En medio de la preocupación por los ataques a comercios en Córdoba y por la zozobra social que esto genera, este martes por la tarde, el ministro de Gobierno y Seguridad provincial, Julián López, recibió un llamado de su par nacional, Aníbal Fernández, quien se puso a disposición para afrontar los “hechos vandálicos”, como los calificó este martes el gobernador Juan Schiaretti.
En el Centro Cívico admiten por lo bajo que el llamado de la Nación “fue tardío”, pero reconocen que al menos ahora están en contacto y con una estrategia de “cooperación” que se podría materializar en las próximas horas.
Ante estos ataques a comercios que se produjeron en cinco provincias, el Gobierno nacional planea crear una unidad de gestión que en primer término involucraría a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), pero a la que se podrán sumar las provincias que lo requieran.
Fue el primer paso que dio la Nación cuando los robos a comercios se comenzaron a producir desde el sábado pasado.
Fuentes oficiales comentaron a La Voz que el gobernador Schiaretti se molestó cuando el lunes por la tarde le informaron que el presidente Alberto Fernández y el ministro Aníbal Fernández habían llamado a una de las víctimas de un robo en Río Cuarto, pero hasta ese momento no se había producido ningún contacto formal con el Gobierno provincial para ni siquiera informarse de la situación.
El malestar en la Provincia se morigeró con el llamado del ministro Aníbal Fernández, quien se mostró predispuesto a enviar fuerzas federales si la Provincia lo requiere.
Fuentes oficiales dijeron que, por el momento, la Provincia no pedirá el apoyo de fuerzas federales, pero remarcaron que, de ser necesario, lo harán.
El llamado del ministro de Seguridad nacional es una señal de trabajo en “cooperación” entre la Provincia y la Nación que hasta este martes por la tarde no se había producido.
Desde el Centro Cívico siguen la situación con preocupación, pero hacen una distinción entre saqueos vinculados al agravamiento de la situación social y estos ataques, a los que califican de “hechos vandálicos”.
El gobernador Schiaretti trató de desdramatizar la situación y encuadró estos hechos como delitos comunes.
Al recorrer este martes al mediodía las zonas afectadas por los incendios en el departamento Calamuchita, no utilizó la palabra “saqueos”; en cambio, habló de “hechos vandálicos”.
Ante la consulta de si veía motivación política detrás de estos ataques a comercios, que se iniciaron en Río Cuarto y luego se trasladaron a la ciudad de Córdoba, el mandatario provincial aseguró que es una cuestión que investiga la Justicia.
“Estamos todos trabajando para evitar estos hechos. La Justicia está actuando, y nos permite actuar con rapidez para neutralizar estos hechos vandálicos que se están repitiendo también en otras provincias argentinas”, expresó el mandatario, quien agregó: “Son grupos fundamentalmente de adolescentes los que están produciendo estos hechos vandálicos. Estos hechos que son claramente delitos”.
El móvil político
Más allá de la calificación del gobernador de “delitos” para diferenciarlos de los saqueos de otras épocas dramáticas en el país, las convocatorias masivas a través de las redes sociales para producir estos ataques marcan que hay alguien detrás.
Fuentes oficiales remarcan en privado que, pese a la gran cantidad de detenidos en Río Cuarto y en la ciudad de Córdoba, aún no han encontrado un vínculo con alguna organización social o política.
La detención de una mujer en Río Cuarto (Araceli Ayelén Lecitra), acusada de crear uno de los grupos de WhatsApp que convocaban a ir a robar a los comercios, hasta anoche no tenía vínculos con ninguna organización.
“Más allá de que son delitos comunales, está claro que hay una intención de generar caos y temor, y no sólo en Córdoba, pero con la misma modalidad. Pareciera que alguien está detrás, pero aún no pudimos determinar de quién se trata”, dijeron desde el Centro Cívico.
El fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, avaló esta lectura que hacen en el Gobierno provincial, pero también admitió que hasta ahora la Justicia no pudo determinar quién o quiénes son los instigadores.
Funcionarios provinciales se reunieron este martes con las cámaras de comercio y empresarios de Córdoba tratando de llevar tranquilidad sobre esta situación, con la Policía en alerta máxima.
