La semana pasada, el gobernador Martín Llaryora anunció la implementación del Plan de Gestión Territorial, que busca mejorar la respuesta de la Policía y la Justicia ante la inseguridad.
Bettina Croppi explicó cómo se reestructura el Ministerio Público Fiscal para mejorar esa respuesta. En Voz y Voto, la fiscal General Adjunta de la Provincia de Córdoba, detalló el nuevo esquema que busca acercar a los fiscales a los barrios.
Además, asegura que la reforma, iniciada en 2023, ahora se profundiza con una coordinación más directa, bajo el lema de que cada vecino sepa quién investiga en su zona.
–El gobernador Llaryora dijo que el objetivo era que el vecino sepa quién es el comisario y el fiscal de su barrio. ¿Qué es lo nuevo que se pone en marcha?
–Todos estos procesos de reforma que se producen en orden a la respuesta que le damos a la sociedad, en cualquier servicio, no pueden ser estrepitosos ni de un momento para otro. Son cambios estructurales profundos para que realmente valga la pena, porque si no serían cambios cosméticos que no servirían para nada. Este cambio viene desde 2023, cuando se decidió lo que en aquel momento se llamó “el plan de gestión territorial” del Ministerio Público exclusivamente, que consistió en asignar una porción pequeña de territorio a cada fiscal. Antes, se trabajaba en grandes porciones territoriales. La ciudad de Córdoba estaba dividida en cuatro distritos judiciales en los que trabajaban diferente cantidad de fiscales, en algunos cinco, en otros seis, de acuerdo a la cantidad de población. Estos fiscales atendían la problemática del delito una semana cada uno. Entonces, estaba de turno uno por semana y tomaba todos los casos. ¿Qué se observó? Que había cierta falta de conexión directa de los fiscales con el territorio y con el fenómeno delictivo. Estar sólo una semana de turno a veces dificultaba entender fenómenos más complejos. Por ejemplo: teníamos un motochorro en un barrio. La primera semana se detectaba que una moto roja andaba robando; en la cuarta semana, estaba de turno otro fiscal y volvía todo de nuevo con la misma moto. Había dificultad para establecer una línea persecutoria coherente. En 2023 se decidió dividir esas grandes porciones en más pequeñas y asignar un fiscal a cada unidad judicial. Así, el mismo fiscal está de turno toda la semana en ese territorio reducido y conoce mejor lo que ocurre. Esto trajo grandes beneficios. Por ejemplo, se pudieron realizar imputaciones por asociación ilícita al detectar que era la misma gente actuando con la misma modalidad en distintos puntos. Y también aumentó la cantidad de detenidos.
–¿Eso se profundiza ahora?
–Sí. Tomada aquella experiencia, junto con el Ministerio de Seguridad y el gobernador, que detectan claramente estos problemas, se decidió avanzar. La gente del interior, como Llaryora, se da cuenta de la importancia de la cercanía del funcionario con el territorio. Desde el Ministerio de Seguridad se profundizó aquel plan del Ministerio Público y ahora se transformó en un “plan de gestión de seguridad y justicia”.
Menos burocracia, más proximidad
El nuevo sistema territorial permitirá, dice la fiscal, una mejor investigación y más cercanía con las víctimas. El rediseño de las unidades judiciales busca terminar con la dispersión de responsabilidades. Antes, las causas cambiaban de manos según el turno. Ahora, cada fiscal se queda en su zona, lo que mejora la comprensión del delito.
–Para el ciudadano, ¿cambia en algo? Si es víctima de un delito, ¿va a la comisaría más cercana o tiene que ver qué jurisdicción le corresponde?
—Si uno es víctima puede denunciar donde quiera, en la unidad judicial que le quede más cómoda. ¿Qué cambia? Que esa unidad va a remitir la denuncia al territorio que corresponda. Por ejemplo, si fue en Villa Allende pero vive en zona sur, puede denunciar en la UJ23 en zona sur y será derivada. Nosotros tenemos dos nortes: brindar un buen servicio y ser eficientes, pero también investigar fenómenos delictivos complejos. Ahí priorizamos el territorio. Antes había varios fiscales por distrito, y el ciudadano no sabía quién investigaba su caso. Además, los distritos policiales tenían un diseño distinto al judicial, lo que generaba confusión.
–Sorprende que no se haya hecho antes.
–Romper estructuras en una institución como el Ministerio Público Fiscal no es fácil. Y además, estamos entre dos grandes estamentos: la Policía, nuestro brazo investigador, y los Tribunales, donde defendemos nuestras acusaciones.
–¿Este nuevo esquema va a necesitar más policías, más fiscales?
–En esta primera etapa comenzamos con los fiscales que tenemos. Formamos 22 unidades territoriales, que ahora coinciden con 22 distritos policiales. Se sumarán cinco más, acompañando a nuevos distritos policiales. Así, se va a achicar el territorio que hoy atiende cada fiscal. Por ejemplo, hoy la unidad judicial de Villa Allende comprende todas las Sierras Chicas. Está prevista una nueva unidad territorial con sede en Río Ceballos, que abarcará esa zona. Y eso implica más policías, más brigadas.
Policías fijos, respuesta más rápida
Croppi destaca que cada unidad territorial tendrá su propio CAP y brigada de investigaciones. Así, se busca evitar que los móviles anden rotando sin sentido. Con esta reforma, además, se priorizarán los barrios con mayor conflictividad social, más violencia familiar y delitos graves.
–¿Este cambio ayudará a que la Policía trabaje con mayor eficiencia? Muchos vecinos se quejan de que tarda en llegar.
–No se olvide que está la cámara filmando, que luego se llama al 911... hay un cierto delay. Este plan va a mejorar la respuesta policial. Cada distrito va a tener un CAP fijo y una brigada de investigación fija. Hoy, el CAP es para toda Córdoba. Entonces, si hay una urgencia en un lado, el móvil se va y el ese lado queda descubierto. Ahora, el patrullaje preventivo será estable en cada territorio.
–¿Está previsto que las zonas más conflictivas tengan más estructura?
–Sí. Se han tomado decisiones basadas en indicadores como población, índice delictivo, conflictividad social y violencia familiar y de género. En las zonas con más casos de este tipo, los equipos de trabajo serán más grandes. No tendremos la misma cantidad de gente en todos lados.
–¿Esto después se va a replicar en el interior? Hay lugares complicados, como Río Cuarto.
–La ley de Seguridad Pública prevé un plan de trabajo a largo plazo. En Río Cuarto ya se han creado dos fiscalías nuevas con este formato. Incluso ya tenemos los fiscales seleccionados por concurso. Ahí está un poco más avanzado que en otras jurisdicciones y se implementará en el corto plazo. También se prevé la creación de fiscalías especializadas en género. Es un plan complejo, y por eso es paulatino.
–¿Tiene la expectativa de que este sistema ayude a que la gente denuncie más? Porque hay mucha denuncia que no se hace, como el robo de celulares.
–Sí. Queremos brindar un mejor servicio. Para eso, la comunidad tiene a disposición la denuncia web. Por ejemplo, para robo de celular o cubiertas de auto.
–¿Cómo sería?
—Usted entra en la página del Ministerio Público Fiscal. Debe tener CiDi. Con nivel 1 tiene que ratificar la denuncia en la unidad judicial; con CiDi Nivel 2, puede hacerla completamente online. Si necesita constancia para el seguro, luego va a la unidad judicial. Ya no tiene que esperar para hacer la denuncia.
