Federico Villena, el juez federal a cargo de la causa del avión venezolano-iraní, decidió este lunes que continuará la prohibición para abandonar el país a siete de los 19 tripulantes de la aeronave que aterrizó en Ezeiza el pasado 6 de junio. El magistrado detalló las pruebas que hay contra los siete implicados en un informe de 300 páginas, aunque aún no está definido si prestarán declaración como imputados.
El resto de los integrantes de la tripulación, un iraní y once venezolanos, podrán regresar a sus países de orígenes en vuelos regulares, ya que el Boeing 747-300 de Emtrasur continúa retenido sin que se defina su situación.
Los sospechosos que deberán permanecer en Argentina y que, según el juez, sobre los que existen pruebas en contra, son los iraníes Gholamreza Ghasemi y Abdolbaset Mohammadi; y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez , Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras. No existen indicios concretos sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, pero Villena decidió que se queden en el país hasta que terminen de peritar sus dispositivos electrónicos.
“El presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados, por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada. Por el contrario, únicamente se ha evaluado -tal como fue adelantado- si resulta razonable mantener la medida de prohibición de salida del país dispuesta”, señaló el juez federal en la resolución.
Hernán Carluccio, abogado de los tripulantes del avión, solicitó hace diez días que el juez Villena deje sin efecto la medida cautelar contra sus defendios y retorne sus pasaportes. “No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable”, argumentó.
Tanto la fiscal Cecilia Incardona como miembros de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se manifestaron en contra del planteo del abogado, recordando que aún no están completas todas las pruebas y que los tripulantes del avión no brindaron sus domicilios de residencia.
De las pruebas de la causa, todavía resta analizar los comunicados que emitieron los gobierno de Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Además, no se completó el análisis de los aparatos secuestrados en el hotel de Buenos Aires donde se alojó la tripulación: ya se peritaron 72 dispositivos, entre celulares, notebooks y computadoras de escritorios. La traducción del farsi al español dificulta las tareas.
Gholamreza Ghasemi
El piloto del avión continúa siendo el más comprometido en la investigación. Un informe del FBI lo señala como miembro de las Fuerzas Quds, el brazo armado de la Guardia Revolucionaria Iraní, y con la organización terrorista Hezbollah. “Las Fuerzas Quds han tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa, en el Líbano, y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, señala el informe del juez.
La cuestión central que complica a Gholamreza Ghasemi radica en que, junto a Abdolbaset Mohammadi, realizaron al menos siete vuelos a Damasco, la capital de Siria. Para el gobierno de Estados Unidos, dichos vuelos tenían como objetivo el contrabando de armas desde Irán.
También hay pruebas concretas contra tres de los venezolanos que formaban parte de la tripulación. Según el fallo, Víctor Pérez Gómez y Mario Arraga Urdaneta son responsables de urdir un plan para cobrar el dinero de los traslados a través de cuentas bancarias radicadas en Panamá y Singapur. Pérez Gómez escribió una nota para Samir Maklad, quien “se trataría de una persona que podría estar vinculada a Hezbollah. De acuerdo a fuentes abiertas, la familia Maklad podría ser dueña del Aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela”.
“Si bien se tratan de meros indicios, entiendo que deben profundizarse. No sólo la veracidad o no de los documentos hallados sino también el grado de relación comercial que podría existir entre el aquí imputado y el grupo de ciudadanos venezolanos-libaneses destacados y la organización terrorista Hezbollah”, apuntó el juez.
José Gregorio García Contreras, el tercer venezolano implicado, trabaja como mecánico y tenía mensajes sospechosos en su teléfono móvil.
El avión de Emtrasur
En mayo de este año, la empresa automotriz SAS contrató a la compañía de logística Fracht para trasladar partes de automóvil desde México a Argentina. Después de cotizar el vuelo con tres brokers internacionales, decidieron firmar un contrato con Aerocharter México.
La empresa mexicana y la suiza Fracht acordaron que el costo del viaje ascendía a 885 mil dólares que se pagaron por adelantado. Pero el vuelo se demoró tanto en la salida de Caracas como en la primera escala en México, donde aguardaban los insumos. Esto encareció el traslado.
Tampoco está claro por qué la empresa española Alcux Air Spain firmó un contrato con Emtrasur por 600 mil dólares. Los 285 mil dólares que faltan serían comisiones irregulares que la Justicia está investigando.
Tanto Venezuela como Irán no permiten la extradición de sus ciudadanos. Villena expresó que será dificil que los sospechosos evadan a la Justicia durante mucho tiempo, ya que todos ellos se dedican a la aviación civil, y por lo tanto, los viajes internacionales son frecuentes.
“Esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad. Ello, en el caso, claro está, que, en un futuro, el devenir de la investigación (fundamentalmente el resultado de los exhortos pendientes) modifique abruptamente su situación”, detalló.
Por ahora, el avión venezolano-iraní continuará en el aeropuerto de Ezeiza. Pese a los documentos aportados por los sospechosos, persisten serias dudas sobre la titularidad real de la aeronave. La Justicia deberá determinar su situación en un otro informe.
