El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, encargado del juicio por la causa Vialidad, recibió exactamente 702 correos electrónicos solicitando autorización para visitar a la expresidenta Cristina Kirchner en su domicilio de Monserrat, en Ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria.
La avalancha de mensajes, provocada por la difusión del email institucional por parte de uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, no será respondida, según informó el tribunal, porque son los propios interesados quienes deben ser propuestos por la exmandataria.
Dalbón divulgó el mensaje en su cuenta de “X”, instando a escribir al tribunal si alguien deseaba concurrir a la casa de San José 1111: “Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa”, sostuvo.
Desde Tribunales se observó que la estrategia podría haber buscado entorpecer la gestión judicial mediante la saturación del buzón oficial.
En un informe fechado a las 15.30 horas del martes, publicado por Infobae, la secretaría del Tribunal detalla que todos los correos “requieren expresa autorización para concurrir e ingresar”, y aclara que ninguno será contestado, ya que la instancia de habilitación depende exclusivamente de Cristina. “Es ella quien debe solicitar y detallar las personas a autorizar”, según un fallo que puso en vigor las restricciones.
Visitas
El régimen de visitas fue impuesto al momento de otorgar la prisión domiciliaria, por razones de seguridad. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu exigieron un listado con familiares, custodios, médicos y abogados que no precisan autorización. Cualquier otra persona debía ser previamente aprobada por la expresidenta.
La defensa cuestionó esta normativa, señalando que quienes cumplen arresto domiciliario “pueden desarrollar todas las actividades no prohibidas por la ley” y advirtió que “no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales”.
El Tribunal rechazó un pedido de reconsideración, argumentando que no fueron rebatidos sus fundamentos y que la solicitud llegó fuera de plazo . A pesar de esto, la defensa apeló, y la causa fue elevada a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes deberán resolver sobre las condiciones del régimen de visita, y eventualmente otros aspectos de la domiciliaria.
El trasfondo del conflicto es la tensión entre garantizar el cumplimiento de la condena y preservar derechos civiles. La defensa insiste en que la restricción es arbitraria e insuficiente desde lo jurídico, mientras que los jueces sostienen que las condiciones son necesarias dada la naturaleza excepcional de cumplir la pena fuera de una prisión común.
