Pese al recrudecimiento del conflicto aeronáutico, que derivó en la desregulación del sistema de rampas, las posiciones sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas no variaron en el Congreso y la ley sigue estancada. El oficialismo no tuvo acercamientos con los bloques que impulsan una propuesta alternativa y el consenso social que dice tener la Casa Rosada para que el Estado se desprenda de la compañía no se refleja en votos.
La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en comisiones el pasado 29 de octubre con apoyo del PRO y la UCR de Rodrigo De Loredo, pero los bloques Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, y Democracia para Siempre, de los radicales díscolos, presentaron una propuesta propia de privatización parcial con control estatal, y no se muestran dispuestos a ceder. Sin esos apoyos, el oficialismo corre riesgo de fracasar en el recinto.
Desde que se realizó el plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto, el Gobierno no tomó contacto con los firmantes del despacho de minoría para destrabar votos y, aunque Martín Menem tenía intenciones de citar a una sesión para la semana que viene con ese y otros proyectos pendientes, la convocatoria se posterga.
El oficialismo y aliados firmaron un dictamen que autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar en la privatización total, sin fijar condiciones ni exigencias. No obstante, el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) confesó en el debate que, en conversaciones privadas, los funcionarios les aseguraron que la intención es, directamente, “liquidar la compañía”.
“No tuvieron el coraje los funcionarios de decir en esta comisión lo que sí nos comunicaron, telefónica o personalmente, para tratar de destrabar este tema. Acá hay una decisión tomada, nos fue comunicada, de liquidar la compañía”, reveló Massot en relación a un encuentro a puertas cerradas que habían mantenido con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
Massot es promotor de un esquema mixto similar al de YPF, donde el Estado retenga el control de la empresa. Además, su dictamen exige la autorización del Congreso si el Gobierno quiere vender o liquidar totalmente los activos de la compañía, o decidir el cierre de operación. Esa propuesta reúne casi 30 votos en el recinto, contando al “lilito” Maximiliano Ferraro, que también adhirió.
A eso se suma que el bloque Innovación Federal, que tiene 8 miembros con representación de gobernadores, también se inclinaría en contra de la privatización total. Y Unión por la Patria y la izquierda, que juntan 103 diputados, quieren mantener la empresa sin cambios. Todo ese conglomerado crítico suma más de 129 voluntades.
Aún así, el Gobierno se muestra decidido a ir a fondo. “Vamos a ir por la privatización, y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará”, dijo Mogetta a radio Mitre, y también confirmó que intentarán vender Intercargo, que a diferencia de Aerolíneas figura en el listado de empresas privatizables de la Ley Bases.
Por su parte, el diputado Hernán Lombardi, autor de uno de los proyectos de privatización, alentó a la oposición a acompañar. “Si apelamos a la coherencia de los diputados nacionales, que votaron hace cinco meses la privatización de Aerolíneas (dentro de la Ley Bases), ahora tienen que votarla de nuevo. Y si a eso agregamos el mal humor social que genera el chantaje de los Biró de la vida, estaríamos con más votos todavía”, dijo a La Nación+.
Pero el oficialismo todavía no se arriesga a llevar el tema al recinto y es la oposición la que dominará la agenda de la semana próxima con la reforma a la ley de DNU y el rechazo al decreto sobre canje de deuda, dos temas que se tratarán el próximo martes. El Gobierno ahora concentra sus esfuerzos en bloquear esa ofensiva y crecen las presiones sobre los gobernadores, bajo amenaza de cancelar las negociaciones por el Presupuesto.
