Finalmente, el gobernador Juan Schiaretti y el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, terminaron el año pasado con cambios en sus gabinetes. En la interna del PJ, interpretan que los “retoques” que decidieron los dos gobernantes peronistas apuntan a 2023.
El gobernador mantuvo a todo su equipo, pero sorprendió al crear un nuevo ministerio: Vinculación Comunitaria, Comunicación y Protocolo, que quedó en manos del exdiputado nacional Paulo Cassinerio.
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Según todas las lecturas que se hacen en el oficialismo provincial, esta movida de Schiaretti le recortó poder en la gestión al vicegobernador Manuel Calvo, uno de los anotados en la carrera por su sucesión.
Áreas como Comunicación, Conectividad y Protocolo, donde el vicegobernador tenía influencia, ahora quedaron bajo la órbita de Cassinerio, quien ya está poniendo a gente de su confianza, desplazando a los calvistas. Generó ruido interno el desplazamiento de Soledad Baldacci, persona de extrema confianza del vicegobernador.
Por su parte, el intendente Llaryora hizo varios cambios al crear tres secretarías. En la agitada interna del PJ capitalino, se interpreta que los nuevos secretarios, como Gabriel Bermúdez (Desarrollo Metropolitano); Sandra Trigo (Mujer, Géneros y Gestión Vecinal), y César Cuestas (Coordinación), cumplen funciones que antes estaban bajo el mando del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, uno que aspira a ser candidato a intendente, si es que el actual jefe municipal va por la gobernación en 2023.
En definitiva, en el PJ consideran que tanto Schiaretti como Llaryora tomaron decisiones pensando en sus preferencias personales para sus respectivas sucesiones.
El gobernador le estaría allanando el camino a Llaryora para que sea el candidato a gobernador del oficialismo. Y el intendente, siempre según la lectura que hacen los peronistas, habría priorizado al viceintendente Daniel Passerini en detrimento de Siciliano.
Por ahora, son especulaciones. El tiempo dirá si estas visiones de los propios oficialistas se condicen con la realidad.
Cid, con despacho en el Palacio Municipal
En el PJ se sabe que el legislador provincial Juan Manuel Cid es una de las personas de confianza que integran la mesa chica de las decisiones políticas del intendente Martín Llaryora. Lo que no muchos conocen es que el dirigente nacido en San Luis tiene una oficina al lado del despacho principal del intendente.
Por eso el legislador provincial pasa más tiempo en el Palacio Municipal que en el Parlamento cordobés, donde preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Los peronistas memoriosos recuerdan que Cid se ganó la confianza de Llaryora hace muchos años. Fue en 2007, en la campaña para la intendencia de San Francisco.
En aquel momento, en el oficialismo provincial se comentaba con insistencia que el entonces gobernador José Manuel de la Sota apostaba a que el intendente radical Hugo Madonna, de excelentes vínculos con la entonces Casa de las Tejas (Casa de Gobierno), siguiera en el poder en San Francisco.
Llaryora, un joven concejal peronista, desafió aquel deseo de De la Sota y encabezó la boleta del PJ.
También se comenta que Juan Schiaretti, por entonces flamante gobernador electo, apostó por Llaryora y envió una delegación de la Juventud Peronista (JP) capitalina para que fuera a colaborar con el candidato peronista.
En esa comitiva estaba Cid, quien desde entonces es un llaryorista paladar negro, ahora con mucha influencia política en la gestión del intendente capitalino.
Estatales prometen una discusión salarial caliente
El año 2021 terminó con el malestar de los gremios estatales porque el Gobierno provincial no otorgó ningún bono, como hicieron otros distritos, para menguar el efecto de la inflación en los salarios públicos.
Días pasados, todos los sindicatos de los agentes públicos firmaron un documento para reclamar que la gestión del gobernador Juan Schiaretti reabriera la discusión paritaria, teniendo en cuenta que el acuerdo logrado en agosto fue superado ampliamente por la suba del costo de vida.
Los estatales cordobeses firmaron un acuerdo paritario para el período febrero 2021-enero 2022 con un incremento salarial global del 45,5%.
Cuando aún falta conocer la inflación de diciembre pasado y este mes de enero, las estimaciones que hacen los líderes gremiales es que la inflación para ese período será de entre 49 y 50%, es decir que los salarios públicos terminarían perdiendo entre 4,5 y cinco puntos en la carrera contra la inflación.
Al no tener hasta ahora una respuesta del Centro Cívico para reabrir la discusión paritaria, y sin un bono de fin de año, los estatales aseguran que exigirán este año recuperar lo perdido.
Lo harán, aseguran, antes de negociar la próxima paritaria, que se iniciará en los primeros días del mes próximo.
“La Provincia tuvo un gran incremento de sus ingresos durante este año (por 2021), pero el gobernador no quiere mejorar la situación de los empleados públicos”, mascullaba bronca uno de los referentes estatales el viernes pasado, en el último día de 2021, que se fue sin el “milagro de un bono”, como había insinuado la semana pasada otro dirigente sindical.
Una “interna” que no será y la habilitación del perdón para los rebeldes
El peronismo de Córdoba anunció que renovará sus autoridades en marzo próximo. Fijó el 27 de ese mes para la realización de internas partidarias, aunque todos en el PJ saben que se trata de un trámite administrativo: el gobernador Juan Schiaretti será elegido como el mandamás formal del espacio, posición que ejerce en soledad desde la muerte de José Manuel de la Sota, sólo que ahora será con cargo formal.
La jugada del peronismo tiene, además, otra intención. Tras la fuga de dirigentes, en especial de intendentes que jugaron en las legislativas para el Frente de Todos, la intención en el PJ es dar vuelta la página.
Entre los popes del peronismo cordobés se habla de “perdón” para quienes siguieron el camino que lideró el albertista y ahora exsenador nacional Carlos Caserio.
Entre los apuntados para que peguen la vuelta al redil del PJ está Martín Gill, recién regresado a la intendencia de Villa María, que se quedó sin margen político para extender su licencia.
De todos modos, es incierta la conducta del villamariense, teniendo en cuenta que el ministro Eduardo Accastello tiene centradas sus expectativas en volver a gobernar en 2023 la principal ciudad del departamento San Martín.
La sugestiva visita de un empresario a un inmueble icónico de la Capital
El recorrido sucedió hace unos dos meses. Y ahora, cuando el tema del juego online volvió a poner en debate la problemática y la oportunidad de legalizar o no los juegos de azar en la provincia, el dato toma mayor relevancia.
El protagonista de la visita es el empresario Miguel Ángel Caruso, a cargo de la explotación de las tragamonedas en Córdoba en sociedad con empresas del Grupo Roggio.
Caruso estuvo en noviembre recorriendo los salones del edificio donde hasta 2020 funcionó el hotel Sheraton.
Quienes presenciaron el recorrido comentan que el experimentado empresario, con inversiones en materia de juegos de azar tanto en varias provincias como en países vecinos, se interesó especialmente por la dimensión de los salones del inmueble que hoy están en desuso y que hasta hace algunos meses sirvieron como vacunatorio contra el Covid-19.
Como se sabe, la legislación capitalina prohíbe la instalación de las slots. De todos modos, la visita al icónico edificio generó suspicacia.
Otro condimento político elevó la sazón de la recorrida: ese inmueble fue construido por la desarrollista Delta, que conserva acciones. Y, como se sabe, es parte del holding familiar de la familia Álvarez Rivero.
Precisamente, la senadora Carmen Álvarez Rivero fue una de las más férreas opositoras a la legalización del juego online en Córdoba.
Enojo en el PJ con los socios que le sacaron el cuerpo al juego “online”
“‘El Gringo’ les dio lugares en la lista de legisladores y los sentó en la Unicameral, pese a que su aporte en votos es ínfimo. Pero, cuando llegó la hora de la verdad, quienes tuvimos que poner la jeta fuimos nosotros”, bramó tras la tensa votación de fin de año en la Unicameral por el juego online.
El reproche tiene dos destinatarios unívocos: Doris Mansilla, del GEN, que responde a Margarita Stolbizer, y el socialista Matías Chamorro.
En el caso de Mansilla, directamente votó en contra y se plegó a dos peronistas que también rechazaron el proyecto. Chamorro, en tanto, se abstuvo.
No es la primera vez que estos aliados integrados por el gobernador Juan Schiaretti a Hacemos por Córdoba en 2019 votan en sentido contrario al oficialismo.
Ya sucedió cuando el Gobierno realizó el último cambio con el que ajustó el cálculo que sirve de base para determinar las jubilaciones que paga la Provincia a través de la Caja.
“Se portaron mejor los opositores que quienes dicen ser aliados nuestros”, se quejó sobre el cierre del año legislativo un parlamentario de Hacemos por Córdoba.
