el título de “delitos contra el honor” para periodistas y modificaba otros artículos del Código Penal. Por ejemplo, retractarse públicamente de una calumnia o injuria no implicaba la aceptación de culpabilidad; así como también se eximía de pena cuando el contenido de los dichos fuera atribuido de forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente.
En su momento, Cristina anunció esta medida bajo la premias de que prefería “mil millones de mentiras antes que ser la responsable de cerrar la boca de alguien”.
Este proyecto surgió del “caso Kimel”, cuando el periodista Eduardo Kimel fue condenado por cuestionar a un juez en un libro, lo que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a condenar al Estado argentino, instándolo a adecuar su legislación en materia de libertad de expresión.
