Los relatos del desalojo de la familia del narco ecuatoriano “Fito” Macías tras el espectacular operativo conjunto de la Policía Federal, la Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) dejan infinidad de anécdotas alimentadas por la capacidad histriónica que empieza a definir el liderazgo de Juan Pablo Quinteros en el Ministerio de Seguridad, y que encontró en la ministra Patricia Bullrich una coprotagonista de talla.
Más allá de las anécdotas, desde el poder provincial se señalan tres aspectos relevantes.
El primero es la confianza que las fuerzas federales depositan en la capacidad de las fuerzas provinciales, que tuvieron a su cargo la inteligencia y el diseño del operativo quirúrgico que terminó con el desalojo de la familia Macías, aun cuando no había fundados motivos formales para esa intervención.
El segundo es el valor que el Panal le asigna a la pluralidad de fuerzas que posee Córdoba: el fortalecimiento de la FPA es una prioridad de la administración de Martín Llaryora y la creación de Guardias Urbanas Municipales es el otro objetivo inmediato.
Y el tercer aspecto que se valora desde Córdoba es la receptividad y el respeto con que se manejaron Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.
El impacto internacional del operativo todavía sorprende en el Panal.
De la Sota, más opositora que nunca
En medio de la negociación en el Congreso de la Nación, con resultado incierto, sobre la suerte de la “ley ómnibus”, Natalia de la Sota tiene decidido diferenciarse del espíritu “colaboracionista” que reina en su propio bloque, el que preside Miguel Ángel Pichetto, y también del radicalismo que comanda el cordobés Rodrigo de Loredo.
Convencida que lo suyo debe ser oposición, De la Sota utilizó la semana que pasó para reunirse con distintos grupos que, entiende la diputada nacional, se verían directamente perjudicados en caso de que el proyecto de ley sea aprobado.
Su posición también advierte que en el caso de llegar al poroteo, no todos los bloques tendrán lo que sus respectivos presidentes creen tener.
Al margen, De la Sota se reunió con 13 organizaciones vinculadas con temas de discapacidad y unas 10 que promueven la cultura. “Algunos especulan con la encuesta de la semana pasada (favorable a Milei), pero Natalia está convencida de que ese no es el camino”, advierten cerca de ella y anticipan que los diputados socialistas (también enrolados en el bloque que preside Pichetto) rechazarán la ley.
La insólita audiencia pública..., pero privada
El martes pasado, cuando se estaba desarrollando en el Ersep la audiencia pública más polémica desde que se creó el organismo, La Voz envió un fotógrafo a cubrirla. Si bien se trataba de una audiencia virtual (siguen siendo virtuales a pesar de que el Covid ya no circula hace largos meses), la idea era obtener una imagen de los directores y demás funcionarios del ente regulador conectados desde el edificio de la avenida Emilio Olmos.
Grande fue la sorpresa cuando el reportero gráfico llegó a la oficina y le dijeron que no podía entrar a la audiencia pública porque se trataba de “un evento privado”.
Así es, la audiencia pública que el Ersep había organizado para dar curso a un nuevo sistema de autorización “exprés” para los incrementos de las tarifas de agua, luz, peajes e interurbanos, no podía ser retratada por la prensa.
Luego de más de media hora de conversaciones y de llamados, finalmente el fotógrafo pudo ingresar y registrar al presidente del Ersep, Mario Blanco, junto a un puñado de funcionarios conectados a través de la plataforma Zoom.
Participaron 10 personas y hubo cerca de 50 asistentes (todos virtuales).
