En medio de la disputa del Gobierno nacional con los gobernadores, y con base en el análisis de casos anteriores, una investigación concluye que estas recurrentes “peleas” entre la Casa Rosada y los distintos distritos subnacionales terminan con una mayor presión impositiva para la población.
En efecto, el estudio, llevado adelante por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) dice que esta clase de conflictos en Argentina terminan en subas de carga tributaria, concretamente del impuesto a los ingresos brutos.
Como ejemplo, el Iaraf analizó el conflicto (aún no resuelto) entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que comenzó con una quita de coparticipación y derivó en un aumento de ingresos brutos en el distrito que gobernaba Horacio Rodríguez Larreta y, ahora, Jorge Macri.
Los datos del instituto que preside el economista Nadin Argañaraz evidencian que, luego de la reducción de la coparticipación por parte del Gobierno nacional (con Alberto Fernández entonces en la Casa Rosada), Caba aumentó su presión tributaria efectiva de ingresos brutos de manera significativa. El cálculo se hizo entre 2019 y 2023 y respecto del grupo de provincias formado por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
De acuerdo con el estudio, la presión tributaria efectiva de Caba aumentó 0,38 puntos porcentuales del PIB, mientras que la del grupo comparativo lo hizo solamente en 0,1 puntos. El motivo principal que explica la diferencia habría sido el gravamen a las Leliqs que dispuso Rodríguez Larreta, que tuvieron un gran aumento en el 2023
Como resultado neto final del descenso de envíos nacionales y suba de presión tributaria de ingresos brutos, Caba en 2023 habría recuperado los ingresos perdidos por la baja en la coparticipación y obtenido ingresos extras por $ 77 mil millones constantes de diciembre de 2023.
Es decir, se produjo una suba de la presión tributaria respecto del año previo al gravar con ingresos brutos a los intereses de los pasivos monetarios, brindado a ese distrito más recursos que los perdidos con los cambios de la coparticipación.
Antecedentes
Hay que recordar que a fines del 2020, la Caba tuvo un cambio del coeficiente primario de distribución de recursos nacionales que, en efecto, fue una baja desde el 3,5% al 1,4%. Primero, mediante un decreto del Ejecutivo nacional, se le redujo en 1,18 puntos porcentuales su participación.
Luego, mediante la Ley 27.606, se introdujo una nueva modificación, retrayendo el coeficiente en 0,92 puntos hasta el 1,4%, y asignando a la jurisdicción un monto fijo con actualización trimestral por inflación a otorgar como transferencia no automática.
Esto generó una disputa judicial entre Nación y Caba, la cual hasta el momento tiene una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia que ordena el envío del 2,95% de fondos coparticipables.
El gobierno de la ciudad tomó en su momento dos medidas para contrarrestar la pérdida de ingresos.
Por una parte, implementó el impuesto de sellos al resumen de tarjetas de crédito con una alícuota del 1,2%. Este tributo fue derogado a principios del año 2023 y no fue parte del análisis del Iaraf análisis.
Además, aplicó la extensión de la imposición de ingresos brutos al cobro de intereses de los bancos por la tenencia de Leliqs y pases bancarios, el cual sigue vigente.
Presión tributaria
El análisis del Iaraf permite afirmar que un conflicto entre Nación y Caba por recursos fiscales terminó en un aumento de presión tributaria del segundo impuesto más distorsivo que tiene la estructura tributaria argentina, más allá de estar oculto en el precio de bienes y servicios.
De hecho, en el 2023, “Caba habría ganado plata con los cambios”, dice el estudio, advirtiendo que no se dispone de información precisa para calcular con detalle la recaudación extra de ingresos brutos, pero se considera que la metodología usada fue la apropiada.
“Desde el punto de vista del sector privado, los conflictos entre Nación y provincias se han terminado resolviendo con suba de carga tributaria, que luego no baja a los niveles previos”, apunta la investigación.
Según el Iaraf, el llamado “pacto de mayo” es una “oportunidad” para que “los gobernantes discutan y promuevan un sistema de coparticipación de impuestos simple, clara y previsible”, porque “la evidencia argentina demuestra que la carga tributaria no ha sido indiferente a las pujas por los recursos nacionales”.
