El avión venezolano-iraní cuyos 19 tripulantes están bajo sospecha sigue despertando polémica. Se sabe que aterrizó en Ezeiza con 312 bultos que pesaron 47.882,08 kilogramos y que una parte de esa carga fue entregada a la automotriz Volkswagen. Pero la Justicia Federal informó que el 11 de junio ingresó otro vuelo relacionado al avión investigado. Esa aeronave trajo 89 bultos que pesaron 8.850 kilos y que ahora nadie reclama: siguen esperando por sus dueños en el depósito del aeropuerto.
La fiscal Cecilia Incardona pidió que dichos bultos fuesen peritados. “No han tenido al día de la fecha requerimiento de destinación por parte del interesado”, comunicó. El objetivo es “determinar si se condice la mercadería declarada con el costo del viaje y el costo de la tripulación”.
Al mismo tiempo, Incardona continúa investigando el caso del avión Emtrasur. Para la fiscal, es clave determinar el verdadero objetivo del viaje de los venezolanos e iraníes hacia Argentina, con el objeto de saber si “fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.
La fiscal planteó la duda sobre la rentabilidad del traslado de autopartes en avión. El juez de la causa, Federico Villena, determinó que se realice un peritaje para establecer “si se condice la mercadería declarada con el costo del viaje, costo de la tripulación, estipulación genérica de los honorarios o sueldos de los participantes en la operación comercial de aeronavegación de transporte de carga”.
El propósito de la investigación es comprobar si esa carga “resultó una operación rentable en términos económicos” o si, como escribió la fiscal la semana pasada en su dictamen, sería una operación simulada cuyo objetivo real es otro.
Según el expediente oficial de Ezeiza, el avión llegó a Argentina con la guía aérea de la firma Fracht SA “amparando 312 bultos con 47.882,08 kilos, siendo este el total de la carga transportada”. Esa carga se dividió en tres.
El primer documento, oficializado por SAS Automotriz Argentina, comprende un total de 90 bultos que pesaron 16,320 kg, “que de acuerdo con la posición arancelaria declarada y la documentación complementaria aportada, refiere a partes de asientos de automóviles. Se autorizó la salida a plaza de la mercadería en cuestión el día 07/06/22″.
El segundo documento, oficializado por la misma empresa, abarca “134 bultos con un peso de 23.103,29 kilos” que “refiere a apoyacabezas de uso automotriz. Se autorizó la salida de la mercadería el 08/06/22″.
La tercera guía, también de SAS Automotriz, corresponde a 9 bultos que pesaron 593,70 kilogramos, y serían “accesorios de carrocería para automóviles. Se autorizó la salida de la mercadería el 08/06/22″.
De acuerdo con varios informes recibidos por la fiscal, aún queda un remanente “pendiente de desconsolidación”, que ahora está a resguardo en la bodega de importación de la Terminal de Cargas de Ezeiza.
Son 89 bultos que pesan 8.855.50 kilogramos, “la cual resultó ser complementaría de la carga referida, las cuales no han tenido al día de la fecha requerimiento de destinación por parte del interesado”.
Según informó Clarín, el 11 de junio de 2022, “el operador Skylease Cargo avisó sobre la llegada del vuelo KYE- 4551 con matrícula N903AR, transportando mercadería amparada por la guía aérea 456-00658151 consignada a la firma Fracht de Argentina SA”. Ese material aún no fue reclamado por nadie.
Ante la sospecha de la Justicia, se requirió información al Tesoro de Estados Unidos y al FBI. Buscan determinar si la empresa que ordenó la compra de dicha mercadería tenía autorización y más detalles al respecto.
En ese marco, las autoridades locales solicitaron a sus pares paraguayos para que envíen un detallado informe acerca de “la aeronave, y que se indiquen si obra en sus registros constancia alguna de carga y/o descarga de mercadería en la aeronave mencionada dentro de su territorio. Todo ello, respecto de los meses mayo y junio del año en curso”.
