Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos enfrentan un dilema que mezcla economía, política y demografía: cómo sostener sistemas jubilatorios propios, fuera de la órbita nacional, en un contexto de envejecimiento poblacional, caída de aportantes y déficits estructurales.
La Fundación Pensar, think tank del PRO, reunió a los responsables de las cajas provinciales para debatir sobre la situación y el futuro de las jubilaciones: Adrián Daniele (Córdoba), Manuel Stratta (Santa Fe) y Gastón Bagnat (Entre Ríos). Sus exposiciones mostraron coincidencias, diferencias y un desafío compartido: garantizar la sustentabilidad sin depender de medidas coyunturales ni de transferencias excesivas de la Anses.
En un escenario político que contempla la llegada de Javier Milei al poder, las provincias buscan herramientas para fortalecer la previsibilidad, mejorar la gestión y reducir los riesgos de crisis futura.
La discusión - llevada a cabo en el auditorio de La Voz- no solo fue técnica: implicó mostrar cómo se están preparando para proteger a los beneficiarios y al mismo tiempo mantener la salud financiera de cada sistema.
Los tres funcionarios coincidieron en que la problemática de las cajas provinciales no es aislada. La baja tasa de natalidad y el aumento de la expectativa de vida presionan sobre todos los sistemas previsionales. Incluso países como China muestran tendencias poblacionales decrecientes, lo que ejemplifica la magnitud de los desafíos globales.
A estos factores se suman problemas locales: déficits operativos, regímenes más generosos que los nacionales, tasas de sustitución altas y edades de retiro inferiores a las de Anses.
Por ejemplo, la relación activos/pasivos, que mide cuántos trabajadores sostienen a cada jubilado, está deteriorada y exige decisiones estratégicas para revertir la tendencia.
Otro tema recurrente en las exposiciones fue la armonización y la reciprocidad con el sistema nacional, cuestiones clave para la transferencia de fondos y el reconocimiento de aportes entre jurisdicciones.
Córdoba: digitalización y eficiencia
Daniele describió el panorama cordobés como “incertidumbre en tiempos libertarios”, pero subrayó que la gestión orientada a la eficiencia y la cercanía con los ciudadanos es la clave para enfrentar los desafíos.
El dato central: la relación activos/pasivos de Córdoba es de 1,7, lo que implica que menos de dos trabajadores sostienen a cada jubilado.
A eso, se sumó que durante más de un año, el Gobierno nacional no giró un solo peso para cubrir parte del déficir de la Caja; algo que ahora cambió gracias a un acuerdo con Anses que contempla:
- Evaluación y reconocimiento de la deuda histórica por déficits de 2020-2024 (algo que se está llevando a cabo).
- Transferencia de $ 60.000 millones en 2025, a razón de $5.000 millones mensuales que ya comenzaron a llegar.
En términos de gestión, la Caja cordobesa se destaca por ser 100% digital, con ahorro de recursos, reducción de papel y mayor transparencia. Los trámites, que antes demoraban 535 días, ahora se completan en 4 días; los de invalidez, en 30; y los subsidios por fallecimiento, en 2 días.
Daniele también remarcó la importancia de la federalización de los servicios: municipios, comunas e instituciones actúan como socios estratégicos, acercando los servicios digitales a todos los ciudadanos. Para Córdoba, la eficiencia administrativa no solo ahorra costos, sino que se proyecta como un factor de sustentabilidad del sistema previsional.
Santa Fe: reforma integral bajo emergencia
Santa Fe encaró un camino distinto. La provincia declaró la emergencia previsional por dos años mediante la ley 14.283, con posibilidad de prórroga, y creó una Comisión para la Reforma del Sistema Previsional con participación de todos los partidos y un plazo de 45 días para emitir un informe.
Stratta explicó que la reforma apunta a incrementar recursos y modificar condiciones de acceso y cálculo de haberes.
Entre las medidas adoptadas:
Para generar recursos:
- Aportes solidarios de jubilados: entre 2% y 6%, exceptuando a quienes perciben menos de tres jubilaciones mínimas ($ 1.405.950 en junio de 2025).
- Aporte solidario del personal en actividad: 2,77% para cargos políticos, legisladores, altos rangos judiciales y directivos de entes descentralizados.
- Suba de alícuotas: aporte personal del 14,5% al 15,5% (hasta 21% según remuneración), contribución patronal del 17,2% al 19%.
- Aporte de ingreso al sistema: equivalente a la primera remuneración, pagadero en 12 cuotas en actividad o 24 en pasividad.
- Aporte por progreso de carrera: primera diferencia entre remuneración y aumento por ascenso, deducible en seis cuotas.
- Aporte en jubilaciones por invalidez cuando no se completen 30 años de servicio o para compensar exceso de edad por falta de aportes.
Para modificar el cálculo de los haberes:
- Jubilación ordinaria: 30 años de servicio dan 70% del haber, aumentando 2% por año adicional hasta 82% con 36 años.
- Se eliminan compensaciones por exceso de servicios con falta de edad.
- Se incorpora un pilar complementario equivalente al 50% de la remuneración del Nivel I del escalafón general, con tope.
- Movilidad establecida 60 días después de la fecha dispuesta para el sector activo.
En el régimen docente, la edad de retiro y porcentajes de haber se ajustaron: 30 años frente a alumnos permiten jubilarse con 76%, aumentando 2% por cada año hasta 82%.
Stratta señaló que la implementación de estas reformas requiere capacitación interna, aplicación de normas transitorias y coordinación con organismos aportantes.
La meta es garantizar sostenibilidad a largo plazo, incluso con medidas impopulares.
Entre Ríos: reciprocidad y asimetrías
Bagnat centró su exposición en las asimetrías financieras del sistema entrerriano, generadas por la Ley de Reciprocidad de 1946, adherida en 1949. Un tercio de los beneficios provinciales incluyen años reconocidos de otros sistemas, lo que aumenta la presión sobre los recursos.
Los números son claros:
- El 35% de los beneficios tiene incidencia de aportes extra-provinciales, que representan un 18,48% de la masa mensual de haberes.
- La provincia contribuye a financiar Anses, pero recibe menos recursos para su propia caja.
- La relación activos/pasivos está cerca del 50% de la considerada óptima.
Entre Ríos mantiene una tasa de sustitución del 82%, muy superior al 56% del sistema nacional, y regímenes especiales con edades de retiro menores.
Según Bagnat, sin armonización real con Nación, la reciprocidad es insostenible.
La propuesta provincial apunta a vincular alícuotas y transferencias a la evolución de la relación activos/pasivos, evitando ajustes abruptos ligados a coyunturas políticas. El sistema cumplió su primer ciclo de 30 años en 2023, y el segundo ciclo exigirá mayor precisión en el control del gasto y la captación de recursos.
Coincidencias y desafíos compartidos
A pesar de sus enfoques distintos, las tres provincias coincidieron en varios puntos clave:
- La necesidad de modernización de la gestión para mejorar eficiencia, transparencia y cercanía con los ciudadanos.
- La urgencia de previsibilidad financiera a largo plazo, evitando depender de transferencias de Nación sujetas a decisiones políticas.
- La importancia de ajustar medidas técnicas a los cambios demográficos y laborales, particularmente frente a la automatización y la reducción de puestos de trabajo.
En todos los casos, las reformas técnicas y administrativas son insuficientes si no se acompañan de acuerdos políticos claros.
La sostenibilidad de los sistemas previsionales dependerá de la capacidad de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para implementar cambios estructurales que resistan la presión de los próximos años.
