El Gobierno nacional oficializó el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), estableciendo un nuevo valor de 317.800 pesos a partir del 1° de julio.
Esta decisión, publicada en la resolución 5/2025 del Boletín Oficial, formó parte de un cronograma de aumentos progresivos iniciado anteriormente, en un contexto en el que no se logró acuerdo en el Consejo del Salario entre los actores empresariales, sindicales y el Ejecutivo.
La normativa vigente estableció un mecanismo de actualización escalonada, con incrementos distribuidos en cinco tramos que comenzaron en abril y concluirán en agosto de 2025. Según el esquema oficial, el salario mínimo arribará a $ 322.000 en ese mes, completando así el ciclo de subas estipuladas.
Este monto representa el nuevo piso legal para los trabajadores con sueldos más bajos dentro del sector formal, aunque también arrastra efectos sobre un amplio abanico de políticas públicas, prestaciones sociales y parámetros previsionales, publicó Infobae.
En el proceso de fijación del nuevo SMVM, las partes requirieron varias instancias de negociación, pero la falta de consenso predominó en las mesas de trabajo dentro del Consejo del Salario.
De este modo, la autoridad gubernamental instrumentó el aumento a través de un decreto, siguiendo el cronograma pautado en mayo. La decisión generó atención porque, más allá del monto nominal definido, la evolución del salario mínimo impacta en la vida económica y social de millones de personas.
Entre los efectos inmediatos, el ajuste repercutió en los haberes de los jubilados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).
Según la legislación vigente, quienes se jubilaron sin recurrir a moratorias reciben un haber equivalente al 82% del salario mínimo. No obstante, este mecanismo solo activa un pago adicional cuando el salario mínimo supera el haber jubilatorio mínimo vigente, hecho que no se dio con los valores actuales.
El ajuste del salario mínimo también influyó en la prestación por desempleo. Este beneficio se calcula en base a la mejor remuneración neta de los últimos seis meses laborales y toma como tope un rango fijado entre el 50% y el 100% del SMVM.
El monto de la prestación se modificó automáticamente ante cada aumento del piso salarial, permitiendo un reajuste directo para quienes transitaban situaciones de desempleo formalmente reconocidas y cumplían con los requisitos legales.
A esto se sumó el impacto del nuevo salario mínimo sobre las Becas Progresar, orientadas a jóvenes en formación. El acceso a estas becas depende de un umbral de ingreso familiar, establecido en tres veces el SMVM, de modo que la actualización rediseñó el universo potencial de beneficiarios. Cada cambio en el monto del salario mínimo obliga a recalcular automáticamente los derechos y límites para quienes pretenden postularse o renovar su condición dentro de este programa.
Las asignaciones familiares y otros planes sociales también tomaron como referencia el salario mínimo para la definición de sus propios valores y criterios de acceso. Por ejemplo, las condiciones para recibir determinadas ayudas sociales incluyeron, como parámetro excluyente, no superar cierto múltiplo del SMVM como ingreso familiar. La modificación a partir de julio redefinió los valores de corte y provocó un ajuste en el grupo de destinatarios elegibles.
Dentro del ámbito laboral, el salario mínimo funcionó como referencia indiscutida en el piso de negociación salarial, especialmente para sectores de trabajadores no registrados, empleos informales o gremios con menor capacidad de negociación.
