Bajar la inflación cueste lo que cueste. Esa es la primera y excluyente meta que se ha fijado el gobierno de Javier Milei en materia económica para su gestión. Ese título, en sí mismo, encierra toda una definición de programa de gobierno, porque supone que toda la gestión debe alinearse a eso.
La razón de la inflación es el gasto público excesivo, que se subsana imprimiendo pesos que la gente busca sacarse de encima.
Con ese horizonte, el incentivo al consumo deberá venir de la acción de los bancos (de la mano del crédito y de la baja de las tasas) o de la inversión privada, no de la pública. La reactivación económica deberá producirse por las fuerzas propias del mercado y no del gasto público; porque, como repite el Gobierno, no hay plata.
En términos reales, la base monetaria se achicó 35% respecto de un año atrás. Eso es literal: significa que hay un tercio menos de plata que hace un año, con una inflación anualizada del 276%. Es una gran sequía monetaria, que ha logrado que se derrumbe la inflación aun a costa de un profundo parate económico que, por el momento, se ha trasladado al empleo muy a cuentagotas.
Para muchos, la recesión era inevitable. No había otra manera que esta tan dolorosa para frenar la inercia del festival de pesos de la gestión anterior. El propio Milei había hablado de un semestre durísimo.
El punto es que una herramienta exitosa en una primera fase no necesariamente lo es para la segunda. Puede perder eficacia: eso parece que es lo que está sucediendo.
Sin nafta
Para bajar la inflación, el Gobierno dijo que debía forzar el superávit fiscal, y lo logró.
Fue inédita la convicción de Milei en buscar el superávit, y no importaron los costos políticos ni el método: si fue con suba de impuestos, baja genuina de gastos, corte de transferencias a provincias o pateando pagos que en algún momento habrá que enfrentar; o un poco de cada cosa.
Pero mantener el déficit cero es cada vez más difícil, porque las jubilaciones se ajustan ahora por inflación, con lo cual el principal motor de la licuadora ya se apagó.
Es cierto que la restitución de Ganancias compensará parcialmente esa licuación con ingresos adicionales, pero lo que el mercado advierte es que el plan inicial de Luis Caputo se está quedando sin nafta.
La Ley Bases se demoró más de la cuenta en el Congreso. Y cuando llegó, los mercados ya estaban pidiendo la parte que sigue. Ni siquiera dos días se gozó de las mieles de la sanción del proyecto: ahora lo que se pide es sacar el cepo.
Y, para sorpresa de algunos, este Gobierno que fue por el shock en algunas medidas está siendo extremadamente prudente en el frente monetario: el viernes pasado Caputo dijo que habrá cepo para rato. En realidad, habló de levantarlo cuando estén las condiciones adecuadas, y para el Gobierno esas condiciones se darán cuando haya 15 mil millones netos de reservas en el Banco Central. Todavía estamos en dos mil millones negativas.
No hay manera de ofrecer lo que no se tiene. Y si aún se arriesgara en esa empresa, ¿a qué precio se iría el dólar? Si sube el dólar, se recalienta la inflación. Entonces no, porque conspira contra el principal objetivo del libertario.
Sin tiempo
Los bancos centrales controlan precio o controlan la cantidad; no se puede hacer las dos cosas a la vez. Este Gobierno subió 115% el tipo de cambio apenas asumió y desde entonces dijo que se devaluaría al 2% mensual. De ahí no se movió. La expectativa de Caputo es que la inflación se alinee con esa tasa de depreciación, y no al revés.
Para este segundo semestre, varios aspectos de la Ley Bases deberían estar ya implementados, y recién se arranca; la cosecha debiera haber sido liquidada casi toda y está a igual nivel que en el primer semestre de 2023, signado por la sequía. Y el nuevo plan con el FMI, que podría aportar fondos frescos, parece estar en pañales.
Caputo anunció que en la fase dos de su programa se cerraría la segunda canilla de emisión monetaria, que es la que se destina a pagar los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central. La primera es la que financia el gasto que el Tesoro no puede cubrir.
Hoy los pasivos remunerados equivalen al 97% de la base monetaria: cuando Sergio Massa dejó el gobierno, eran el 315% de la base monetaria.
Todo lo que falta lleva tiempo: la desregulación de la burocracia, la privatización de las empresas, el desarme de la industria del juicio, la llegada de las grandes inversiones mediante el Rigi. Lo más rápido que podía anunciarse era la salida del cepo; pero, lejos de eso, el Gobierno redobló la apuesta del déficit cero y pasó la deuda del Central con los bancos al Tesoro.
A los bancos no les gustó mucho: un Tesoro sin plata como acreedor es mucho más riesgo que el Central, que es el dueño de la maquinita de imprimir.
Había expectativas de que en este segundo semestre, logrado el objetivo de bajar la inflación (no contenerla ni bajarla a cero, pero sí haberla reducido), el Gobierno ampliaría el abanico de causas por seguir. Por caso, reanimar la economía.
Pero no. El dogma sigue incólume: hay que bajar la inflación, cueste lo que cueste. Aunque los instrumentos no sean tan eficaces o el mercado esté pidiendo otra cosa. Habrá que ver si la ciudadanía sigue bancando los trapos ahora como hizo en el primer semestre.
