Este martes, el gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, formaron parte de un encuentro en el Centro Cívico con representantes de más de 150 instituciones que trabajan con personas con discapacidad. También formaron parte un grupo de legisladores nacionales del cordobesismo, quienes recibieron los planteos de este grupo ante la necesidad de que se declare la emergencia.
El encuentro se hizo bajo la premisa: “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”.
Llaryora, volvió a reiterar su postura en cuanto a los vetos anunciados por el presidente Javier Milei al aumento para los jubilados y la ley de emergencia en discapacidad y remarcó: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley -emergencia en discapacidad-. Esta ley es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.
Además de remarcar su apoyo, el mandatario también invitó a que otros partidos se alineen por este reclamo. “Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea en común sobre qué opinamos sobre esta ley para ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora“, explicó.
“Aún en esta circunstancia tan difícil, nosotros apoyamos con fondos específicos para potenciar proyectos enfocados en la independencia de personas con discapacidad en materia laboral”, reiteró, marcando diferencia con la Nación.
El encuentro fue articulado por el Ministerio que conduce Liliana Montero. Fue un pedido impulsado por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión).
Montero indicó: “Esta convocatoria a los diputados nacionales tiene que ver con la posición que viene asumiendo el Gobierno de la provincia de Córdoba en relación al tema discapacidad y a la ley de emergencia. Todas estas instituciones vienen haciendo un trabajo importantísimo para hacer posible las políticas públicas”.

Formaron parte los los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez. Ratificaron su compromiso para sostener la ley y evitar el veto.
Montero remarcó que continuarán trabajando articuladamente con otros sectores y detalló: “La Provincia de Córdoba aporta al año 127 mil millones de pesos en discapacidad, distribuidos en los distintos estamentos. Casi 61 mil millones de pesos son de Apross, casi 54 mil millones de pesos en educación especial, 3.000 millones del fondo especial de nuestro Ministerio al que el gobernador hacía referencia, 5.300 millones en acción social desde Salud, unos 500 millones en deporte adaptado”.