Como lo hizo José Manuel de la Sota en septiembre de 2012, el gobernador Martín Llaryora reclamará el miércoles próximo, en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, el pago de casi un billón de pesos que –según los cálculos de la Provincia– la Nación le adeuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Ahora como entonces, el reclamo judicial llegó por el incumplimiento nacional de acuerdos que habían sido firmados por el exgobernador Juan Schiaretti.
El litigio no sólo es trascendente por la magnitud de los recursos en juego –cerca de U$S 1.000 millones– sino porque Córdoba es la primera provincia, de las 13 que no transfirieron sus cajas, que llegan a esta instancia judicial. Y volverá a sentar jurisprudencia.
Pese a que es evidente el incumplimiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), la Corte se tomó su tiempo: la denuncia había sido presentada hace dos años, porque el Gobierno de Alberto Fernández no actualizaba el monto de los envíos y estos se diluían con la inflación, por entonces galopante. Después llegó Javier Milei y decidió cortar por completo los giros, por lo que la Anses retiene de manera indebida, y sin disimulo, los recursos que son de las provincias.
Trece años después, la situación legal es idéntica. Aunque es probable que la respuesta nacional en la audiencia de conciliación sea diferente.
En 2012, el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que la Nación no debía un peso a Córdoba y que De la Sota sólo buscaba protagonismo nacional. En cambio, la semana pasada la Jefatura de Gabinete admitió la existencia de deudas previsionales y aseguró que la Anses cumplirá el Consenso Fiscal 2017 de acuerdo a las posibilidades de la Nación.
La Provincia de Córdoba ganó en 2014 aquel juicio y ningún conocedor del esquema fiscal duda de que la Corte volverá a darle la razón esta vez.
Llaryora, el fiscal de Estado de la Provincia, Jorge Córdoba, y los abogados del estudio porteño García Lema –quienes también acompañaron a De la Sota en 2012– no alimentan expectativas sobre el pago inmediato de lo adeudado. Pero exigirán la restitución de un flujo de recursos corrientes, que según la Provincia hoy deberían llegar a 20 mil millones de pesos mensuales.
La situación de la Caja es cada vez más gravosa para el Tesoro provincial y también se vuelven cada vez más insistentes los reclamos de los más de 100 mil jubilados a los que la Provincia les pisó los ingresos con las diferentes modificaciones del régimen previsional.
Puro costo político para el Panal, que por el incumplimiento nacional pone muchos más recursos para sostener la Caja y también recibe los justos reclamos de los jubilados y de toda la oposición cordobesa, que cuestiona a Llaryora pero no reclama a Milei. En el peronismo cordobés señalan que el colmo es la paradoja política: entre los adultos mayores cordobeses fue masivo el voto libertario y sigue siendo muy fuerte respaldo al Gobierno de Javier Milei. Tal vez sea esa la metáfora perfecta del escenario político cordobés.
Retenciones de las buenas
Lo que ocurre con las retenciones al campo es similar. En 2008, los derechos de exportación que el kirchnerismo le impuso a la soja produjeron el quiebre político entre el peronismo cordobés y el peronismo nacional, y también fundamentaron el antikirchnerismo acérrimo que desde entonces domina a todos los sectores productivos mediterráneos, que en gran parte determinan las posturas políticas del cordobesismo en el poder.
No obstante, si a las retenciones las mantiene Milei o si –como ayer confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos– desde julio las vuelve a subir al 33%, el problema no parece ser tan grave ni tan perjudicial para Córdoba como cuando gobernaban los K.
La semana pasada, el llaryorismo se animó a desafiar esa lógica y presentó en Diputados un proyecto de ley tendiente a obligar al Ejecutivo nacional a que pase por el Congreso para subir las retenciones. Se trata, además, de un desafío a los muchos interesados en aliarse con La Libertad Avanza; el radical Rodrigo de Loredo en primer término. Si lo que se impone es la defensa de los recursos territoriales y no el posicionamiento individual, entre Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos podrían frenar esa suba en el Congreso.
Entre las muchas escenas de la relación Córdoba-Nación que eran frecuentes durante el kirchnerismo y que se reiteran ahora, destaca también la discriminación en el reparto de los aportes del Tesoro nacional (ATN): no hubo un peso de la gestión libertaria para la provincia que más votó a Milei.
La semana pasada, no obstante, una planilla de la Nación presentada en Diputados indicó que Córdoba fue la que más ATN recibió y la única que lo hizo en concepto de “desequilibrios financieros”. En realidad, fueron una compensación por recursos no enviados en 2021 y 2022, que la gestión de Alberto Fernández pagó con tanta demora que terminó siendo acreditada en los primeros días de Milei.
Las situaciones son parecidas y el retroceso en materia de federalismo vuelve a ser ostensible. Pero el escenario político no puede ser más diferente: Córdoba fue la más antikirchnerista y hoy –aún con una baja importante de la imagen presidencial y de las expectativas– sigue siendo la más mileísta.
Llaryora no puede sustraerse de esa realidad ni a la hora de ir a la Corte Suprema: muy lejos del tono confrontativo que en 2012 usó De la Sota, el miércoles que viene exigirá lo que le corresponde a la Provincia, pero sin aspavientos que puedan incomodar a los seguidores mediterráneos de Milei.
Hoy no existe el beneficio político que De la Sota perseguía en el litigio con la Nación. Llaryora más bien sigue la fórmula schiarettista: moderación hasta que cambie el viento, y defensa de los recursos que sostienen la gestión. Esto incluye el aprovechamiento del cambio de condiciones financieras que supuso el acuerdo con el FMI para resolver los vencimientos de deuda en dólares y fondear las obras que sostendrán la campaña 2027. La campaña 2025 se asume adversa en el Panal; es la razón por la cual Schiaretti resiste su postulación a diputado nacional de cara a los comicios del 26 de octubre.
